Daniel Briceño le puso la lupa a procesos de contratación en la UNP: elevó urgente petición a la Procuraduría para que frene el “carrusel”

El representante a la Cámara Daniel Briceño pidió el martes 4 de agosto de 2026 a la Procuraduría General de la Nación una intervención urgente sobre el proceso de provisión de empleos de planta en la Unidad Nacional de Protección (UNP), al advertir que la entidad podría dejar “amarradas” a más de 400 personas como empleados provisionales, en medio de procedimientos que calificó como irregulares.

La solicitud del congresista del Centro Democrático planteó que el riesgo no es solo administrativo, pues una designación irregular, sostuvo, puede afectar funciones ligadas a la protección de personas amenazadas. De esta manera, informó que le pidió al jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, abrir una actuación preventiva frente a la planta de personal de la UNP, a cargo de Augusto Rodríguez.

“Van a dejar amarradas más de 400 personas a última hora como provisionales con procesos absolutamente cuestionados”, reiteró el parlamentario, que además reclamó que el órgano de control exija a la UNP, en un plazo de 48 horas, información certificada sobre el número de candidatos evaluados, las órdenes expedidas para exámenes médicos y la existencia de actas o vacantes desiertas.

También que se sirva a informar cualquier otra actividad preparatoria o de estructuración de listas de aspirantes, en el sentido de que la discrecionalidad del nominador no autoriza “el diseño arbitrario del procedimiento” y tampoco releva a la administración de sus deberes de planeación, documentación y transparencia; en otras palabras, la ampliación del número de funcionarios con los que cuenta la entidad.

Daniel Briceño pidió revisar presupuesto, verificación y publicidad del proceso

En su petición a la Procuraduría, el congresista sostuvo que la ampliación de la planta “carece de sustento presupuestal suficiente” y pidió verificar si existe marco fiscal y presupuestal para la creación de nuevos cargos. A su vez, en un segundo punto, se refirió a la naturaleza de las funciones de la UNP y señaló que la entidad cumple tareas esenciales para la garantía de derechos fundamentales.

Briceño está convencido de que una provisión irregular de cargos “puede poner en riesgo la protección de personas amenazadas”. A esto se suma el proceso de selección, pues en el documento se advirtieron inconsistencias en la verificación de requisitos y en la valoración de méritos, requisitos, experiencia y formación de los aspirantes, que llegarían a la entidad en la recta final del Gobierno Petro.

En ese orden de ideas, Briceño le pidió al procurador abrir una actuación preventiva formal sobre el proceso de provisión de la planta de la UNP prevista en el Decreto 020 de 2026. La consecuencia que plantea es doble: frenar nuevos nombramientos mientras se revisa la legalidad del trámite y asegurar la trazabilidad documental de las decisiones ya adoptadas o en curso, en este periodo de transición.

Entre las medidas pedidas por el congresista se destaca una advertencia preventiva, escrita al director general Rodríguez, para que adopte el cronograma de vinculación y restablezca la publicidad procesal antes de formalizar nuevos nombramientos. En ese sentido, también solicitó una visita de inspección preventiva a la Dirección de Talento Humano y a la Oficina Asesora de Planeación.

Esa diligencia buscaría, según el representante, asegurar la trazabilidad digital y documental de las convocatorias abiertas entre el 22 de junio de 2026 y la fecha de la inspección, así como de actas de aprobación de protocolos, estudios técnicos, conceptos jurídicos previos sobre creación de cargos y actos administrativos de designación, en relación con los protocolos GTH-PT-01 y GTH-PT-19.

Asimismo, el representante Briceño pidió a la Procuraduría solicitar la relación de antecedentes contractuales de los que aspiran a ocupar los cargos de la planta ampliada, con indicación de eventuales investigaciones disciplinarias o fiscales, además del resultado de exámenes de confiabilidad y pruebas de seguridad. Ese control, según la petición, debe efectuarse conforme al referido decreto.

El apoyo jurídico de las peticiones hechas por Daniel Briceño a la Procuraduría

En el documento reclamó que se recomiende a la dirección de la UNP abstenerse de expedir nuevos actos de nombramiento hasta que se verifique el cumplimiento de los principios de transparencia, mérito y legalidad en los procesos de provisión; y para tal fin, el representante citó el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 y recordó que los actos discrecionales deben ser adecuados a los fines de la norma.

Según dijo Ese control “resulta imposible sin un ordenamiento previo, criterios objetivos y registro público”. Además, en la comunicación enviada al órgano de control disciplinario invocó la sentencia T-430 de 2017 para insistir en que las autoridades deben resolver de manera material las solicitudes que se les formulen, con respuestas completas, sin acudir a fórmulas evasivas o ambiguas.

A su reclamo el congresista sumó el artículo 209 de la Constitución Política, que fijó los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad para la función administrativa. Y destacó que la información requerida tiene interés público y es necesaria para el ejercicio del control político y la vigilancia sobre la gestión pública en una entidad considera crucial.