
Colombia enfrenta una doble emergencia nacional luego del devastador terremoto del lunes 10 de agosto de 2026 que ha dejado, según el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd), un saldo de 289 personas fallecidas y más de 40.000 familias afectadas. Mientras los esfuerzos de rescate y atención humanitaria se mantienen en las regiones más golpeadas, una nueva amenaza se cierne sobre el país: los incendios forestales.
El director de la Ungrd, David Santiago Tamayo, informó que en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 se registraron 36 incendios forestales activos y otros 45 ya habían sido liquidados por los equipos de emergencia.
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La magnitud del daño ambiental es significativa: 1.195 hectáreas han resultado afectadas, un territorio equivalente a unas diez veces la extensión del Parque Simón Bolívar en Bogotá.
Los departamentos de Tolima y Quindío, ambos impactados también por el sismo, concentran la mayor cantidad de focos, lo que agrava la situación de quienes ya enfrentaban pérdidas materiales y humanas.
El Ejército Nacional participa en las labores de atención de la emergencia en Tolima, con personal y capacidades desplegadas para apoyar a las comunidades afectadas por los incendios forestales - cr+edito Ejército Nacional
A través de un video difundido por la entidad, Tamayo explicó que, aunque la atención principal sigue centrada en la emergencia sísmica, los organismos de socorro no han descuidado la lucha contra los incendios.
“La prioridad sigue siendo el apoyo a las víctimas del terremoto, pero estamos actuando para controlar los focos activos y hemos logrado extinguir 45 de ellos”, precisó el funcionario.
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La situación podría intensificarse en las próximas horas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió en su más reciente boletín sobre la existencia de 339 municipios en alerta roja por riesgo de incendios de cobertura vegetal.
Esta notificación, vigente desde el 13 de agosto, exige la activación inmediata de los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias, ya que se considera una “probabilidad de amenaza inminente” con capacidad de generar efectos adversos sobre la población y el entorno.
Los departamentos más expuestos, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), son Cundinamarca (78 municipios en alerta roja), Tolima (46), Nariño (31), Cauca (30), Antioquia (23) y Norte de Santander (23). Tras lo anterior, las autoridades instaron a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones y a reportar oportunamente cualquier nuevo foco para evitar que la crisis se agrave.
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Mafe Carrascal exigió al Gobierno mayor acción frente a incendios y criticó respuestas ambientales
La representante a la Cámara Mafe Carrascal, integrante del Pacto Histórico, se pronunció en su cuenta de X ante la emergencia ambiental que atraviesa el país por los incendios forestales. En su mensaje, expresó su expectativa frente a la gestión oficial, manifestando: “Espero que el Gobierno se dedique a fondo a atender los múltiples incendios forestales que hoy golpean a Colombia”.
Carrascal también cuestionó la actitud del Ejecutivo frente a la crisis climática, señalando su preocupación por la respuesta institucional.
“Espero también, aunque confieso que tengo poca confianza, que una crisis como esta los obligue a abandonar de una vez su negacionismo climático irracional y su doctrina de austeridad extrema”, escribió la congresista.
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Las declaraciones de Carrascal apuntaron a la necesidad de un cambio de enfoque en la administración pública para afrontar emergencias ambientales de gran magnitud.

La representante también advirtió que el manejo actual afecta la capacidad estatal para anticipar y actuar ante desastres naturales. “Ambas cosas debilitan la capacidad del Estado para prevenir y responder a estas emergencias, le hacen un enorme daño a nuestras instituciones y no le traen ningún beneficio al pueblo colombiano”, afirmó en su publicación.
El pronunciamiento se produce en medio de una coyuntura crítica, con varios departamentos afectados por incendios forestales y miles de familias desplazadas o en riesgo por la expansión del fuego.
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El debate sobre el papel del gobierno y la adopción de políticas más decididas en materia ambiental cobra relevancia, mientras actores políticos insisten en la urgencia de fortalecer la gestión del riesgo y la inversión pública para enfrentar el impacto del cambio climático.
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