El concejal de Cali Juan Martín Bravo denunció y reprochó en sus redes sociales la adjudicación de un contrato por cerca de $1.200 millones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), destinado a financiar un plan de bienestar para funcionarios y sus familias.
Según la denuncia —con documentos— que publicó el cabildante, estos recursos, asignados bajo el proceso JEP-CSPO-0752-2026 y denominado Plan de Bienestar 2026, no están enfocados en la atención a víctimas, sino en la mejora de la “calidad de vida” de la burocracia de la justicia transicional.
De hecho, el objetivo directo de la medida es “contratar la prestación de servicios de bienestar social laboral para el mejoramiento de las capacidades, competencias, calidad de vida, componente asistencial, psicosocial, recreación, deporte y cultura, para los servidores y servidoras de la Jurisdicción Especial para la Paz y su núcleo familiar”.
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El contrato, adjudicado el 25 de julio y vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, contempla la ejecución de actividades como encuentros institucionales, vacaciones recreativas, boletas de cine, torneos deportivos, caminatas ecológicas, talleres de cocina y manualidades, así como inscripciones a competencias de atletismo y actividades lúdicas para los hijos de los servidores.
El concejal Bravo cuestionó abiertamente el destino de estos fondos: “Mientras miles de víctimas continúan esperando verdad, justicia y reparación, la JEP sí encontró casi $1.200 millones para financiar paseos, cine, comida, vacaciones y entretenimiento para su burocracia y sus familias”.
Los detalles del contrato
Entre los rubros más destacados figuran $331 millones para un encuentro institucional, $290 millones para vacaciones recreativas y $216 millones para boletas de cine con combos de comida.
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El detalle de los gastos incluye $101 millones para torneos deportivos, $111 millones para caminatas ecológicas, $50 millones para talleres de cocina, $41 millones para atletismo y $16 millones para manualidades, además de otras actividades como fútbol, bolos, natación, billar, minitejo y karts. El contrato fue firmado por Juan David Olarte Torres como ordenador del gasto y por Juan Pablo Salazar Gómez, gerente general de Compensar.
De acuerdo con los documentos y los datos que conoció la auditoría ciudadana Busca Secop, la contratación se realizó bajo el régimen especial, con una sola propuesta válida presentada por Compensar, tras la invitación a varias cajas de compensación familiar.
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La oferta de Compensar, radicada el 12 de junio de 2026, fue la única que cumplió con la totalidad de los requisitos, lo que resultó en la adjudicación del contrato sin pluralidad de oferentes.
La auditoría informó que el proceso fue supervisado y avalado por Francy Elena Palomino Millán, subdirectora de Talento Humano de la entidad, que firmó tanto la certificación de inexistencia de personal interno para ejecutar las actividades como el acta de inicio y la supervisión del contrato.
El dinero destinado a este plan de bienestar permanece sin ejecutar y está previsto para ser pagado en una sola cuota el 31 de diciembre de 2026, según el registro presupuestal. Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil suman más de $3,7 millones, un valor superior al que muchas entidades destinan en un año para actividades similares.
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“LAS PÓLIZAS COSTARON MÁS QUE LO QUE MUCHAS ENTIDADES INVIERTEN EN UN AÑO DE BIENESTAR. Liberty Seguros expidió dos pólizas el 27 de julio de 2026. Póliza de cumplimiento No. 2090220 a favor de la JEP: prima de $2.659.247 más IVA, total $3.176.403. Póliza de Responsabilidad Civil No. 2090118: prima de $463.390 más IVA, total $563.334. Total pagado en seguros: $3.739.737 por un contrato de entretenimiento”, puntualizaron desde la auditoría.
El concejal Bravo y la auditoría ciudadana plantearon varios interrogantes sobre la transparencia del proceso, la ausencia de pluralidad real de ofertas y el rol de los funcionarios responsables de la contratación y supervisión.
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El llamado de atención de la auditoría ciudadana
Además, llamaron la atención sobre el contraste entre los recursos asignados para el bienestar de los trabajadores y la persistente insatisfacción de las víctimas del conflicto en materia de verdad, justicia y reparación.
En particular, porque hasta el momento el salgo no ha sido pagado, y deberá ser desembolsado apenas concluya el contrato.
“El Registro Presupuestal 570326 del 23 de julio de 2026 comprometió $1.199.969.164 para ser pagados en una sola cuota el 31 de diciembre de 2026. Todo el valor está pendiente de ejecución y pendiente de pago. La línea de pago es “ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF (sic)”, complementaron en la auditoría.
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De la misma manera, indicaron que los documentos que revisaron incluyen la tabla de referencia de contratos recientes de Compensar con otras entidades.
“Entre los listados aparece: UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS (UBPD) con contrato No. 460-2025-UBPD por $721.246.000 con Compensar para bienestar de sus funcionarios. La entidad que busca desaparecidos del conflicto también le paga a Compensar paseos y cine (sic)”.
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