Cayó banda que manipulaba cajeros automáticos para robar tarjetas con el famoso ‘cambiazo’: operaba en Bogotá y otras ciudades

Durante varios años, usuarios de cajeros automáticos en Bogotá, municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país habrían estado expuestos a una modalidad de hurto cuidadosamente planeada. Detrás de aparentes fallas en los equipos, según la Fiscalía General de la Nación, existía una estrategia para observar las claves de las víctimas, quedarse con sus tarjetas y posteriormente retirar dinero o hacer compras.

La investigación permitió judicializar a cinco presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como Los Quintis, señalada de desarrollar esta modalidad entre 2023 y 2026. De acuerdo con el ente acusador, la estructura estaría vinculada con 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.

Las pérdidas atribuidas a estas acciones superarían los 1.200 millones de pesos. Esa cifra, explicó la Fiscalía, incluye tanto el dinero retirado o utilizado mediante las tarjetas obtenidas con engaños por las víctimas como los gastos que debieron asumir las entidades financieras para reparar los cajeros alterados.

La modalidad comenzaba incluso antes de que aparecieran las víctimas. Conforme al material recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), algunos de los presuntos implicados intervenían previamente los cajeros automáticos utilizando sustancias adhesivas para provocar una aparente falla durante las transacciones cuando una persona intentara retirar dinero. Mientras tanto, otros integrantes permanecían cerca del lugar observando el movimiento o fingían ser usuarios del cajero con el propósito de generar confianza entre quienes llegaban a utilizar el servicio. Cuando alguna persona encontraba dificultades para completar la operación, los sospechosos se acercaban con el ofrecimiento de ayudar.

Ese momento era aprovechado para observar la clave y ejecutar el denominado “cambiazo”, mediante el cual sustituían la tarjeta original por otra sin que lo notaran. Después, otros miembros de la organización habrían utilizado las tarjetas obtenidas para retirar dinero o realizar compras en diferentes establecimientos del país.

Durante la presentación del caso, la Fiscalía sostuvo que estas acciones presuntamente se desarrollaban en espacios públicos y a plena luz del día, por lo que cualquier usuario podía convertirse en víctima de la maniobra. La investigación señala que la estructura habría operado entre 2023 y 2026 en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país.

La entidad también advirtió sobre el perfil de las personas seleccionadas por los investigados. “La mayoría de las víctimas que abordan son personas adultas mayores”, señaló la Fiscalía durante la audiencia. En esa misma diligencia, la delegada del ente investigador explicó que el objetivo habría sido “obstaculizar los cajeros automáticos para crear el escenario perfecto” y posteriormente efectuar el cambiazo de las tarjetas.

Por estos hechos fueron judicializados Miguel Ángel Paredes Daza, Laura Valentina Orozco Romero, Jonathan Yesid Rojas Castiblanco, Héctor Javier Bautista Vargas y Anderson Steve Sánchez Aguilar, quienes son señalados de participar en las actividades atribuidas a la estructura delincuencial. Según el papel que cada uno desempeño dentro de la organización, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada.

En el caso de Anderson Steve Sánchez Aguilar, el ente acusador agregó cargos relacionados con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. La entidad indicó que durante el procedimiento de captura le encontraron una escopeta apta para disparar, munición calibre 16 y varios cartuchos para los cuales, presuntamente, no contaba con autorización.

Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Tras evaluar los elementos presentados durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial por los hechos que les atribuyen las autoridades.