Colombia realizaría operativos conjuntos con EE.UU. contra el terrorismo y así reaccionaron los políticos: “Es un vendepatria”

El gobierno de Colombia formalizó este miércoles 12 de agosto de 2026 su ingreso a la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C), tras la firma del acuerdo de adhesión por parte del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, durante una reunión celebrada en Panamá.

El encuentro, liderado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, marcó un nuevo capítulo en la estrategia regional de combate al narcotráfico, pero también encendió una intensa polémica política a raíz de la posibilidad de que se autoricen operaciones conjuntas en territorio colombiano.

Durante la ceremonia, Hegseth celebró la incorporación de Colombia como el miembro número 19 del bloque y elogió la disposición del gobierno colombiano para “autorizar operaciones militares conjuntas para destruir a terroristas y redes terroristas”.

El funcionario estadounidense manifestó: “Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número 19”.

Añadió que el nuevo presidente colombiano, solicitó que el Departamento de Guerra estadounidense se sume a la lucha contra el narcoterrorismo, abriendo la puerta a la participación de tropas extranjeras en acciones contra organizaciones criminales.

El anuncio sobre la potencial entrada de tropas extranjeras al país generó inmediatas reacciones de rechazo en el escenario político nacional.

Desde la oposición, Camilo Romero, exgobernador de Nariño, manifestó: “Esto ratifica lo que advertimos: Abelardo es un vendepatria”. Romero acusó al gobierno de actuar en detrimento de la soberanía nacional y de ser servil a los intereses de Washington.

“Los tratados internacionales no solo deben pasar por el Congreso, sino que además no pueden prestarse para la entrega de soberanía camuflada con falsa cooperación. Así pasó con Pegasus. Así pretendió Uribe con las 7 bases militares y la Corte lo impidió”, expresó el dirigente.

Romero advirtió que la ola de gobiernos de ultraderecha permitió un nuevo intervencionismo de Estados Unidos en la región y citó el caso de Ecuador, donde la colaboración con fuerzas extranjeras derivó en denuncias por violaciones a derechos humanos.

“Nuestro país no está en venta. Colombia no le tolerará su atropello a nuestra soberanía y los derechos de la gente”, concluyó el exgobernador.

Desde el Pacto Histórico, la senadora Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, remarcó la obligación de respetar los controles institucionales: “Las tropas estadounidenses no pueden entrar al territorio colombiano sin autorización del Senado”.

Omaña enfatizó que la presencia militar extranjera no debe ser excusa para vulnerar derechos fundamentales. “No podemos permitir que violen nuestra soberanía y bombardeen nuestros territorios dejando a civiles heridos y muertos”, advirtió.

El senador Iván Cepeda, también del Pacto Histórico, publicó una declaración política en la que calificó la invitación oficial a Estados Unidos como “una renuncia inadmisible al principio de soberanía nacional”.

Cepeda remarcó: “Ningún gobierno puede disponer del territorio colombiano ni permitir la presencia o el tránsito de tropas extranjeras al margen de la Constitución y de las instituciones de la República”. Citó el artículo 173 de la Constitución, que establece que sólo el Senado puede permitir el tránsito de tropas extranjeras.

Según Cepeda, la decisión anunciada desde Panamá marca una etapa grave en la que Colombia corre el riesgo de perder el control sobre su territorio y convertirse en una plataforma de operaciones militares estadounidenses para la región.

El senador Agmeth Escaf, del mismo bloque, criticó duramente la posibilidad de operaciones militares extranjeras sin aval del Congreso.

“Abelardo no puede disponer del territorio nacional ni autorizar unilateralmente operaciones militares extranjeras como si Colombia fuese el patio de su casa”, afirmó.

Escaf advirtió sobre el riesgo de repetir escenarios autoritarios: “Desconocer al Congreso, saltarse los controles constitucionales y actuar como si el poder ejecutivo pudiera hacer lo que se le dé la gana no es gobernar: es despreciar profundamente la democracia”.

El legislador alertó sobre el peligro de que se pretenda imponer prácticas de corte dictatorial y llamó a los congresistas a defender la independencia institucional.

Por último, Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso, formalizó una solicitud a los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa para que informen al país y al Senado sobre el alcance del acuerdo firmado en Panamá.

Pedraza exigió claridad sobre si se respetarán los procedimientos constitucionales para la presencia de tropas extranjeras, recordando que “los tratados internacionales o la presencia de tropas extranjeras en nuestro país deben ser consultadas con el Congreso, bueno, si es que respetan la Constitución”.