Exgobernador de Cundinamarca Miguel Santamaría Dávila falleció a sus 93 años: Salvación Nacional confirmó la noticia

El exgobernador de Cundinamarca y excongresista Miguel Santamaría Dávila falleció el 30 de julio de 2026, según informó el Movimiento de Salvación Nacional en sus redes sociales, poniendo el cierre a una extensa trayectoria en la vida pública colombiana.

El partido político transmitió su pesar por la muerte del economista, destacando su papel como padre de José Miguel y Rafael Santamaría Uribe. El mensaje incluyó condolencias a familiares y amigos, resaltando su influencia en diversas esferas de la vida nacional.

“Salvación Nacional lamenta el fallecimiento de el reconocido economista, diplomático, excongresista y exgobernador de Cundinamarca, Miguel Santamaría Dávila; padre de nuestros amigos José Miguel y Rafael Santamaría Uribe. Extendemos nuestro saludo a todos sus familiares y amigos. Paz en su tumba”, señaló la colectividad en su cuenta de X.

Miguel Santamaría Dávila nació en Bogotá en 1933 y obtuvo su título de economista en la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de especialización en Administración Pública en Fordham University, Nueva York, y de Desarrollo Económico en la Cepal. Su perfil académico lo llevó a desempeñarse como docente universitario y a asumir cargos de alta responsabilidad en la gestión pública y gremial.

Entre el 25 de agosto de 1978 y el 12 de marzo de 1981, Santamaría Dávila lideró la Gobernación de Cundinamarca durante la administración de Julio César Turbay Ayala. En ese periodo, impulsó proyectos que, según fuentes institucionales, generaron un impacto directo en la calidad de vida de la población del departamento.

Desde su curul en el Congreso, representó los intereses de Cundinamarca y participó en la elaboración de leyes y debates de alcance nacional. Las iniciativas que promovió desde el legislativo estuvieron orientadas a consolidar la institucionalidad y responder a las demandas sociales de su región.

Santamaría Dávila ejerció como gerente general de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y como presidente de la Confederación Interamericana de Ganaderos (Ciaga). Estos cargos le permitieron influir en la política gremial agropecuaria a nivel nacional y continental.

En el ámbito diplomático, representó al país como embajador ante la Federación Rusa y ante las Naciones Unidas. Además, fue presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia en los últimos años, consolidando un perfil que abarcó tanto la gestión nacional como la internacional.

En 1991, su experiencia y trayectoria le llevaron a integrar la Asamblea Nacional Constituyente, espacio clave en la transformación política de Colombia. Allí, aportó su visión en la redacción de la nueva Constitución, reafirmando su compromiso con el desarrollo institucional del país.

Enrique Gómez pidió a la Contraloría revisar el traslado de $4 billones a la Ungrd

El dirigente político Enrique Gómez pidió a la Contraloría revisar el traslado de $4 billones que el presidente Gustavo Petro ordenó hacia la Ungrd para atender los efectos del fenómeno de El Niño, al advertir que la medida podría derivar en irregularidades fiscales y contratación directa en los últimos días del actual gobierno.

La reasignación se suma a otros movimientos de recursos y contratos de última hora que ya habían despertado alertas políticas. Gómez sostuvo que el traslado debe vigilarse de forma preventiva y concomitante porque, según dijo, se produce a pocos días del cambio de mando previsto para el 7 de agosto.

Según explicó el presidente en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres realizada el 21 de julio, los recursos provienen de vigencias futuras que el Ministerio de Hacienda no destinó al programa Colombia Solar. Petro dijo que esa partida debía pasar a la Ungrd para que, junto con otros fondos, hubiera $8 billones en Gcelca, la Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe.

El jefe de Estado justificó la decisión por los impactos que, según afirmó, traerán las altas temperaturas en diciembre de 2026, febrero de 2027 y marzo de 2027. De acuerdo con su explicación, ese escenario podría ocasionar escasez de agua y, en consecuencia, afectar el suministro de energía.

Gómez informó que radicó una solicitud de control fiscal preventivo y concomitante ante la Contraloría General de la República para que vigile los “graves hechos” que, a su juicio, podrían estarse presentando en la Ungrd.

El pedido no se limita a la transferencia ordenada por Petro. También busca que se adelante una investigación de carácter fiscal en la Comisión Nacional del Riesgo y en el Fondo de Adaptación por presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos y en contrataciones que, según denunció, serían irregulares.