La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas las actuaciones relacionadas con hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de 1990, mientras avanza en la recopilación y valoración de declaraciones y elementos de prueba que hacen parte del expediente.
La diligencia está relacionada con las investigaciones sobre la posible vinculación del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, con el surgimiento de estructuras al margen de la ley y con hechos de violencia registrados en Ituango y municipios de la zona.
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El expediente incluye, entre otros antecedentes, la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997, en la que fueron asesinadas 17 personas por grupos paramilitares.
La Fiscalía General de la Nación reprogramó para el 4 de septiembre de 2026 la indagatoria del expresidente, diligencia que ya había sido aplazada en dos oportunidades. El proceso también contempla actuaciones relacionadas con la masacre de La Granja y otros hechos atribuidos a estructuras paramilitares en Antioquia.
Además, en las nuevas actuaciones aparece nuevamente el nombre de Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La fiscal Gloria Marcela Abadía lo citó para rendir declaración presencial el martes 18 de agosto de 2026 en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.
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Soto fue incluido en el listado de testigos que la Fiscalía busca incorporar al expediente sobre la masacre de El Aro. De acuerdo con información publicada por Semana, su declaración hace parte de los elementos que serán considerados dentro de las nuevas actuaciones.
La citación adquiere relevancia dentro del expediente porque Soto había denunciado anteriormente presuntas presiones de un fiscal para declarar contra Uribe Vélez. El exintegrante de las AUC señaló al fiscal Álvaro León Polo, quien para entonces se desempeñaba como fiscal 132 del grupo de compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional.
Según esa denuncia, le habrían solicitado entregar una declaración contra el expresidente a cambio de beneficios dentro de procesos judiciales que enfrenta desde hace más de dos décadas.
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El expediente también está relacionado con el homicidio de Francisco Villalba, exparamilitar que, mientras estaba con vida, señaló a Uribe Vélez por una supuesta participación en los hechos de El Aro. El caso reúne antecedentes, testimonios y elementos de prueba recopilados desde la época en que Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
La defensa prepara pruebas para la indagatoria
El equipo jurídico de Uribe Vélez, encabezado por el abogado Jaime Granados, adelanta solicitudes de pruebas con las que busca sustentar que el expresidente “no está relacionado con la masacre”.
Entre las actuaciones solicitadas por la defensa se encuentra el análisis del historial de Juan Guillermo Monsalve, señalado como uno de los principales testigos dentro del expediente. Los abogados solicitaron una copia del proceso que relaciona a Monsalve con las Autodefensas Unidas de Colombia.
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La defensa pretende establecer, con base en decisiones judiciales previas, que Monsalve fue “un delincuente secuestrador y no un exparamilitar”, argumento que hace parte de la estrategia para cuestionar la condición bajo la cual han sido valoradas algunas de sus declaraciones.
También se solicitó a la Policía Nacional información y antecedentes de los agentes que integraron el esquema de seguridad de Uribe Vélez durante su administración como gobernador de Antioquia. La defensa considera que esos uniformados podrían aportar información sobre los desplazamientos y actividades del entonces mandatario departamental.
Dentro del material probatorio también aparece la hacienda Guacharacas, mencionada en las actuaciones por otros hechos violentos registrados en la región. En particular, el expediente hace referencia a homicidios que habrían estado relacionados con el hurto de ganado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Asimismo, se incluyen investigaciones disciplinarias adelantadas contra integrantes de la Policía Nacional y del Ejército por hechos relacionados directa o indirectamente con el contexto de violencia en el que ocurrió la masacre de El Aro.
Con la reprogramación de la indagatoria, la Fiscalía continuará con las actuaciones orientadas a establecer las circunstancias relacionadas con los hechos investigados y la eventual responsabilidad que pueda corresponder a las personas vinculadas al expediente.
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