
La Federación Colombiana de Municipios pidió al Gobierno nacional expedir decretos de emergencia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, con el fin de dar a los alcaldes herramientas jurídicas y financieras para atender la crisis, proteger a las comunidades y acelerar la reconstrucción de la infraestructura afectada.
Entre las solicitudes figura una autorización excepcional para que los municipios destinen 7% de los recursos del Sistema General de Participaciones asignados originalmente a deporte y cultura a la atención de la emergencia. Ese dinero se usaría de forma exclusiva en el mejoramiento, la reparación y la reconstrucción de infraestructura residencial, comercial e institucional, con el objetivo de restablecer las condiciones de vida y reactivar las economías locales.
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La organización, que representa a los alcaldes del país, respaldó la Declaratoria de Desastre Nacional y Emergencia anunciada por el Gobierno. A la vez, sostuvo que esa decisión debe complementarse con medidas extraordinarias que permitan responder con mayor rapidez en los territorios afectados.
“Desde los municipios pedimos al Gobierno Nacional flexibilizar el uso de recursos territoriales, adoptar alivios tributarios y facilitar inversión pública y privada en las zonas afectadas por el terremoto”, afirmó Julián Sánchez “Perico”, alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios.

La Federación propuso seis medidas para dar liquidez inmediata a los municipios
La primera de esas medidas se centra en el uso extraordinario de recursos del Sistema General de Participaciones. La segunda apunta al desahorro inmediato de excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, (Fonpet), para que los municipios con saldos excedentes en propósito general y educación puedan disponer de esos recursos.
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Según la propuesta, la liberación y el giro de esos excedentes por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público darían liquidez inmediata a las administraciones locales. Ese flujo de recursos permitiría financiar la atención humanitaria y la reconstrucción de infraestructura pública y comunitaria.
La tercera medida busca flexibilizar el Sistema General de Regalías. La federación pidió que los municipios afectados puedan aprobar directamente proyectos de atención de la emergencia y de reconstrucción, incluso si esas iniciativas no fueron incluidas en el capítulo independiente de regalías de sus planes de desarrollo.
Ese esquema, precisa la propuesta, debería respetar el recaudo efectivo, los compromisos ya adquiridos y la apropiación asignada. También plantea autorizar a las entidades territoriales a liberar recursos de proyectos financiados con asignaciones directas, locales o de inversión regional de los departamentos cuando la contratación no haya comenzado y la emergencia haya desplazado su prioridad.
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Los alivios tributarios y la inversión privada son parte del plan de reconstrucción
La cuarta solicitud se refiere a alivios tributarios. La Federación propuso permitir que los municipios afectados exoneren, hasta por dos vigencias fiscales, del impuesto Predial Unificado y del impuesto de Industria y Comercio a personas y establecimientos que hayan sufrido pérdidas materiales.
Para evitar un deterioro de las finanzas locales, la organización pidió que el Presupuesto General de la Nación compense de manera directa a las tesorerías municipales por los ingresos que dejen de recibir. Esa compensación, según el planteamiento, permitiría aliviar a los damnificados sin desfinanciar a las administraciones locales.
La quinta medida apunta a habilitar de manera excepcional el mecanismo de Obras por Impuestos para la reconstrucción. La propuesta plantea que las empresas obligadas a declarar renta puedan destinar hasta 50% de su impuesto a cargo a proyectos de recuperación en los municipios afectados.
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Ese uso excepcional de la inversión privada no estaría restringido a municipios Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) o territorios Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). La intención es que esos recursos financien de forma directa la recuperación de infraestructura residencial, comercial, educativa y vial.

La sexta petición plantea una excepción temporal a los límites de gastos de funcionamiento durante 2026 y 2027. Alcanzaría a las entidades territoriales que, como consecuencia del terremoto, registren una caída en sus ingresos corrientes de libre destinación y por esa razón superen los topes de gasto previstos en las leyes 617 de 2000 y 819 de 2003.
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En esos casos, la Federación pidió que no se apliquen las sanciones previstas por incumplir esos límites. La organización sostuvo que la atención de la emergencia exige que alcaldes y alcaldesas cuenten con instrumentos ágiles para dirigir los recursos disponibles a las necesidades más urgentes y avanzar sin demoras en la recuperación de los municipios afectados.
La Federación Colombiana de Municipios reiteró además su disposición de trabajar de forma articulada con el Gobierno Nacional y con los gobiernos locales para proteger a las comunidades, restablecer los servicios esenciales y garantizar una reconstrucción rápida y transparente.
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