Red de Veedurías de Colombia le puso la lupa al proceso de elección del nuevo contralor General y pidió la renuncia de una candidata

La Red de Veedurías de Colombia pidió en la jornada del miércoles 5 de agosto de 2026 la renuncia inmediata de Ana Helena Molsalvo a su candidatura para la Contraloría General de la República, al sostener que su participación en el equipo de empalme del Gobierno nacional entrante compromete la independencia del órgano de control fiscal y podría derivar, incluso, en cuestionamientos de orden constitucional.

La organización señaló en su argumentación que la elección del nuevo contralor estaba en curso desde el 16 de marzo y, según expuso, Molsalvo fue designada a finales de junio como coordinadora del sector Hacienda dentro del empalme del gobierno electo. En consecuencia, para la veeduría esa doble condición rompió la igualdad frente a los demás aspirantes, de cara a la elección, el 12 de agosto.

Pablo Bustos, presidente de la Red, afirmó que la aspirante “no debió integrar el equipo de empalme del Gobierno electo” y que también “no debió ser nombrada para esa responsabilidad” por su condición previa de candidata a la Contraloría. En ese sentido, su participación en el empalme del sector que concentra el manejo económico del Gobierno afectaría los procesos de autonomía e independencia.

Bustos: la no separación de poderes pone en riesgo el equilibrio institucional

El presidente de la organización sostuvo que una eventual elección de la candidata abriría paso a una “Contraloría de bolsillo”. En su planteamiento, eso implicaría la ruptura del principio de separación de poderes y convertiría el control fiscal en un control de “yo con yo”, por lo que encendió las alarmas frente a su presencia en el listado de 10 candidatos al cargo de control fiscal, para la vigencia 2026-2030.

La advertencia de Bustos está enfocada, entonces, en lo que sería el presunto vínculo entre la futura jefatura del órgano de vigilancia y una función reciente dentro de la transición del Gobierno entrante. Para la veeduría, ese antecedente desdibujaría la independencia histórica que, en su concepto, debe existir entre la Contraloría General de la República y la administración pública.

Por ello el veedor reiteró que la permanencia de Molsalvo en la contienda, después de haber coordinado el sector Hacienda en el empalme, “haría no solamente inconveniente, sino eventualmente inconstitucional su elección”. En la misma declaración, señaló que esa situación “haría más fácil el terreno para la corrupción”, en señalamientos que han abierto un debate con este postulado.

Asimismo, la organización también afirmó que el caso debilitaría las garantías institucionales necesarias para combatir ese fenómeno. Su argumento es que el máximo órgano de vigilancia fiscal perdería autonomía para ejercer un control efectivo sobre el Gobierno Nacional.

Veeduría hizo urgente llamado a preservar la legitimidad del proceso

En su pronunciamiento, la veeduría calificó el escenario como “altamente reprobable y antipatriótica” porque, según su lectura, desdeña los valores públicos asociados a la lucha contra la corrupción. Bustos agregó que esa causa representa “la esperanza de todos los colombianos” y, en particular, de los que han impulsado acciones ciudadanas en defensa de la transparencia.

De esta manera, el reclamo incluyó una solicitud directa a las autoridades competentes y a quienes intervienen en la elección del contralor General. La veeduría pidió que se garantice el respeto por los principios de independencia, transparencia, igualdad de condiciones y separación de poderes, con miras a una escogencia que está prevista para la fecha citada, cuando el Congreso en pleno se reúna.

De acuerdo con este colectivo ciudadano, esos criterios son necesarios para preservar la legitimidad y la credibilidad del máximo órgano de control fiscal del país.

En su perfil profesional, Monsalvo es economista y administradora, con más de dos décadas de experiencia en gestión fiscal y administración pública en Colombia. Ha ocupado cargos estratégicos en entidades como Colpensiones, Asocapitales, el Ministerio del Trabajo y la Presidencia y también se ha destacado como contralora Delegada para Economía y Finanzas Públicas del organismo de control.