Wilson Ruiz: “Esperamos un resultado contundente de la Comisión sobre Petro” - crédito @WilsonRuizO/X
La investigación por la muerte de Kevin Arley Acosta, niño de siete años diagnosticado con hemofilia severa, se amplía y alcanza a la Presidencia de Colombia.
La Fiscalía General de la Nación solicitó imputación contra el médico responsable y varios directivos de la Nueva EPS por supuestas irregularidades y omisiones en la atención que habría recibido el menor. La fiscal encargada del caso remitió el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La finalidad de esta medida es que el organismo evalúe si existe responsabilidad de Gustavo Petro, expresidente de Colombia, respecto a dos aspectos centrales: la intervención estatal sobre la EPS y la posible revelación de información protegida sobre la salud del niño.
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La Fiscalía sostuvo que la historia clínica de Kevin Acosta podría haberse divulgado sin autorización, acción vedada por la ley colombiana. Así, la investigación no solo involucra a los profesionales y administradores del sistema de salud, sino que ahora incluye al exmandatario en calidad de garante de las decisiones institucionales que pudieron incidir en el desenlace fatal.
Tras lo anterior, Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y abogado representante de la familia de Kevin, aseguró que “desde que Gustavo Petro exhibió la historia clínica del niño sabíamos que estaba incurriendo en un delito”.
La polémica se centró en la presunta divulgación no autorizada de un documento protegido por la reserva legal, hecho que, según Ruiz Orejuela, requiere una respuesta institucional contundente.
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La Fiscalía General de la Nación remitió el expediente completo a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En la solicitud, el organismo pidió que se abra una investigación formal contra el expresidente por la posible difusión ilícita de información confidencial sobre la salud de Kevin Acosta.
Ruiz Orejuela expresó que esperan “algún resultado contundente en la Comisión de Investigación”, resaltando la importancia de que el proceso avance bajo criterios de imparcialidad.
De acuerdo con Ruiz Orjuela, “la solicitud va mucho más allá”, ya que no solo se limita a la revelación de información médica, sino que también plantea la necesidad de examinar la eventual responsabilidad de Petro en calidad de garante por las decisiones tomadas durante la intervención estatal en la Nueva EPS. Se busca establecer si las medidas implementadas desde el Ejecutivo tuvieron algún vínculo directo con el desenlace fatal del menor.
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“Esto no es una decisión política, esto es una actuación de la Fiscalía General de la Nación”, enfatizó el documento enviado a la Cámara.
La familia del niño ha insistido en la necesidad de verdad, justicia y reparación. Ruiz Orejuela reiteró: “La muerte del niño Kevin Acosta exige, como lo he dicho muchas veces, verdad, justicia y reparación”.
Medicina Legal rechazó entregar necropsias sin orden judicial tras críticas presidenciales
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, respondió a los señalamientos del presidente sobre la gestión del caso Kevin Arley Acosta Pico.
“El instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial”, aseguró Cortés, aludiendo a los límites legales del organismo. Explicó que “esto solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, y defendió el protocolo seguido en todos los procedimientos.
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Cortés relató que “el 4 de marzo llegó un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor”, y que la respuesta del instituto cumplió estrictamente con el marco jurídico vigente.
Resaltó que toda entrega de información se realizó “bajo estricta observancia de la ley”, descartando posibles irregularidades en la actuación de la entidad.
El funcionario mencionó además que el 25 de marzo, el Ministerio de Salud presentó una tutela por presunta vulneración al derecho de petición, recurso que fue desestimado el 14 de abril por el juzgado sexto penal del Circuito Especializado de Bogotá.
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“Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia”, concluyó Cortés.
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