Este es el expolicía nombrado oficialmente como responsable de la seguridad del presidente Abelardo de la Espriella: reportó presunto plan criminal para atentar contra él

El presidente Abelardo de la Espriella reforzó su seguridad con casi 40 efectivos y equipos de protección poco habituales en campañas colombianas, una decisión que su entorno atribuye a amenazas recibidas durante su recorrido nacional y al asesinato de integrantes de su campaña en el Meta.

Según Las2orillas.co, el dispositivo incluye personal de la Unidad Nacional de Protección, seguridad privada y Policía Nacional, además de recursos como un atril con vidrio blindado de 360 grados, camionetas con blindaje superior y sistemas antidrones para actos públicos.

Carlos Caicedo Páez, jefe de seguridad de la campaña, coordina el esquema. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República oficializó el nombramiento de Caicedo Páez como jefe para la Protección Presidencial mediante el Decreto 1185 del 11 de agosto de 2026.

La designación lo ubica en el cargo de jefe para la Protección Presidencial, código 1156, del Dapre, con efectos desde la fecha de expedición del decreto. El acto administrativo derogó el artículo 2 del Decreto 1076 del 6 de agosto de 2026.

El medio lo destaca por su gestión de riesgos y por denunciar amenazas, como las llamadas anónimas recibidas en febrero de 2026 sobre supuestos planes de atentado atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), versión que ese grupo negó. Caicedo también funge como vocero y articula la protección privada con la UNP y la Policía.

El dispositivo combina blindaje, vigilancia previa y control del entorno. Una de las medidas más visibles es el atril de cristal blindado que el candidato utiliza en plazas públicas. De la Espriella suele aparecer con chaleco de protección balística y, para desplazamientos terrestres, emplea un “búnker móvil” y una caravana de camionetas blindadas.

El operativo no se limita al anillo cercano; el equipo realiza barridos previos en las zonas de evento, instala vidrios balísticos, mantas y barreras físicas alrededor de la tarima. Además, implementa sistemas antidrones para neutralizar posibles ataques aéreos. El diario reportó la presencia de hombres de seguridad tanto en la tarima como en los alrededores de cada aparición del aspirante.

En Envigado, Antioquia, el equipo detectó individuos armados sospechosos cerca de un evento político, tras una revisión previa similar a la realizada en mayo de 2026, cuando también identificaron personas armadas. La campaña justifica el refuerzo de seguridad en estos hallazgos.

En el cierre de campaña en Bogotá, en la plaza Lourdes, el medio observó el despliegue, con presencia de miembros de Goes y custodia policial hasta tres calles a la redonda. También se implementó vigilancia entre la multitud para prevenir altercados o posibles atentados contra De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

El candidato suele aparecer en tarima rodeado por parte de su equipo de seguridad, mientras otros efectivos permanecen dispersos en la zona, atentos a cualquier situación de riesgo para el público o para el aspirante presidencial.

El ministro de Defensa reveló las primeras medidas de seguridad del Gobierno de De la Espriella

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, presentó la hoja de ruta de la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana 2026-2030, impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa apunta a recuperar el control de territorios en manos de grupos armados y economías ilegales, fortalecer la presencia estatal y enfrentar el crecimiento del crimen organizado.

El diagnóstico oficial señala un aumento del 125% en la capacidad criminal de los Grupos Armados Organizados (GAO) y una consolidación en el 57% de los municipios, además de un aumento del 54% en los cultivos de coca, que potencia las economías ilícitas y erosiona la gobernanza.

La estrategia, denominada “Patria Milagro”, se propone desarticular el “sistema criminal híbrido narcoterrorista” mediante acciones conjuntas de la fuerza pública, una persecución penal más eficiente, fortalecimiento institucional y cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos.

El plan prevé recuperar la autoridad territorial a través de la presencia estatal, protección de la población y de infraestructura clave, y la creación de condiciones para el desarrollo económico y el ejercicio de derechos.

Se pondrán en marcha las Áreas Prioritarias de Recuperación y Estabilización Territorial (Apres) y los Bloques de Defensa y Seguridad Urbana (Bodsu), que actuarán en nueve ciudades principales con 2.000 policías destinados a combatir homicidios, extorsión, secuestro y narcotráfico. En Bogotá, el despliegue inicial será de 400 uniformados.

A nivel internacional, se fortalecerá la cooperación con Estados Unidos, incluyendo la adhesión a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), y se priorizará la inteligencia estratégica, financiera y tecnológica. El documento refiere que las organizaciones criminales controlan cerca del 36% del territorio nacional, lo que impulsa la creación de Teatros Regionales de Operaciones y el refuerzo de la coordinación entre las instituciones responsables de seguridad, inteligencia y judicialización, así como la mejora de capacidades aéreas y sistemas antidrones.