Acusado por el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, sería testigo a cambio de beneficios: Fiscalía negocia preacuerdo

Un giro inesperado sacudió el caso por el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, el general William Rincón, cuando uno de los cinco señalados por la justicia manifestó su disposición a declarar sobre los hechos ocurridos en noviembre de 2023 en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá.

Así quedó en estipulado en el escrito de acusación formalizado en las últimas horas por la Fiscalía General de la Nación contra los cinco detenidos por el caso, quienes enfrentan cargos por homicidio, tortura, utilización de menores para la comisión de delitos y ocultamiento de evidencias, según información revelada por Noticias RCN.

De acuerdo con documentos judiciales a los que accedió el medio nacional, Juan Sebastián Ávila ha iniciado negociaciones con la Fiscalía con la intención de acceder a un preacuerdo o principio de oportunidad.

“Se deja en constancia que el procesado se encuentra en negociaciones para un preacuerdo o un principio de oportunidad con la Fiscalía, sin embargo, se presenta escrito de acusación para evitar el vencimiento de términos mientras siguen las negociaciones”, se lee en el escrito de acusación.

El eventual testimonio de Ávila podría detallar cómo se planeó el ataque y quiénes participaron directamente en la golpiza que terminó con la vida del joven de 21 años. Según la acusación, Ávila habría colaborado en el engaño para atraer a la víctima hasta el barrio Quiroga, se habría sumado a la agresión y luego ocultado el teléfono móvil del joven para evitar que se utilizara como prueba.

La investigación apunta a que Juan Felipe Rincón fue citado al lugar mediante engaños, presuntamente por miembros de la familia Sotelo, bajo el pretexto de un encuentro con una menor de edad. Al llegar, fue rodeado y atacado por varias personas. La intervención de su escolta derivó en un tiroteo fatal.

Durante la agresión, el escolta personal de Juan Felipe Rincón intervino y, en medio del tiroteo, el joven resultó muerto. La Fiscalía determinó que el arma del escolta, identificado como Sergio Felipe Rico, era la única capaz de disparar en la escena, aunque no se le atribuye ser el iniciador del hecho que terminó en homicidio.

En cuanto al destino judicial de los implicados, uno de ellos fue liberado temporalmente tras su captura inicial, aunque ahora todos los procesados permanecen detenidos a la espera de una resolución judicial definitiva.

Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa crucial, donde la declaración de uno de los implicados podría esclarecer cómo y por qué fue asesinado Juan Felipe Rincón, quién organizó la cita y cuáles fueron los pasos que llevaron a una muerte que conmocionó a la institución policial y a la opinión pública.

En abril de 2026 una jueza envió a prisión a los cinco implicados por el crimen de Rincón al concluir que existía material probatorio que los vincula con un plan criminal que incluyó tortura previa, uso de una menor de edad y ocultamiento de evidencia antes y después de la muerte del joven de 21 años en el sur de Bogotá.

La decisión judicial se apoyó en hallazgos que descartan que se tratara de una pelea espontánea. Durante la indagación, la Fiscalía ubicó el teléfono de la víctima escondido en otra localidad de Bogotá y envuelto en papel aluminio para impedir su rastreo, un elemento que después fue analizado para reconstruir la coordinación del ataque y la posterior difamación del joven en redes sociales.

La jueza sostuvo que la hipótesis del ente investigador está respaldada por pruebas sobre varias conductas: tortura, soborno a testigos, uso de menores para la comisión de delitos y alteración de pruebas. Los procesados son Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega López, Solanggie Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila, quienes no aceptaron los cargos y se declararon inocentes.

El punto central de la resolución fue la conclusión de que la violencia no surgió de una riña callejera. Para la autoridad judicial, hubo un ataque planeado con antelación y ejecutado con una fuerza que dejó a la víctima sin posibilidad de defenderse.