
La defensa de Angie Rodríguez, directora en licencia del Fondo de Adaptación y que es representada por el abogado y exministro de Justicia Wilson Ruíz, informó que presentará una nueva denuncia de responsabilidad estatal contra Gustavo Petro cuando este finalice su mandato presidencial.
El equipo jurídico sostiene que las acciones y declaraciones del jefe de Estado han tenido consecuencias directas sobre la situación personal de la funcionaria.
“También se está preparando una demanda de responsabilidad del Estado contra el presidente de la República y el DAPRE. ¿Por qué? Debido a las persecuciones que se han presentado, las cuales han generado tristeza, depresión y angustia en Angie, como resultado de un ataque sistemático y permanente por parte del presidente", señaló Ruiz a Caracol Radio.
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Entre los argumentos que respaldan la denuncia, la defensa destaca que su cliente ha enfrentado episodios de depresión y diversos problemas de salud mental, atribuidos a lo que consideran una persecución política por parte del presidente. Según el abogado, este acoso habría generado un ambiente de presión constante, afectando el bienestar psicológico de Rodríguez.
“La demanda se va a presentar. Primero, iniciaremos con una solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. Si no se logra un acuerdo, presentaremos la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, comenzando por el Tribunal Administrativo y, posteriormente, ante el Consejo de Estado”, señaló Ruiz al citado medio.
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El exministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque señaló que la nueva demanda contra Gustavo Petro podría presentase en plazo de un mes.
“Estimo que la demanda contra el Estado, bajo la responsabilidad del presidente, podría radicarse en un plazo de veinte días a un mes”, indicó.

La defensa de Angie Rodríguez señaló que, aunque el presunto daño se habría producido durante el ejercicio de la Presidencia, esto no sería un impedimento para la denuncia, debido a que la acción está dirigida contra quien ocupaba el cargo de presidente de Colombia.
“Aunque el presunto daño se habría cometido en ejercicio de sus funciones, no importa que ya no ostente el cargo, porque la acción se dirige contra quien ejercía la Presidencia en ese momento”, puntualizó a Caracol Radio.
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Primera denuncia
Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro. La funcionaria lo acusa por presuntos delitos como injuria, calumnia, peculado, tráfico de influencias y constreñimiento ilegal.
Rodríguez declaró que tras manifestar su posición, enfrentó violencia política de género, violencia institucional y acoso laboral. Señaló que, si las autoridades nacionales no avanzan en el caso, recurrirá a instancias internacionales.
El presidente Petro, tras conocer la denuncia, anunció el 29 de julio que presentará una denuncia penal contra Rodríguez. A través de X, afirmó que actuará penalmente por la forma en que la directora defendió su cargo, a la que calificó de mentirosa y calumniosa. Además, vinculó a Rodríguez con sectores relacionados con el paramilitarismo.
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La relación entre Rodríguez y el presidente se deterioró el año pasado, luego de que la funcionaria rechazó la propuesta de nombrar a Juliana Guerrero, cercana a Petro y sin título universitario, como viceministra de Juventud.

El abogado de Rodríguez, Wilson Ruiz, explicó que la denuncia solicita investigar presiones para redirigir recursos del Fondo de Adaptación durante los últimos días del gobierno, con el argumento de atender el fenómeno de El Niño. También mencionó supuestas interferencias del presidente en decisiones administrativas y favorecimientos indebidos a personas cercanas, incluyendo a Guerrero.
La denuncia formal de Rodríguez y la respuesta de Petro han generado un proceso legal y político, en el que ambas partes se acusan mutuamente de conductas indebidas y de utilizar sus cargos para obtener ventajas personales o proteger aliados. Rodríguez sostiene su intención de llevar el caso a nivel internacional si no obtiene respuesta en el ámbito judicial colombiano.
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