Petro denunció supuesta red internacional que se financia con dinero público y de la mafia para desprestigiar su gobierno: “Fiscalía tiene las pruebas”

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció en su cuenta oficial de X la existencia de una presunta red internacional que, según sus declaraciones, ha operado con fondos públicos de Medellín y recursos provenientes de la mafia para impulsar una campaña de desprestigio contra su gobierno.

Petro afirmó haber presentado pruebas ante la Fiscalía General y señaló que las operaciones estarían dirigidas a influir ilegalmente en la opinión pública y el escenario político nacional.

“Fondos internacionales con dineros públicos de Medellín y de la mafia par desprestigiar el gobierno. Aquí presento pruebas que ya tiene la fiscalía general en la campaña de desprestigio e Iván Cepeda en plena campaña (sic)”, afirmó.

Según la publicación de Petro, el entramado financiero incluye aportes de empresarios y políticos colombianos en el exterior, quienes habrían constituido un fondo destinado a financiar el portal digital Petroleaks.

El mandatario sostiene que esa plataforma habría difundido contenidos a través de miles de “bots”, perfiles falsos y personas pagadas, con el objetivo de manipular a los usuarios de redes sociales e incidir en el debate público mediante información falsa. Para Petro, esta supuesta estrategia buscaba afectar la imagen de personas, gobiernos y proyectos políticos legítimos.

En su mensaje, Petro identificó a Juan Ricardo Palacio Escobar y al ciudadano italiano Andrea Baggio como los supuestos responsables detrás de Petroleaks.

De acuerdo con sus afirmaciones, la plataforma era gestionada bajo las empresas Grupo Digital Recovery y Reputación Up, firmas que tendrían operaciones en Estados Unidos, Colombia, Panamá, Brasil, España e Italia.

El mandatario colombiano añadió que estas compañías ofrecían supuestos servicios tanto a clientes privados como a entidades públicas, incluyendo la transferencia de fondos sin utilizar el sistema financiero colombiano.

El presidente señaló que el centro operativo de esta estructura se encuentra en Estados Unidos, donde los movimientos financieros evitarían el control fiscal y bancario nacional, lo que podría constituir delitos de evasión de impuestos y lavado de activos.

“Cuentan con clientes privados y entidades públicas y lo que venden es el servicio de transferir recursos sin el uso del sistema financiero colombiano (sic)”, indicó.

Petro aseguró que los recursos eran transferidos desde empresas vinculadas a Palacios y Baggio en Colombia hacia cuentas personales en el exterior, lo que, según su versión, dificultaba el rastreo del dinero y facilitaba su desvío hacia otros fines.

Entre los aportantes citados por Petro figuran Detech Les SAS y el Partido Centro Democrático, con movimientos por cerca de mil millones de pesos.

El mandatario vinculó a Luis Javier García Correa, identificado como militante del Centro Democrático de Antioquia, con la propiedad de Detech. Además, mencionó a Álvaro José Londoño Mejía, quien habría realizado transferencias próximas a las elecciones locales de 2023 y a quien señaló como financiador del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Antioquia, para el año 2023 cerca de las elecciones locales también movió dinero el señor, Álvaro José Londoño Mejía, uno de los financiadores del actual gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón (sic)”, indicó.

El pronunciamiento de Petro incluyó la mención de otros movimientos financieros relevantes. Destacó una transferencia de casi 400.000 millones de pesos de OPL Carga SAS a empresas de Palacios, mientras la Fiscalía investigaba a esa compañía por corrupción privada y reportaba varias transacciones sospechosas.

La denuncia también abarca a Inversiones Rodríguez Fuentes LTDA, empresa vinculada —según Petro— con Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias “comandante Barbie”, a quien el mandatario ubicó como persona de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”.

Según el presidente Petro, desde la creación de las empresas de Palacios y Baggio se registraron transferencias de Isacol SAS y Trasmeba Carga SAS, compañías que, de acuerdo con sus declaraciones, han sido señaladas por presunto comercio de más de 300 toneladas de cocaína.

Petro afirmó que en las fechas cercanas a procesos electorales, las empresas de Palacios recibieron recursos de entidades públicas. Especificó una transferencia de casi 1.200 millones de pesos de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), entonces dirigida por Mateo Benítez González, funcionario que, según el presidente, mantiene una relación cercana con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario incluyó en su publicación preguntas sobre las motivaciones de estos movimientos de dinero y el papel de empresas dedicadas a la gestión de reputación y eliminación de contenido digital en redes sociales y computadoras.

Según lo expuesto por Petro, los fondos habrían sido canalizados hacia firmas con presencia en Medellín que, además de ofrecer servicios tecnológicos, estarían involucradas en la manipulación de información y la alteración del entorno digital.

En su publicación, Gustavo Petro aseguró que las pruebas relacionadas con estos hechos ya fueron entregadas a la Fiscalía General.