Qué pasará con el salario mínimo, el pago de horas extra y dominicales y la jornada laboral desde agosto con el Gobierno De la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella inicia con dudas sobre la reforma laboral vigente y sus efectos sobre jornadas, recargos y pagos extra. El equipo del presidente electo aclaró que las normas aprobadas durante el Gobierno Petro seguirán en vigor en Colombia.

Así las cosas, el Gobierno entrante mantendrá mejores pagos por horas extra y trabajo dominical, pero aún no decide si reglamentará el pago y la cotización por horas en reemplazo de esquemas ordinarios. También siguen pendientes la informalidad laboral del 54,7%, el desarrollo del Estatuto del Trabajo y la reglamentación de aspectos centrales de la Ley 2466 de 2025.

La definición sigue abierta en uno de los puntos que más inciden en la relación entre empresas y trabajadores.

De igual manera, el nuevo gobierno también parte de una restricción política y jurídica. Cualquier cambio de fondo sobre recargos nocturnos, horas extra o modalidades de contratación exigirá presentar un nuevo proyecto de ley y obtener su aprobación en el Congreso de la República. A su vez, el presidente electo anunció que buscará reducir la carga impositiva de las empresas para estimular la contratación de más personas. Dicha intención convive con la continuidad de reglas que, según han mencionado los empresarios, implican cargas salariales altas.

El trabajo decente como desafío central del mercado laboral

Previo a que De la Espriella asuma la Presidencia de Colombia, un estudo de la Universidad Nacional de Colombia dice que en el país los desafíos respecto al derecho del trabajo se pueden abordar a partir de la arista del “trabajo decente”.

La profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la institución, Diana del Pilar Colorado, coordinadora del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud de esta, explicó que ese concepto, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cobija a todo trabajador, tenga o no vínculo con un empleador. Incluye calidad y cantidad del empleo, protección social, seguridad en el ingreso, derechos fundamentales, diálogo social y negociación con los empleadores.

Advirtió que ese estándar aún no se cumple plenamente en el país. “En Colombia estos componentes todavía son un desafío pendiente”.

Según ella, la OIT entiende que el trabajo decente incide en la relación entre empresas y trabajadores y también en la economía y las relaciones sociales, por medio de empresas competitivas que respeten garantías laborales. Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resume aspiraciones como más oportunidades, ingresos suficientes, respeto de derechos, participación efectiva, estabilidad, desarrollo personal y equidad de género.

Colorado afirmó que avanzar hacia esos objetivos exige decisiones públicas y participación organizada. Anotó que la agenda laboral colombiana necesita voluntad política, capacidad crítica ante los problemas del mundo del trabajo y presencia activa de agentes sociales y sindicales.

Deudas pendientes en empleo formal y protección laboral

El marco constitucional también aparece entre los pendientes. El artículo 25 de la Constitución establece la protección especial del Estado al trabajo en todas sus modalidades, y el artículo 53 ordena expedir un Estatuto del Trabajo con principios con:

• Estabilidad.
• Igualdad de oportunidades.
• Remuneración mínima, vital y móvil.
• Irrenunciabilidad de beneficios mínimos.
• Favorabilidad.
• Primacía de la realidad y capacitación y protección a la mujer y la maternidad.

Para la docente, esa tarea sigue abierta. El Congreso aún no desarrolla ese Estatuto ni lleva plenamente esos principios a la legislación laboral. También puso el foco en la fractura entre quienes tienen alguna protección y quienes permanecen por fuera.

“Es urgente superar la división entre los trabajadores relativamente protegidos —quienes cuentan con un contrato de trabajo o son servidores públicos— y los que no lo están”, anotó la experta.

Dicha protección, añadió, no debe limitarse al empleo asalariado. Las políticas estatales también deben cubrir el trabajo autónomo y a los independientes mientras consiguen un empleo, mediante medidas para su inserción laboral o profesional y su protección social.

Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran la magnitud del problema. En junio de 2026:

• 24.459.000 de personas estaban ocupadas.
• 10.105.000 eran trabajadores por cuenta propia.
• 11.082.000 eran trabajadores particulares.
• 893.000 eran empleados del Gobierno.

Ese total se completa con empleadores, jornaleros, trabajadores familiares sin remuneración y empleados domésticos. Para Colorado, la agenda de la OIT obliga a pensar la formalización laboral como el paso desde modelos desregulados o invisibles para el Estado hacia un sistema institucional integrador.

Al respecto. planteó que el tratamiento de la informalidad debe ser estructural y surgir del escenario tripartito y del diálogo social ampliado. El planteamiento apunta a fortalecer un sector moderno con empleos de calidad, seguridad social permanente, salarios adecuados, estabilidad y protección, y a transformar un sector tradicional marcado por escasa capacitación, baja productividad, lógica de subsistencia, bajos salarios y reducida protección y seguridad social.

De igual forma, propuso modificar los incentivos que hoy favorecen el incumplimiento. La meta, según explicó, es que evadir las normas laborales deje de ser más barato que cumplirlas, para reducir la permanencia de empresas y trabajadores en la informalidad, que llega al 54,7%.

Reglamentación pendiente y los nuevos retos del mundo del trabajo

Diana del Pilar Colorado sumó dos frentes que ya presionan la agenda laboral. Explicó que “la gestión humanista de los avances disruptivos de las nuevas tecnologías —particularmente de la inteligencia artificial (IA)—, y una transición energética justa que fortalezca la dignidad del trabajo y el medioambiente sano, también son desafíos pendientes”.

En el caso de la IA, señaló que se necesitan reglas y defensas concretas para los derechos fundamentales de los trabajadores. El problema aparece cuando esas herramientas se usan para control y vigilancia, decisiones sobre sanciones o retiros, reclutamiento, pruebas, contratación o definición de metas. Sobre la transición energética, indicó que no se trata solo de reducir emisiones. También exige cambios en regulación e incentivos económicos, innovación en los puestos de trabajo, formación para el empleo y gestión del riesgo laboral y comunitario, con la mira puesta en el empleo verde.

En su balance de la reforma, destacó avances de la Ley 2466 de 2025, que recuperó derechos y beneficios en trabajo nocturno y días de descanso, impulsó medidas de formalización sobre contratación, pagos salariales, prestaciones y aportes a seguridad social, y reforzó la protección a colectivos discriminados.

También incluyó reglas sobre:

• Duración y condiciones de los contratos.
• Permisos remunerados.
• Jornadas flexibles para equidad de género y cuidado.
• Supervisión humana con límites a los automatismos.
• Beneficios por creación de empleo y ruta de empleabilidad.

A ese paquete se suman normas expedidas desde 2020 sobre:

• Reducción de la jornada laboral.
• Fortalecimiento de licencias de maternidad, paternidad y fueros parentales.
• Regulación del trabajo remoto y el teletrabajo.

Pese a ello, la implementación abrió inquietudes sobre costos laborales, operación de sistemas de registro, pago y control, capacidad estatal de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), y ajustes internos en las empresas.

El Ministerio de Trabajo respondió con actos de menor jerarquía que dan instrucciones y directrices, pero no reglamentan la ley. Dentro de ellos figuran:

• Circular 083 de 2025: sobre contratos de aprendizaje.
• Circular 093 de 2025: sobre aportes a pensión y riesgos laborales por periodos inferiores a un mes.
• Resolución 010 de 2026 del Ministerio de Salud: fija para los internos de programas de medicina un pago no inferior a un salario mínimo por máximo un año.
• Circular 101 de 2025: sobre jornada y descansos.
• Circular 057 de 2026: sobre modalidades de contratos y efectos de su terminación.
• Circular 048: sobre debido proceso disciplinario.
• Circular 031 de 2026: sobre cuidado en el ámbito laboral.

Ese recorrido deja una base normativa ya trazada, pero mantiene abiertos varios desarrollos. El siguiente paso pasa por completar las reglas pendientes con participación de los trabajadores y con una orientación ajustada a los valores constitucionales.