La Fuerza Naval del Caribe informó que unidades de la Armada de Colombia interceptaron una embarcación de bandera venezolana cerca de la línea de costa en el departamento de La Guajira.
Al inspeccionar la motonave, los uniformados hallaron 2.500 cajas de cigarrillos de origen extranjero, equivalentes a 1.250.000 cajetillas de diferentes marcas. El avalúo preliminar de la carga se estimó en $16.250 millones de pesos, mientras que la valoración definitiva quedará a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Durante el procedimiento, fueron capturadas nueve personas: tres de nacionalidad colombiana y seis venezolanas. Los detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para ser judicializados por el presunto delito de contrabando.
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Coordinación interinstitucional y alcance de la operación
La acción fue ejecutada en coordinación entre la Armada de Colombia, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Ejército Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) y la Dian. El capitán de Navío Nicolás Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, destacó la articulación entre las instituciones y explicó que la operación “permitió la incautación de una importante cantidad de mercancía de procedencia extranjera, presuntamente destinada a actividades de contrabando”.
El comandante Guzmán añadió que este resultado “constituye uno de los golpes más importantes registrados en los últimos años contra el contrabando de cigarrillos mediante rutas marítimas en el Caribe colombiano y representa una significativa afectación a las economías ilícitas asociadas a grupos narcoterroristas”.
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La operación, según el oficial, evidencia la relevancia de la coordinación interinstitucional para fortalecer el control en los espacios marítimos del país.
Impacto del contrabando en la región y vínculos con estructuras criminales
De acuerdo con la Armada de Colombia, el contrabando de cigarrillos a gran escala suele estar vinculado a dinámicas de crimen organizado en el Caribe, donde múltiples grupos buscan financiar sus actividades ilícitas.
El capitán Guzmán subrayó que “el contrabando puede estar relacionado con otras dinámicas criminales”, ya que representa una fuente de ingresos para estructuras que buscan “fortalecer sus capacidades delictivas y emplear diferentes modalidades para evadir el control de las autoridades”.
Las autoridades resaltaron que el combate al contrabando no solo responde a la defensa de la economía formal, sino que tiene un impacto directo en la seguridad nacional, debido a la utilización de recursos ilícitos para la financiación de actividades de grupos armados ilegales.
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Compromiso estatal con el control marítimo y la seguridad
La autoridad militar reiteró su compromiso de mantener operaciones de vigilancia, control e interdicción marítima. La institución precisó que “continuará desarrollando acciones en el Caribe colombiano con el propósito de proteger la soberanía nacional, salvaguardar los intereses económicos del país y contribuir a la seguridad de todos los colombianos”.
Las autoridades enfatizaron que la acción coordinada entre entidades estatales y aliadas internacionales, como la HSI de los Estados Unidos, fortalece la capacidad del Estado para enfrentar las redes de contrabando que operan en la región, así como para limitar las fuentes de financiación de grupos narcoterroristas.
Contexto operativo y judicialización
Este operativo, según las autoridades, se inserta en una estrategia más amplia de combate a las economías ilegales en el Caribe, con la colaboración de organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Dirección General Marítima. Las personas capturadas serán procesadas ante las autoridades judiciales competentes, bajo cargos relacionados con el delito de contrabando.
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La incautación de la motonave y la mercancía representa, según la institución naval un avance en la lucha contra las redes delictivas que afectan al comercio legal y a la seguridad en el norte del país.
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