Exjefe paramilitar reveló cómo las AUC usaron fondos públicos y buscaron asesinar a Carlos Caicedo, entonces rector de la U. del Magdalena

Saúl Severini Caballero, exjefe del frente Pivijay de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y entregó declaraciones explosivas sobre el funcionamiento interno de las estructuras paramilitares en el Magdalena.

Según su testimonio, las AUC lograron apoderarse de varias instancias del poder local, usando la contratación pública como vía para financiar sus operaciones militares durante la década de los 90 y los primeros años de los 2000. Severini detalló cómo, mediante pactos y alianzas, los paramilitares buscaban tener influencia total en Alcaldías, la Gobernación y otras entidades del departamento.

“La intención de las Autodefensas era tener todo el manejo de alcaldías, gobernaciones y cualquier cargo público que se generara en todas esas zonas, ellos poderlos manejar”, aseguró Severini al responder las preguntas de los magistrados. De acuerdo con su versión, ese esquema se sostenía a través de fundaciones vinculadas a los jefes paramilitares, que servían como fachada para canalizar recursos estatales hacia la financiación de la guerra.

Contratos ‘a dedo’ y desvío de recursos públicos

Uno de los elementos centrales de la declaración tiene que ver con el uso de la Fundación Mujeres de la Provincia, entidad dirigida por alias Sonia, que, según Severini, fue utilizada para obtener contratos públicos y disponer de esos fondos en favor de la estructura armada. “Esa fundación gestionaba y ejecutaba contratos cuyos recursos terminaban destinados al financiamiento de la guerra”, explicó el exparamilitar ante la JEP.

Investigaciones previas ya habían identificado a dicha organización como pieza clave en la estrategia de las AUC para controlar la contratación y los recursos en Magdalena. El propio Severini insistió en que el objetivo era mantener la hegemonía sobre el aparato estatal y emplear esos fondos para sostener sus actividades ilegales.

En esa línea, el exparamilitar relató que dicha fundación fue uno de los principales mecanismos para el desvío sistemático de dinero público, una operación que involucró a distintas administraciones municipales y a la Gobernación del Magdalena.

La Universidad del Magdalena, el único espacio que resistió

A pesar del éxito de este modelo en varias dependencias estatales, Severini subrayó que la estructura paramilitar no logró controlar la Universidad del Magdalena durante la gestión de Carlos Caicedo (rector entre 1997 y 2006). El exjefe paramilitar sostuvo que existió un fuerte interés por parte de actores políticos y armados para apropiarse de los recursos de la institución, pero que la resistencia de su administración impidió dicho objetivo.

Fue en ese contexto que Severini aseguró ante la JEP haber escuchado en varias oportunidades al entonces gobernador del Magdalena, Trino Luna Correa (2004-2007), referirse a un supuesto plan para asesinar a Caicedo.

“Trino Luna quería que asesinaran a Carlos Caicedo, en varias oportunidades lo escuché hablar sobre eso. Él quería, dicho por él, que asesinaran al señor Caicedo para él tomarse el mando de la Universidad, o sea, poner un rector de él y manejarla”, afirmó Severini.

El testimonio atribuye a Luna la intención directa de eliminar a Caicedo para facilitar la toma de control de la Universidad y el manejo de su presupuesto. “Los comentarios que él hacía era que la universidad manejaba mucho dinero, y ese era el atractivo para Trino Luna”, puntualizó Severini.

Contexto de violencia y persecución en el sector educativo

La Universidad del Magdalena atravesó un periodo de extrema violencia durante esos años, con el asesinato del líder estudiantil Hugo Maduro, el vicerrector Julio Otero y el decano Roque Morelli entre 2000 y 2002. Estos crímenes estuvieron asociados a la lucha por el control de la institución y a los conflictos políticos y armados de la región.

En declaraciones anteriores, Trino Luna había señalado a Caicedo como posible responsable de estos asesinatos, pero la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación en 2023 por falta de pruebas. Según la Fiscalía, no existían elementos que permitieran responsabilizar a Caicedo como determinador de los homicidios.

En 2025, la JEP reconoció a Caicedo como “víctima del conflicto armado” dentro del Caso 08, al considerar que había sufrido estigmatización, persecución judicial y hostigamiento sistemático, en una estrategia de exclusión política estructural. Esta decisión permitió a Caicedo intervenir como víctima en el proceso de justicia transicional.

Una estructura de poder territorial

Las revelaciones de Severini se suman a otros testimonios que, en los últimos años, han mostrado el entramado de relaciones entre paramilitares y políticos en el Magdalena. En 2022, el propio Trino Luna declaró ante la JEP sobre sus nexos con las AUC y el direccionamiento de contratos públicos, y mencionó la influencia que los paramilitares tenían en hospitales y entidades estatales.

La diferencia de la versión de Severini radica en su condición de exintegrante de una estructura armada, lo que otorga un ángulo inédito sobre la manera en que se diseñaron y ejecutaron pactos para tener control sobre el aparato estatal y sus recursos. El exjefe paramilitar insistió en la importancia que tenía para las AUC el acceso a la contratación pública y el manejo de instituciones educativas como la Universidad del Magdalena.