Defensoría del Pueblo celebró los decretos del Gobierno saliente que buscan proteger los derechos humanos en Colombia

La Defensoría del Pueblo celebró la expedición de los decretos 0980, 1028, 0968 y 1029 de 2026, con los que el Gobierno saliente reforzó instrumentos para proteger a quienes defienden derechos humanos en Colombia, implementar el Acuerdo de Escazú y adoptar la primera política pública integral para la búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado, aunque advirtió que su efecto dependerá de que el Estado logre aplicarlos de manera efectiva en los territorios.

Entre los datos que la entidad destacó figura la magnitud del problema de la desaparición: en el país hay aproximadamente 137.000 personas desaparecidas y, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 2.144 casos. La Defensoría sostuvo que esa vulneración persiste en distintos contextos, incluidos los conflictos armados internos actuales.

El pronunciamiento fue difundido por la entidad en su cuenta de X y en un comunicado en el que afirmó que los nuevos decretos “fortalecen las garantías para quienes defienden los derechos humanos” y marcan “el camino de su implementación”.

En ese mensaje, la institución señaló que las medidas también consolidan una política pública integral para la atención, prevención, búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

Según la Defensoría del Pueblo, los decretos 0980 y 1028 de 2026 sientan las bases de una política pública para garantizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, con atención especial a las mujeres, y promover el derecho a defender derechos, reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-546 de 2023.

Por su parte, el Decreto 1028 adopta la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

La entidad, en su papel de Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Garantías y de las Mesas Territoriales de Garantías, indicó que esa política recoge parte de los desarrollos construidos en el Proceso Nacional de Garantías y reconoce la necesidad de superar un enfoque reactivo de protección. También subrayó que el resultado proviene de varios años de diálogo entre organizaciones defensoras, entidades del Estado y comunidad internacional.

En ese mismo punto, la Defensoría pidió preservar y fortalecer esos espacios de interlocución, concertación y seguimiento. Señaló que su legitimidad ha sido reconocida por organizaciones sociales y reafirmada por la Corte Constitucional como escenarios indispensables para garantizar el derecho a defender los derechos humanos.

La entidad vinculó esa urgencia con sus Alertas Tempranas 019 de 2023 y 013 de 2025, además del Informe de Seguimiento 003 de 2026. Esos documentos, indicó, muestran la persistencia de escenarios de riesgo y hechos de violencia asociados con la expansión y disputa de grupos armados ilegales y del crimen organizado, la gobernanza armada ilegal en algunos territorios, la estigmatización, las afectaciones derivadas de procesos electorales y las debilidades en la respuesta institucional.

A partir de ese diagnóstico, la Defensoría sostuvo que la implementación de los decretos 0980, 1028, 0968 y 1029 debe articularse con el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, adoptado mediante el Decreto 0585 de 2026. La idea, precisó, es que todos esos instrumentos operen de forma complementaria y refuercen la respuesta estatal.

El Decreto 0968 crea una comisión para aplicar el Acuerdo de Escazú con 18 acciones

El Decreto 0968 del 4 de agosto de 2026 crea la Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú, CIEscazú, y fija una hoja de ruta compuesta por 18 acciones concretas, con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento. Para la Defensoría, ese desarrollo representa un avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano tras la ratificación del acuerdo regional.

La institución recordó que el Acuerdo de Escazú regula el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. También incorpora obligaciones específicas para la protección de las personas defensoras del ambiente.

La hoja de ruta, de acuerdo con el comunicado, fue construida mediante un proceso de diálogo entre el Ministerio de Ambiente y diversos actores del sector. Incluye medidas para fortalecer la coordinación interinstitucional, garantizar el acceso a la información pública ambiental y adoptar mecanismos de protección para quienes defienden el ambiente en los territorios.

El Decreto 1029 del 5 de agosto de 2026 adopta la Política Pública Integral para la atención, prevención, búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado, incluidas las víctimas de desaparición forzada.

La Defensoría aseguró que, pese al amplio desarrollo normativo previo, esta es la primera política pública integral en la materia construida colectivamente en el país durante más de un año.

Ese proceso se desarrolló en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda con la participación de más de diez entidades del Estado, entre ellas la propia Defensoría, además de organizaciones de la sociedad civil en distintos territorios y la Comisión Asesora del Sistema.

La entidad remarcó que los efectos de la desaparición se prolongan mientras no se esclarezca la suerte o el paradero de la persona desaparecida o no se localicen, identifiquen y entreguen dignamente sus restos.

Según la institución, la nueva política busca avanzar en el cumplimiento de obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en prevención de la desaparición, búsqueda efectiva, esclarecimiento de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral y protección de los derechos de las víctimas, sus familias y las personas buscadoras. Añadió que contempla atención especial a los riesgos diferenciados y a las barreras que enfrentan las mujeres buscadoras.

El documento incorpora además un diagnóstico sobre obstáculos como la fragmentación institucional, las demoras en la respuesta estatal y las limitaciones en el acceso y la interoperabilidad de la información. A partir de ese balance, prevé medidas orientadas a superar esas fallas.

La Defensoría del Pueblo concluyó que la expedición de los decretos representa un avance en el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a proteger y garantizar los derechos humanos y la naturaleza.

También afirmó que el nuevo Gobierno debe fortalecer la articulación entre las entidades responsables, impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas y preservar la Mesa Nacional y las Mesas Territoriales de Garantías como espacios de diálogo y concertación con las personas defensoras de derechos humanos.