Gobierno de De la Espriella reveló presuntas irregularidades en la reforma agraria de Petro: “Promovió una ocupación de tierras sin garantías”

El presidente Abelardo de la Espriella entregó a la Fiscalía General de la Nación el Libro de la Verdad, que, según precisó, es una “radiografía técnica y jurídica” que expone presuntas irregularidades que se habrían presentado en distintos ministerios y entidades del Estado durante el gobierno del exmandatario Gustavo Petro.

El jefe de Estado aseguró que el documento presenta evidencias de posibles anomalías en el manejo de los recursos públicos y otros hechos que podrían ser investigados penalmente. Por eso, instó al ente acusador a revisar la información compilada en el texto y a adelantar las indagaciones que considere pertinentes.

“Si la evidencia demuestra la comisión de delitos o faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal, el pueblo espera que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados conforme a la ley. Que quede muy claro, no le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada. Le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió. Hoy dejo en sus manos estos hallazgos”, precisó Abelardo de la Espriella en una rueda de prensa.

Una de las secciones que tiene el libro es la de “Opacidad y distorsión de la información pública”. En ella se menciona el caso de “Agricultura y Desarrollo Rural”, el cual está relacionado con la reforma agraria de la administración Petro, que fue una de las banderas políticas del Gobierno del expresidente.

De acuerdo con los hallazgos de la administración actual, hubo “una operación de maquillaje estadístico” alrededor de la implementación y los resultados de la reforma. Pues, a través del Fondo de Tierras se entregaron 351.463 hectáreas a la población campesina, pero, según la evaluación de las cifras que hizo el Gobierno de De la Espriella, solo 98.148 cuentan con registro pleno ante Instrumentos Públicos, lo que equivale a un 7% de la meta establecida para el cuatrienio 2022-2026.

Además, otras 206.273 hectáreas de tierra se habrían entregado de manera provisional al campesinado. “Son campesinos que hoy creen tener tierra propia, pero que en realidad no tienen un título que los respalde legalmente”, se lee en el documento.

Por otro lado, según informó la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pagó $979.003 millones por 537 predios que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero, a corte del 22 de junio de 2026, solo tres de la totalidad de los terrenos tenían escritura registrada a favor de la Nación .

De acuerdo con el Gobierno de De la Espriella, eso quiere decir que el Estado pagó casi la totalidad del dinero por cientos de predios, pero no logró consolidar la propiedad de prácticamente ninguno de ellos. En ese sentido, las cifras que la administración Petro presentó como un resultado positivo de la Reforma Agraria “no están respaldadas por la titularidad real de la tierra”.

En consecuencia, en el texto se indica que la aparente falta de transparencia en el proceso de entrega de tierras y en la rendición de cuentas afecta directamente a la población campesina, teniendo en cuenta que muchos beneficiarios todavía no cuentan con un título registrado, lo que quiere decir que esas tierras no pueden ser vendidas, heredadas ni utilizadas como respaldo de crédito, además de que quedan expuestas al despojo por parte de terceros.

“En la práctica, el Gobierno anterior promovió una ocupación de tierras sin garantías legales y la presentó como una conquista social. Y el manejo de casi un billón de pesos en predios sin registrar no solo representa un riesgo de pérdida de recursos públicos, sino que abre la puerta a litigios de terceros y a posibles hechos de corrupción que el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar”, añadió.