Extraño desalojo en el Ministerio de Agricultura por ‘agentes de negro’, denunciaron funcionarios: desapareció publicidad de la reforma agraria

En medio de la confusión por cuenta del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a gran parte del país, en la mañana del martes 18 de agosto se conoció una nueva denuncia de un presunto movimiento sospechoso que se había dado al interior del Ministerio de Agricultura.

Funcionarios y contratistas adscritos a la cartera denunciaron recientemente que una inspección de seguridad la sede en Bogotá terminó con el desalojo durante varias horas de los pisos séptimo y octavo de la entidad el 11 de agosto, tras el ingreso de seis personas vestidas de negro.

Ese día, hacia las 2:00 p. m., los desconocidos entraron a la sede del ministerio en la ciudadela San Martín, en el centro internacional de la capital, para una supuesta inspección en dos pisos de la entidad. Después de su ingreso, personal de seguridad desalojó a trabajadores por al menos dos horas por una orden verbal atribuida al ministro Indalecio Dangond mientras la explicación oficial posterior señaló que se trató de una revisión de funcionamiento y seguridad.

Testigos relataron a la revista Cambio que el grupo llegó con ropa negra, algunos con pantalón caqui, maletas oscuras y morrales grandes. También dijeron que varias maletas rígidas tenían sellos de Avianca que advertían sobre el transporte de elementos frágiles.

Tras el ingreso, personal de seguridad del edificio pidió a funcionarios y contratistas que salieran de los pisos séptimo y octavo. Una delegada de la Oficina de Talento Humano les transmitió el mensaje: “Por favor váyanse, esta es una orden del ministro, pueden regresar dentro de dos horas”.

Sin embargo, cuando una funcionaria pidió una explicación, la misma delegada habría respondido que la orden no contaba con un sustento escrito, sino que se trataba de una orden verbal del jefe de la cartera, Indalecio Dangond. De acuerdo con trabajadores presentes, también advirtió que el procedimiento era “confidencial” y que el grupo estaba facultado para practicar una “inspección de seguridad”.

“Se trató de seis personas con una postura corporal y vestimenta parecida a la de las fuerzas militares. Llevaban maletas que, podríamos entender, son especiales para cargar artefactos electrónicos”, señaló uno de los contratistas consultados por la revista Cambio.

En esos pisos están, entre otras dependencias, las oficinas del viceministro de Desarrollo Rural José Leonidas Tobón y varias direcciones del ministerio. Los trabajadores descartaron que se tratara de una evacuación ligada a las réplicas del terremoto del día anterior, que también se sintieron en la capital.

Las dudas y denuncias internas tras el desalojo

Parte de la inquietud se centró en las maletas y en la falta de información sobre el objetivo del procedimiento. La Asociación Sindical Agropecuaria del Orden Nacional (Asadon) afirmó que entre quienes participaron hubo dos personas que se presentaron con “rango de sargento”. El sindicato añadió que a los trabajadores les pidieron dejar los computadores como estaban antes de retirarse.

Asadon pidió a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá que esclarezcan lo ocurrido. También sostuvo que una situación similar se habría presentado en otros pisos en días anteriores.

Entretanto, trabajadores y contratistas dijeron que el episodio dejó un ambiente de temor dentro de la entidad, especialmente por el temor a que los equipos pudieran ser intervenidos para ‘rastrear’ sus movimientos.

“El que sacaran a las personas, piso por piso, sin aviso o explicación alguna, ha sembrado un ambiente de terror. Hay miedo sobre el manejo de la información. Hay un ambiente de zozobra”, señaló una de las fuentes a la revista Cambio.

Otra contratista afirmó que “el ejercicio que se hizo fue tan incómodo e intimidante”. El hecho ocurrió en medio de la expectativa por la llegada de personal de confianza de la Presidencia de Abelardo de la Espriella y la posible salida de funcionarios y contratistas del gobierno de Gustavo Petro.

Además, el 14 de agosto, decenas de contratistas recibieron correos en los que se les informó que, desde la semana siguiente, trabajarían desde casa y solo regresarían al ministerio si eran requeridos. Algunos quedaron a la espera de instrucciones sobre sus labores.

Un día antes del desalojo, Dangond firmó una circular que concentró bajo su autorización varias funciones dentro de la cartera. Entre ellas figuran la suscripción de contratos y decisiones institucionales relacionadas con gremios o juntas directivas en las que participa el ministerio.

También se ordenó a toda la planta de personal devolver los equipos de cómputo. A la vez, se informó que no podrían usar el baño ni la cafetería del piso 12, donde está el despacho del ministro.

Al día siguiente del ingreso del grupo retiraron afiches y símbolos que varios trabajadores tenían en sus puestos. “Todos los elementos alusivos a la reforma agraria, a Palestina o banderas asociadas a la comunidad Lgbtiq+ fueron retirados”, señaló un contratista a la revista.

La explicación del ministro y las preguntas que siguen abiertas

Ante consultas sobre el episodio, Indalecio Dangond dio una respuesta escrita y breve. El ministro sostuvo que lo ocurrido fue una “visita” relacionada con la “verificación de las condiciones de funcionamiento y seguridad de las instalaciones de la entidad”.

Dangond agregó a Cambio que “las actuaciones adelantadas obedecieron exclusivamente a asuntos relacionados con la seguridad institucional y fueron realizadas bajo los protocolos correspondientes”. También afirmó que “no se vulneraron derechos fundamentales ni se presentó actuación alguna por fuera del ordenamiento jurídico”.

El ministro no explicó quiénes integraban el grupo que ingresó a las oficinas ni qué equipos utilizó. Tampoco precisó si actuaban como escoltas, policías, militares o personal de una empresa privada de seguridad.

Días después, anunció en un video que en su primera semana se practicó una auditoría en las entidades adscritas al ministerio y que halló hechos presuntamente delictivos. Según dijo, esos hallazgos serían remitidos a la Fiscalía y a otros organismos de control.

Empleados de carrera de la Rama Ejecutiva consultados sobre el caso coincidieron en que una operación de ese tipo no corresponde a los procedimientos habituales dentro de la función pública.