Enrique Gómez cuestionó el decreto del Gobierno Petro sobre ‘bonificaciones recreativas’ en la Procuraduría: “Comprarle impunidad al Pacto Histórico”

El senador de Salvación Nacional Enrique Gómez cuestionó la reciente expedición —a dos días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella— del Decreto 0966 del 4 de agosto de 2026 que otorga una “bonificación especial de recreación” a los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación.

Tal medida no agradó a los opositores del Gobierno Petro, especialmente, luego de los reportes negativos de las mesas técnicas con los que concluyó el empalme anticorrupción liderado por el equipo designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, que reveló un hueco fiscal de 30 billones de pesos.

Por eso, el senador Gómez señaló que la medida, firmada por Germán Ávila y Cielo Rusinque — ministro saliente de Hacienda y ministra encargada de Justicia, así como directora de la SIC— busca beneficiar a servidores públicos afines al gobierno saliente de Gustavo Petro.

En su perfil de X, Gómez afirmó que la decisión representa “la manera en la que Gustavo Petro pretende seguir perpetuando su desgobierno después del 7 de agosto, además de comprarle impunidad a su Pacto Histórico”.

Para el dirigente, el otorgamiento de bonificaciones a través de decretos de última hora estaría dirigido a influir en la gestión del próximo gobierno y dificultar la labor del nuevo Ejecutivo.

Por ende, en su reacción, Gómez advirtió al presidente saliente que “su estrategia de echarse al bolsillo servidores públicos con prebendas de última hora para entorpecer labores en el nuevo gobierno, no va a funcionar”.

Además, el senador confirmó que el nuevo equipo de De la Espriella llevará a cabo rigurosas auditorías forenses para exponer la legalidad y el trasfondo de estas disposiciones administrativas.

El decreto, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dapre), establece que los empleados públicos de la Procuraduría recibirán una bonificación equivalente a tres días de asignación básica mensual por cada período de vacaciones, en condiciones análogas a las de la Rama Ejecutiva.

Dicha medida estipula la extensión del beneficio a “los empleados públicos de la Procuraduría General de la Nación”, con el cual se brindará una Bonificación Especial de Recreación “equivalente a tres (3) días de asignación básica mensual, en condiciones análogas a las previstas para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público y demás entidades beneficiarias de dicha prestación, en concordancia con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional Estatal 2025”.

El Decreto 0966 señala, además, que la bonificación no constituye factor salarial y se pagará antes del inicio del descanso remunerado o cuando las vacaciones se compensen en dinero.

Asimismo establece que el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dapre) es el único órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional, y prohíbe a otras autoridades modificar el régimen establecido.

Enrique Gómez acusó a la política de Paz Total de ser un “concierto sistemático para delinquir”

Horas antes, en sus redes sociales, el senador Enrique Gómez lanzó fuertes cuestionamientos contra la política de Paz Total impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro, a la que calificó como un “concierto sistemático para delinquir”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Gómez acusó a exfuncionarios y actuales integrantes del Ejecutivo de favorecer actuaciones contrarias a la ley mediante el diseño e implementación de esta política pública.

En su pronunciamiento, el congresista sostuvo que dicha política no cumplió los objetivos presentados por el Gobierno nacional y señaló como responsables a varios exfuncionarios y personas vinculadas al proceso de diálogo.

Entre los nombres mencionados figuran Danilo Rueda, exalto comisionado para la paz, y Otty Patiño, actual alto comisionado, a quienes atribuyó decisiones adoptadas dentro de la estrategia gubernamental para negociar con organizaciones armadas ilegales.

Gómez también hizo referencia a exintegrantes del movimiento M-19 que luego ocuparon cargos en entidades estatales, como Javier Pava Sánchez, que desempeñó funciones en el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El senador agregó a la lista a Manuel Alberto Casanova, Carlos Ramón González, René Guarín y Wilmer Mejía, vinculados a la estructura administrativa gubernamental durante el desarrollo de la política.

El congresista señaló que algunas de estas personas participaron en la creación e implementación de las Zonas de Ubicación Temporal, espacios que, según su versión, permitieron la permanencia de integrantes de organizaciones armadas ilegales en condiciones propicias para la continuidad de actividades ilícitas.