La Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá declaró culpable a Carlos Caicedo el 29 de julio de 2026 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena recibió una condena de 117 meses de prisión y una multa superior a $4.400 millones.
Según Noticias Caracol, el fallo también impone una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la condena y descarta la posibilidad de un mecanismo sustitutivo como la casa por cárcel.
Las consecuencias del proceso judicial contra el también excandidato presidencial Carlos Caicedo impactaron de manera directa a las finanzas y al sistema de salud de Santa Marta. Así lo afirmó el abogado de la Alcaldía, Julián Quintana, que aseguró que la reciente sentencia judicial evidencia irregularidades en la gestión de contratos para la intervención de centros de salud de la ciudad, de acuerdo con La FM.
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El fallo judicial, según Quintana, describe un perjuicio económico de cerca de $5.000 millones para el distrito. Además del efecto financiero, el abogado destacó que la prestación del servicio de salud resultó afectada, ya que los centros intervenidos dejaron de funcionar durante las obras.
El proceso que involucra a Caicedo se originó por un contrato destinado a remodelar varios centros de salud. Sin embargo, la sentencia determinó que, en vez de ser remodelados, los centros fueron demolidos. De acuerdo con el abogado, esta modificación en el objeto contractual generó dificultades en la atención de pacientes y obligó a realizar un segundo contrato, que tampoco logró concluir las obras.
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La sentencia, de 112 folios, expone el análisis de pruebas presentadas por la Fiscalía y detalla las supuestas irregularidades cometidas durante la contratación. Quintana sostuvo que la decisión judicial señala la responsabilidad directa del exalcalde en estos hechos, aunque anticipó que la defensa de Caicedo presentará una apelación.
El abogado aseguró que la representación de víctimas confía en que el tribunal de segunda instancia confirmará el fallo. Según sus palabras, “existen argumentos muy contundentes que vamos a sacar en esa sustentación para que en segunda instancia, y en nuestra expectativa, se confirme la sentencia”.
En respuesta a la pregunta sobre la situación actual de Carlos Caicedo, el abogado explicó que el exalcalde enfrenta no solo este proceso, sino también cinco juicios en marcha y una etapa de alegatos relacionada con el caso de los parques de Santa Marta, prevista para octubre.
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Pruebas y participación de funcionarios
Durante el juicio, la Fiscalía presentó una amplia variedad de pruebas, entre las que se incluyen dictámenes contables, testimonios de funcionarios, peritos contractuales y documentación emitida por el Ministerio de Salud y diversas curadurías. Quintana detalló que estos documentos evidenciaron la inexistencia de estudios previos y la ausencia de permisos y licencias para ejecutar las obras.
Según el abogado, los testimonios de miembros de la junta directiva del hospital y de servidores públicos de la Alcaldía fueron determinantes para demostrar las anomalías. Además, indicó que estos dictámenes contables permitieron establecer que algunos puestos de salud nunca se terminaron, incluso después de la firma de un segundo contrato.
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Quintana valoró la actuación de la Fiscalía en el caso, considerándola eficaz frente a los cuestionamientos que surgieron durante la investigación. En sus palabras, “la Fiscalía hizo un muy buen trabajo”, remarcando la importancia de que la justicia en Colombia, aunque demore, finalmente actúa.
En cuanto a su labor como representante de víctimas, el abogado señaló que participa también en otras investigaciones distintas a las adelantadas en nombre de la Alcaldía. Mencionó denuncias por presuntos hechos de acoso y un caso de presunto abuso sexual contra una menor, procesos en los que, según sus declaraciones, ha sido objeto de ataques y amenazas por parte del exalcalde.
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El abogado insistió en que continuará su trabajo en defensa de la justicia y reiteró que la lucha jurídica seguirá pese a los obstáculos. También aseguró que en sus alegatos utilizó la expresión “la operación Poncio Pilato” para describir el intento de Caicedo de desligarse de responsabilidades en la ejecución del contrato.
La representación de víctimas, tras la condena, aguarda la revisión de la sentencia en segunda instancia, confiando en que los argumentos presentados sostendrán la decisión judicial inicial.
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