El presidente Abelardo de la Espriella anunció el viernes 7 de agosto que el impuesto al patrimonio en Colombia será eliminado. El mandatario vinculó la medida con su idea de dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en el país. La propuesta plantea suprimir el tributo como parte de una reforma tributaria estructural para incentivar la inversión privada. Los argumentos a favor de eliminarlo apuntan a que desincentiva el ahorro, afecta la inversión y el empleo, recauda poco y favorece el traslado de capitales a otras jurisdicciones.
“Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente, el Impuesto al Patrimonio será eliminado”, afirmó De la Espriella. El presidente agregó que en Colombia se debe “dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en la patria”.
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También sostuvo que la prosperidad de los colombianos no se consigue al gravar sus “éxitos”, sino con condiciones para que más personas puedan emprender, trabajar y progresar. Además, relacionó la propuesta con su postura sobre el manejo de los recursos públicos y aseguró que en su Gobierno “desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados”.

Qué grava hoy el impuesto al patrimonio
El impuesto al patrimonio es un tributo directo que recae sobre el patrimonio líquido de algunos contribuyentes. Para establecer ese valor, se toman los bienes y activos de una persona o entidad y se descuentan las deudas vigentes en una fecha determinada. En ese cálculo pueden entrar propiedades, acciones, vehículos y dinero. Por eso, el gravamen no se define por el total de bienes, sino por el patrimonio que queda después de restar las obligaciones.
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La obligación no aplica a todas las personas con bienes en Colombia. La ley la reserva para quienes cumplen los requisitos fijados y alcanzan los umbrales definidos en unidades de valor tributario (UVT).
Entre los contribuyentes que pueden quedar sujetos al impuesto están las personas naturales, las sucesiones ilíquidas y las entidades nacionales o extranjeras que cumplan las condiciones legales. Dichos umbrales correspondieron siempre a patrimonios de varios miles de millones de pesos. Con exactitud, hoy el impuesto lo pagan quienes tienen patrimonios líquidos iguales o superiores a 72.000 UVT, equivalentes a más de $3.500 millones en 2025.

Los reparos de economistas al gravamen
La decisión del nuevo mandatario tuvo el respaldo de varios expertos. El analista económico Carlos Romero Leal afirmó que “no es un impuesto ‘a los ricos’ en abstracto; grava capital ya acumulado y previamente tributado”. A su juicio, el diseño del tributo recae sobre riqueza que ya había pagado cargas fiscales.
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También sostuvo que “más impuestos al patrimonio significan menos ahorro, menos inversión y menor generación de empleo”. Añadió que Colombia necesita reglas estables, confianza inversionista y crecimiento económico, y no castigar de forma permanente la acumulación de capital productivo.
El economista Gabriel Angarita respaldó la eliminación del gravamen. “Para empezar a arreglar el sistema tributario de Colombia es una buena medida”, señaló.
Angarita añadió que se trata de “un impuesto que tuvo más efectos negativos que positivos al crear incentivos para que el capital se fuera del país y dejar de atraer inversiones”. Su planteamiento coincide con las críticas sobre el efecto del tributo en la llegada y permanencia de recursos privados.
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Dos problemas de fondo para el impuesto al patrimonio
Al respecto, el exdirector ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, sostuvo que, aunque el gravamen “luce progresivo”, advirtió que presenta dos problemas de fondo. “Luce progresivo, pero tiene dos problemas de fondo: en ausencia de un mecanismo global de tributación, incentiva el traslado de los grandes patrimonios a otras jurisdicciones; y es altamente distorsionante, porque grava el capital con independencia de su rentabilidad”, afirmó.
Según él, el tributo impulsa la salida de patrimonio y además desconoce si ese capital produce retornos suficientes. Para explicar ese efecto, puso un ejemplo sobre la carga real que puede producir la tarifa. “Una tarifa de 1,5% sobre un activo que rinde 3% real equivale a una tasa efectiva del 50% sobre rentas que ya fueron gravadas al generarse”, dijo.
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Comparó el caso colombiano con la experiencia europea desde 1990. Según explicó, hace 35 años 12 países europeos tenían impuestos recurrentes sobre el patrimonio neto y hoy solo tres lo mantienen: España, Noruega y Suiza.

“Colombia es, por tanto, una excepción dentro de una tendencia internacional que ha llevado a abandonar este tipo de impuestos por sus bajos niveles de recaudo y sus efectos sobre el ahorro, la inversión y la movilidad de los capitales”, afirmó. Su diagnóstico apunta a una experiencia desfavorable para ese cobro.
Mejía añadió que en Colombia, durante 2024, el impuesto al patrimonio recaudó apenas $1 billón. Precisó que esa suma equivale a cerca del 0,6% de los ingresos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
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Al mismo tiempo, indicó que cayó el número de declarantes y también el valor patrimonial reportado entre las personas con mayores fortunas. En el grupo con patrimonios superiores a $12.000 millones, la reducción fue del 24% en declarantes y del 36% en el valor patrimonial informado.

De igual manera, advirtió un efecto adicional sobre el recaudo. Según afirmó, “quienes trasladaron su patrimonio y permanecen menos de 183 días al año en el país no solo dejaron de tributar por ese concepto, sino que ahora tampoco pagan impuesto de renta”.
Ante eso, la supresión del gravamen apunta a mejorar la estructura tributaria, reducir distorsiones sobre el ahorro y la inversión e incentivar el retorno de capitales desde el exterior (incluyendo el de jugadores de fútbol, como anecdóticamente se ha observado en los últimos años).
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Y es que, precisamente, ese fue uno de los motivos del futbolista colombiano Radamel Falcao García para no seguir en Millonarios.
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