
El 12 de agosto de 2026, el Senado de la República autorizó con 73 votos a favor y 11 en contra que el expresidente Gustavo Petro salga del país, pero lo condicionó a informar “con fecha y lugares específicos” cada viaje, una exigencia vinculada al llamado arraigo constitucional que obliga a los exjefes de Estado a pedir permiso al Legislativo durante el año siguiente al fin de su mandato.
La proposición aprobada fijó además una consecuencia política clara: si un exmandatario sale sin esa autorización, la acción puede considerarse “abandono del cargo”. La Constitución Política de 1991 establece esa restricción para quienes dejaron la jefatura del Estado y quieren salir del territorio nacional dentro de ese plazo.
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Petro había pedido el permiso en una carta enviada el lunes 10 de agosto de 2026. El objetivo de permanecer fuera del país es, según dijo, para atender compromisos de “carácter personal, social, político y académico”, aunque no detalló ni el destino ni más precisiones sobre los motivos.

Tras la aprobación del permiso, el exjefe de Estado negó en sus redes sociales que haya solicitado ausentarse de Colombia durante un año y sostuvo que su pedido al Congreso apunta a contar con un permiso formal para viajar al exterior en ese período. “Yo no he pedido salir del país por un año, mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor, por qué habría de dejarlo”, afirmó.
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Petro precisó que la gestión se hizo ante el Senado como una autorización previa para desplazamientos durante los próximos 12 meses. “He pedido que durante el próximo año pueda salir del país autorizado por el senado, eso es muy diferente, pero para saberlo hay que leerse primero la ley Clinton de los Estados Unidos (sic)”, escribió en su cuenta de X.
En efecto, dijo que su petición es compatible con su nueva etapa como expresidente de Colombia. “En cualquier lugar puedo enseñar cosas que aprendí, pero eso no significa abandonar a Colombia”. A la par, rechazó versiones sobre un problema de salud y defendió su capacidad de seguir impulsando iniciativas desde la Presidencia. “No estoy enfermo y aun tengo capacidad de hacer nuevas cosas y proponer, y es mi derecho”, expresó.
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En el mismo mensaje, el político y economista colombiano negó tener procesos abiertos y acotó el alcance de una medida adoptada en Estados Unidos. “No tengo líos pendientes con la justicia y la sanción administrativa que abusivamente me puso Estados Unidos solo es para las personas de los Estados Unidos”, sostuvo.
Sobre el efecto de esa sanción en el sistema financiero local, Petro apuntó contra eventuales restricciones de entidades bancarias y citó un pronunciamiento judicial. “Los bancos colombianos no son personas jurídicas de los Estados Unidos y no tienen ningún derecho, ya lo dijo la Corte constitucional, ha impedir mi vida financiera. Y si tengo que repetirla sentencia de la Corte constitucional vuelvo a hacerlo (sic)”, afirmó.
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Las voces a favor y en contra de la salida del expresidente Petro del país

Entre las voces en contra de la salida de Gustavo Petro destaca el senador del Partido Verde Jota Pe Hernández, quien defendió la negativa como “un control constitucional”. En su intervención afirmó: “¿Dónde está Carlos Ramón González? Está prófugo de la justicia; ¿dónde está César Manrique? Prófugo de la justicia (...) Gustavo Petro tiene múltiples procesos en la Comisión de Acusación”.
En esa misma línea, Cambio Radical anunció que se negaba “rotundamente” a aprobar la proposición. El senador de ese partido Edgardo Espitia dijo: “No salga, dé la cara, enfréntese a la justicia”, una posición en la que también coincidió el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez.
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La lista de quienes respaldaron el permiso incluye a Hector Olimpo Espinosa, senador liberal. “Si es por denuncias, ningún expresidente habría podido salir del país”, sostuvo, y precisó que hacía esa afirmación aunque fue “opositor en el cuatrenio pasado”.

Desde el partido La U, Alfredo Deluque planteó otra condición durante el debate. Su petición fue que “cada vez que salga, pida autorización”.
Al final de las intervenciones, el Centro Democrático radicó una proposición alternativa firmada por Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meissel. Ese texto fue el que prosperó y obligó a Petro a especificar fechas, lugares y destinos en cada salida del país.
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