La muerte de Ferney Pacho, reconocido guardia y líder indígena del territorio Çxhab Wala Vitoncó en Páez, Cauca, se suma a la preocupante lista de asesinatos de defensores de derechos humanos ocurridos en lo que va del año en Colombia.
El crimen se registró el 16 de agosto de 2026, cuando Ferney Pacho fue retenido junto con otro joven por un grupo armado en esta zona rural. Posteriormente, el líder indígena perdió la vida bajo custodia de los responsables, mientras que la otra persona permanece secuestrada.
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Las circunstancias específicas del asesinato y la identidad de los autores aún están en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el riesgo de reclutamiento forzado, uso y explotación de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Páez, principalmente por parte del Estado Mayor Central, estructura a la que pertenece el Frente Dagoberto Ramos. Mediante la alerta AT 015/24, la entidad señaló que la población local enfrenta un entorno de vulnerabilidad acentuada y amenazas diferenciadas para comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
En el norte del Cauca confluyen distintas organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN, el Frente Dagoberto Ramos del EMC, el Frente 57 Yair Bermúdez de la Cneb y bandas de carácter local. La presencia de estos grupos genera un escenario de alto riesgo para líderes sociales y defensores comunitarios, como lo evidencian los hechos recientes.
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“La situación en Páez refleja la presión constante que enfrentan las comunidades frente a amenazas armadas y secuestros”, señalaron desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
La jurisdicción en la zona corresponde a la Tercera División del Ejército colombiano, encargada de las operaciones de seguridad en el sector.
Con el asesinato de Ferney Pacho, ya son 90 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026, cifra que subraya la persistente crisis de seguridad que afecta al suroccidente del país y el reto pendiente para la protección de los liderazgos sociales.
Violencia contra funcionarios del Inpec cobró la vida de Wilber Ferney Martínez Sana en Itagüí, Antioquia
El asesinato de Wilber Ferney Martínez Sana, líder sindical y guardia del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad La Paz en Itagüí, Antioquia, marca otro episodio de violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia en el presente año.
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El crimen ocurrió la mañana del 13 de agosto de 2026, cuando Martínez Sana fue interceptado por hombres armados cerca de su lugar de trabajo, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte, según información divulgada por Indepaz.
La víctima era directivo de la Unión Sindical de Trabajadores Penitenciarios y representaba a funcionarios del sistema penitenciario en la región. Las autoridades lograron la captura de los presuntos atacantes poco después del hecho, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles y determinar las responsabilidades.
“Los presuntos responsables fueron capturados y las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos”, informaron desde Indepaz.
Este homicidio se suma a una serie de acciones violentas contra empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), reportadas luego del traslado de varios internos a otros centros penitenciarios del país.
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Según versiones preliminares, estos ataques habrían sido ejecutados como represalia por los recientes movimientos de reclusos, un fenómeno que ha generado preocupación entre funcionarios penitenciarios en Antioquia y otras regiones.
Grupos armados de carácter local operan en la zona, lo que aumenta el riesgo para quienes trabajan en el sistema carcelario y sus organizaciones sindicales. La jurisdicción para operaciones de seguridad en la región corresponde a la Séptima División del Ejército colombiano, entidad encargada de apoyar la protección en estos contextos.
Con la muerte de Wilber Ferney Martínez Sana, la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 había ascendido a 89, situación que resaltaba la vulnerabilidad de quienes ejercen liderazgo en sectores estratégicos y la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para el personal penitenciario y sindical.
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