Las recientes acciones violentas en Cauca y Nariño —junto con incidentes en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare— pusieron en alerta a la Defensoría del Pueblo de Colombia.
El organismo expresó preocupación por la escalada de ataques armados y empleo de artefactos explosivos en varias regiones, advirtiendo que la situación incrementa los riesgos para la población civil.
En un comunicado oficial, la Defensoría detalló que “aunque las circunstancias y autorías de varios de estos hechos continúan siendo materia de verificación, se han registrado en un periodo muy corto hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos”.
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El organismo señaló que la información disponible hasta el momento no permite afirmar la existencia de una ofensiva nacional coordinada, pero sí revela dinámicas territoriales propias de la fragmentación de los actores armados.
Durante los días viernes 7 y sábado 8 de agosto, múltiples comunidades de estos departamentos vivieron episodios de violencia que alteraron la vida cotidiana. Los ataques alcanzaron cabeceras municipales y áreas cercanas a viviendas y comercios, generando restricciones a la movilidad y afectaciones a civiles, según constató la Defensoría.
Los hechos recientes en distintas regiones, aunque sin evidencia de una coordinación nacional unificada, obedecen a la fragmentación de los grupos armados y a sus estrategias locales.
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La Defensoría del Pueblo subrayó que la reiterada utilización de drones y explosivos en zonas habitadas ha incrementado el peligro de impactos indiscriminados sobre la población, circunstancia que exige reforzar las medidas de protección para quienes no participan en el conflicto.
Riesgo para la población civil por la evolución de las tácticas armadas
El organismo de control advirtió: “A este escenario se suma la utilización reiterada de drones y artefactos explosivos, modalidades que nuestro Sistema de Alertas Tempranas ha advertido previamente y que están transformando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios”.
Su uso en zonas pobladas o próximas a bienes civiles “incrementa el riesgo de efectos indiscriminados y exige extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades”.
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La Defensoría recordó que el derecho internacional humanitario establece principios claros que deben ser respetados en el desarrollo de cualquier confrontación armada. “Recordamos nuevamente a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza”, instó el comunicado.
El texto oficial fue enfático: “Exigimos respetar estrictamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario. Abstenerse de realizar acciones que puedan producir efectos indiscriminados o poner en riesgo a la población civil”.
Al dirigirse al Estado, la Defensoría destacó la necesidad de que, ante el inicio de un nuevo Gobierno, se refuercen las respuestas estatales integrales. Esto implica combinar acciones de seguridad con medidas preventivas y de protección para las comunidades expuestas a la violencia. El Sistema de Alertas Tempranas, según la entidad, ha permitido anticipar riesgos y orientar respuestas diferenciadas en los territorios afectados.
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El organismo concluyó su pronunciamiento señalando que continuará monitoreando la situación y sus impactos humanitarios. “La prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que sean las comunidades quienes terminen pagando el costo de la violencia”, afirmó la Defensoría del Pueblo.
¿Qué dijo la defensora del pueblo?
Irís Marín Ortiz, defensora del Pueblo, instó tanto a los grupos armados como al Gobierno a tomar medidas concretas para proteger a la ciudadanía.
En su mensaje difundido por redes sociales, Marín hizo hincapié en que los ataques, registrados en varios departamentos, se adjudican inicialmente a estructuras como el ELN y las disidencias de la línea de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá Córdoba.
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La defensora del Pueblo fue enfática al exigir a los actores armados: “Pedimos a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario”, subrayando la urgencia de que cesen las acciones que ponen en riesgo a la población civil.
De igual forma, Marín apeló directamente a la responsabilidad estatal: “Pedimos al Gobierno proteger a la población y las comunidades”. Este pedido buscó recalcar el deber de las autoridades de garantizar la seguridad e integridad de quienes residen en las zonas afectadas.
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