
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, declaró insubsistente a Óscar Javier Torres y designó a Ricardo Ayerbe Pino como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), según el Decreto 1198 del 12 de agosto de 2026.
La decisión implica la salida de Torres, quien había estado al frente de la entidad desde el 4 de marzo de 2025.
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El nombramiento de Ayerbe Pino se oficializó luego de que, durante los días previos, el funcionario mantuviera reuniones en la sede de la ANI con el presidente saliente y los equipos internos.

La entidad informó que el nuevo director de la ANI asume el reto de garantizar la continuidad de los proyectos concesionados y de impulsar nuevas iniciativas de infraestructura que mejoren la conectividad y el desarrollo regional en Colombia.
Ricardo Ayerbe es abogado y especialista en gobierno. Durante la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, coordinó actividades territoriales y de organización en Bogotá.
Ahora, desde la dirección de la ANI, tendrá la responsabilidad de liderar el portafolio nacional de infraestructura concesionada, que incluye carreteras, corredores férreos, puertos y aeropuertos. Su gestión abarcará tanto el seguimiento de contratos vigentes como la estructuración de nuevos proyectos de transporte.
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La ANI señaló que la agenda estratégica bajo la nueva administración contempla la consolidación de proyectos actuales, el impulso a nuevas obras y la atención a retos técnicos, sociales, ambientales y contractuales.
Entre los objetivos se encuentran la reactivación y expansión del modo férreo, la modernización de la infraestructura aeroportuaria y el fortalecimiento de la capacidad portuaria.
“La Agencia Nacional de Infraestructura le da la bienvenida a Ricardo Ayerbe, quien asume la presidencia de la entidad con el reto de continuar fortaleciendo la infraestructura de transporte como motor de competitividad, desarrollo regional y conectividad para Colombia”, informó la entidad.
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El relevo en la presidencia de la ANI responde a la naturaleza de los cargos de dirección en el sector público, considerados de libre nombramiento y remoción. Una vez decretada la insubsistencia, el puesto puede ser provisto mediante nombramiento ordinario, siempre que se cumplan los requisitos legales.
El nuevo director deberá mantener la coordinación con el Ministerio de Transporte, autoridades regionales, concesionarios, gremios y comunidades, y avanzar en soluciones que permitan ejecutar las obras y mejorar la conexión entre las regiones.
Otros nombramientos
El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), según lo establecido en el Decreto 1182 firmado el 11 de agosto de 2026.
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Este acto administrativo confirmó la designación de Restrepo Cañavera al frente de la entidad, relevando a Adriana Velásquez, quien había ocupado el cargo en calidad de encargo durante los días previos.
La nueva directora del Icbf es abogada egresada de la Universidad Javeriana. Su hoja de vida se caracteriza por una amplia formación en áreas jurídicas, administrativas y financieras.

Además, se hizo oficial la llegada de Sandra Suárez Pérez a la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) mediante el decreto 1147 emitido el 10 de agosto de 2026.
La posesión de Suárez Pérez se dio de inmediato, lo que la coloca al frente de una institución fundamental para la articulación de políticas orientadas a sectores vulnerables en Colombia.
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Asimismo, se confirmó a David Santiago Tamayo Roldán como titular de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a través del decreto 1170 del 11 de agosto de 2026.La resolución se produjo poco después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a distintas zonas del país.
Tamayo, ingeniero geólogo y magíster en gestión del riesgo por la Universidad de Antioquia, asume la responsabilidad de dirigir la Ungrd frente al reto inmediato de articular la respuesta estatal ante la emergencia causada por el sismo, que ha dejado más de 100 fallecidos, 1.300 lesionados y alrededor de 2.000 personas desaparecidas en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda.
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