Juliana Guerrero habría pedido en un audio reforzar su seguridad sin previo estudio: sindicato de la UNP expresó su rechazo a la petición

Un audio atribuido a Juliana Guerrero, señalada por presuntos actos de corrupción en la administración de Gustavo Petro, en el que pidió ajustes en su estudio de riesgo para reforzar su esquema de protección, causó revuelo en redes sociales durante la jornada del jueves 6 de agosto de 2026, a un día de que finalice el actual Gobierno. Según la versión que circuló, la joven habría tenido un protagonismo inusitado por denuncias en su contra.

En la grabación, de cerca de 41 segundos, la voz dice que recibió un mensaje “del señor presidente” enviado por Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, y plantea cambiar su condición de “funcionaria” por la de “activista” o “líder política” para “justificar” el esquema y reforzarlo: al parecer, sin tener que someterse a un nuevo estudio en el que se evalúen los riesgos.

“Vale, mire, es que acabo de recibir un mensaje del señor presidente que le envió Augusto Rodríguez para, me imagino, cambiar como mi tipo de cosas, no sé... funcionaria, sino activista y líder política, para poder justificar mi esquema y reforzármelo”, se escucha en el fragmento que comenzó a circular en las redes sociales y que desató una ola de cuestionamientos contra la mujer, imputada en la Fiscalía.

Sindicato de la UNP denunció tráfico de influencias por esquema asignado a Juliana Guerrero

En respuesta también salió a la luz una carta del sindicato de la Unidad Nacional de Protección y las Uniones Temporales UT-UNP, firmada por su titular, Wilson Devia, y fechada del 4 de agosto, en la que denunció presunta falsedad, tráfico de influencias y extramilitación de funciones de servidores públicos por la asignación de esquemas de seguridad, al parecer, de manera irregular a Juliana Guerrero.

La comunicación está dirigida a Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal General de la Nación; a Gregorio Eljach Pacheco, procurador General de la Nación; y a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el fin de que se le dé trámite a esta acusación, que terminó conociéndose a solo horas de que se registre el cambio de Gobierno y asuma Abelardo de la Espriella.

El sindicato pidió que las autoridades establezcan si hubo alguna conducta delictiva en la asignación de ese esquema de seguridad estatal a Guerrero y vinculó a esta denuncia, como acusados, a Rodríguez como director de la UNP, al presidente Petro y a Nancy Yolima Rumie Guevara, asesora del Ministerio del Interior y presidenta del comité de evaluación del riesgo y recomendación de medidas (Cerrem).

Según la misiva, compartida por la periodista Vanessa de la Torre, al sindicato le entregaron una grabación “donde se escucha una voz al parecer de Juliana Guerrero”. A partir de ese material, Devia sostuvo que la persona encargada del estudio de nivel de riesgo habría recibido una solicitud para modificar el tipo de población objeto con el que se sustentaba la protección, sin cumplir con el proceso.

Argumentos sobre presunto uso indebido de los recursos públicos

El sindicato afirmó que la analista de riesgo habría recibido presiones para llevar el caso ante el Cerrem. En su relato, esa gestión ocurriría antes de que terminara el periodo presidencial de Petro y, tal como se escuchó en la grabación, debían hacerse cambios en el estudio de riesgo. Para la organización, esas manifestaciones podrían configurar una extralimitación de funciones o un abuso de la función pública.

Uno de los puntos que expuso el documento fue el costo del esquema. “Estos hechos generan trascendencia, toda vez que en un esquema de seguridad de la unidad de protección con un vehículo blindado y 2 escoltas cuestan aproximadamente 600.000.000 millones de pesos mensuales, que son pagos con recursos del Estado”, expresó Devia en la comunicación enviada a los entes de control.

En el documento, el denunciante sostuvo que, de forma presuntamente irregular, funcionarios y asesores estarían interviniendo en la evaluación para alterar la población objeto y sostener medidas de protección. El sindicato pidió revisar si hubo presión sobre procesos internos de la Unidad Nacional de Protección y sobre los análisis de riesgo que definen la asignación de los esquemas de seguridad.

Los antecedentes judiciales y políticos de Guerrero

Es válido destacar que entre los cargos que le imputaron a Juliana Guerrero se destacan los de presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por documentos académicos falsos que habría anexado a su hoja de vida. Ese expediente avanzó el 22 de julio de 2026, cuando la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra, en una audiencia que continuará el 20 de agosto.

A esto se suma la controversia por una presunta red de corrupción y tráfico de influencias para la adjudicación de contratos públicos. Producto de este nuevo escándalo, la mujer renunció el 27 de julio de 2026 a su puesto en el Consejo Superior de la Universidad del Cesar, el único cargo que la seguía atando al actual Gobierno, que ahora tendrá que afrontar, en sus últimas horas, nuevos señalamientos.