
Colombia está lejos de mitigar los efectos de sus desastres naturales, advirtió el meteorólogo Max Henríquez, al sostener que el deterioro institucional y la pérdida de capacidades técnicas han debilitado un sistema que nació tras la erupción del Nevado del Ruiz de 1985, una tragedia que dejó 25 mil muertos.
“En Colombia adolecemos de gestión del riesgo, porque no hay voluntad ni dinero para acometer esa tarea tan gigante de reducir vulnerabilidad”, expresó Henríquez en declaraciones a Semana.
Henríquez situó el problema en la frecuencia y el tipo de emergencias que golpean al país. Según su análisis, el 96,4% de los eventos extremos en Colombia tiene origen en las lluvias y en la alta vulnerabilidad de poblaciones asentadas en zonas expuestas, mientras cada año se registran más de 600 episodios asociados con el clima.
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El eje central de su análisis es contundente: afirmó que la causa principal de los desastres no radica en la fuerza de la naturaleza, sino en la constante exposición en la que habitan millones de personas.

Esa vulnerabilidad se expresa, señaló, en viviendas levantadas junto a corrientes de agua, sobre todo en la región andina, donde fluyen casi 900.000 ríos, riachuelos y quebradas que en temporada de lluvias arrastran casas y ranchos.
Su crítica más dura apuntó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La describió como una entidad “pomposa e inútil” que, en su opinión, poco ha podido hacer frente a las inundaciones en La Mojana y en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú, Bogotá y Chicamocha, ni frente a la destrucción y las muertes que dejan los terremotos.
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Henríquez diferenció además entre los dos grandes tipos de amenaza. Los terremotos, indicó, son los fenómenos naturales que más vidas y bienes destruyen en Colombia, aunque ocurren con menos frecuencia; los eventos hidrometeorológicos, en cambio, son cotidianos y causan el mayor sufrimiento a miles de familias que viven cerca de las riberas.
Para responder a qué significa hoy esa fragilidad institucional, el meteorólogo enumeró las amenazas que enfrenta Colombia: crecientes y desbordamientos de ríos, deslizamientos, avalanchas, tornados, huracanes, marejadas, tsunamis, erupciones volcánicas, terremotos, sequías e incendios forestales.

En el caso de La Mojana, planteó que la solución no pasa por tapar los puntos por donde entra el agua a las ciénagas, sino por trasladar a los habitantes hacia zonas no inundables. Añadió que esas tierras pueden seguir siendo cultivadas, pero sin asentamientos humanos, y extendió ese criterio a las riberas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, donde las mismas comunidades quedan damnificadas cada año.
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Henríquez sostuvo que la pérdida de capacidades de entidades como el Ideam e Ingeominas agrava ese escenario. Su conclusión fue tajante: “Es triste decirlo, pero se está muriendo el sistema nacional de prevención y atención de desastres o ‘de gestión del riesgo’, en un país donde se presentan todo tipo de desastres”.
El meteorólogo reforzó su argumento con antecedentes concretos. Recordó dos tsunamis devastadores en Tumaco y otras poblaciones del Pacífico, en 1906 y 1979, además de los terremotos de Popayán, el Eje Cafetero, Neiva y Bogotá, y señaló que la erupción del Ruiz fue la tragedia más dura entre los eventos de ese tipo.
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También mencionó las marejadas y lluvias vinculadas al acercamiento de frentes fríos por el Caribe, con efectos graves como los de este año en Urrá y Córdoba, y los de Tumaco en enero de 1983. A eso sumó los tornados en Barranquilla, que describió como cada vez más frecuentes a mitad de año, y registros de menor intensidad en Tunja, Pasto y Bogotá.
Sobre los ciclones, precisó que de casi 650 sistemas formados en los últimos 60 años, unos 25 pasaron sobre las islas colombianas o cerca de La Guajira, el 4% del total. Aunque dijo que no se trata de una gran amenaza en términos de frecuencia, subrayó que un solo huracán, Iota en 2020, destruyó el 90 % de la infraestructura de Providencia.
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Max Henríquez planteó un reajuste institucional del Estado con una nueva entidad: el Instituto Nacional de Alertas, o Inale. Según explicó, allí deberían integrarse la Meteorología e Hidrología del Ideam, la red sismológica de Ingeominas, los centros vulcanológicos y el centro de alertas por tsunamis y fenómenos meteomarinos.
La propuesta busca, según su planteo, reunir en un solo sitio todos los sistemas de alerta para evitar la dispersión presupuestaria y organizativa. El objetivo sería asegurar, en la medida de lo posible, la emisión oportuna de informes, reportes, avisos y alertas a la población.
“Es una necesidad del país juntar todas estas alertas en un solo sitio para no estar quejándonos de la reducción del presupuesto para atender y mantener las redes de toma de datos en institutos mal organizados desde la Constitución del 91 y para asegurar, en la medida de lo posible, la emisión oportuna de informes, reportes, avisos y alertas a la población”, añadió el experto.
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En su repaso final, el meteorólogo agregó que los fenómenos de El Niño y La Niña hacen retroceder el desarrollo del país cada vez que aparecen. Señaló que afectan de manera grave la economía agropecuaria, la producción hidroeléctrica, el suministro de agua y favorecen incendios forestales en distintas regiones.
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