Exministro de Justicia de Petro lanzó clara advertencia al Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre crisis carcelaria: “Fue un error...”

La crisis carcelaria en Colombia no tiene una salida inmediata, pero no está al borde de un colapso absoluto. Con esta apreciación, el exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se refirió a la situación de los centros de reclusión del país, a las puertas de la llegada del nuevo Gobierno, aunque también reconoció que, como es evidente, existen problemas de fondo en hacinamiento, infraestructura y control institucional que merecen una atención pronta.

Cuervo, en respuesta al editorial del diario El Tiempo, afirmó que la crisis pasa por un sistema con capacidad de 80.000 cupos, hoy sobrepasada, un hacinamiento de 27%, una presión constante sobre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la necesidad de decisiones de fondo para desactivar, como lo sugirió el citado medio, una bomba carcelaria en el país, siendo este uno de los temas prioritarios de cara al próximo cuatrienio.

“El hacinamiento de 27% se corrige enviando a casa a cerca de 20.000 personas que no tienen una sentencia condenatoria, pero ningún Gobierno se dará la pela con eso. Ochenta mil cupos es la capacidad del sistema, hoy sobrepasado”, afirmó el exmiembro del actual gabinete, al que el saliente jefe de Estado le pidió la renuncia por una serie de diferencias con respecto a la política de Paz Total del Ejecutivo y la postura sobre la constituyente.

Es necesaria una intervención profunda al sistema, según Jorge Iván Cuervo

En efecto, mencionó revisar la situación de cerca de 20.000 personas sin condena, invertir en infraestructura y aplicar medidas de mediano y largo plazo como las previstas en el Conpes 4157 de 2025. Con ello, el extitular de la cartera contrastó el mencionado editorial, en el que se habló de cómo existe un panorama crítico del sistema penitenciario y carcelario y pidió evitar lecturas absolutas sobre una supuesta falta total de acciones.

“Fue un error desde un principio no haber aumentado los grupos carcelarios, al final, tres nuevos centros y ampliación de otros, corrigen esa decisión”, dijo el exministro, que sostuvo con ello que parte del rezago obedece a decisiones que, a su juicio, debieron adoptarse antes, incluso por administraciones anteriores, con el propósito de mejorar las condiciones en los diferentes establecimientos penitenciarios, que se convirtió en un ‘dolor de cabeza’.

Otro de los puntos expuestos por Cuervo fue la detención transitoria en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía, siendo una carga que no debe recaer de manera principal sobre el sistema. “Los Centros de Detención transitoria deben ser un problema de las entidades territoriales. El Inpec recibe cerca de 600 personas a la semana pero no alcanza, se necesita inversión territorial y recursos del SGP para ello”.

A su vez, en su postura, también hizo énfasis en la responsabilidad de las gobernaciones y alcaldes, a las que atribuyó un papel trascendental en la financiación y manejo de esos espacios. Con ello, la congestión no se explica solo por las cárceles, sino también por la falta de respuesta local en la detención previa al ingreso al sistema penitenciario; lo que también ameritaría, según su perspectiva, una reforma integral al sistema judicial.

Las medidas que Cuervo presenta como respuesta a la crisis carcelaria en Colombia

En sus publicaciones en la red social X, Cuervo también defendió instrumentos que, según dijo, ya trazan una ruta de trabajo sobre el Conpes 4157 de 2025. “Se definió la hoja de ruta para humanizar el sistema penitenciario. Se necesita inversión en infraestructura y condiciones de resocialización”, destacó, en lo referente a un documento que define la Política para la Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia 2025-2033.

Del mismo modo, el exministro insistió en que ese tipo de herramientas no ofrece resultados inmediatos. “Son soluciones de mediano y largo plazo. No hay fórmulas mágicas, no hay milagros”, señaló Cuervo, que también mencionó el Decreto 851 de 2024, centrado en la restricción de comunicaciones no autorizadas dentro de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron), que simplificó el marco regulatorio en los penales.

De esta forma, lo presentó como una respuesta frente a la extorsión desde prisión. “Con el Decreto 851/24, se pudieron inhabilitar cientos de celulares y tarjetas SIM en centros penitenciarios y esto llevó a la reducción de la extorsión”, expresó el extitular de Justicia, que pidió discutir la crisis a partir de decisiones posibles y responsabilidades concretas y evitar visiones extremas que dificultan la comprensión del problema.