Director de la ANT desmintió al ministro designado Indalecio Dangond sobre “expropiación” por decreto de saneamiento predial

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), JuanFelipe Harman, emitió una dura respuesta a las objeciones que declaró el ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, contra el polémico decreto 0765 del 15 de julio de 2026, que permite al Gobierno “sanear” predios y registrarlos como bienes de “utilidad pública.

Lo opositores al petrismo, entre ellos, el jefe de la cartera designado, han encontrado en esta medida una estretgia de posible “expropiación exprés”, en especial por los efectos que tendría el artículo 2.2.6.19.4, que establece la “Identificación y declaratoria de predios de utilidad pública”.

Como respuesta, Harman rechazó esa interpretación y precisó que la identificación de esos predios no es libre, sino que se restringe a los bienes que están bajo el dominio del Estado a través de las Sociedad de Aacvtivos Especiales (SAE).

“Lo primero es que se equivocan cabalmente, groseramente, porque ese decreto tiene un campo de implementación que son solamente los predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y los predios del Fondo de Reparación. No aplica para ningún predio privado”, dijo.

Entonces solicitó públicamente que el próximo ministro de Agricultura explique al país “su relación” con las fincas Simba y Potosí, predios emblemáticos de Palmito, Sucre, que fueron recuperados de manos de estructuras mafiosas y paramilitares.

Según expuso el jefe de la Agencia Nacional de Tierras, la medida busca agilizar la entrega de bienes incautados a la mafia y a grupos armados, con el objetivo de fortalecer el fondo de tierras destinado a la reforma agraria.

“Pretende agilizar de forma clara y concreta la entrega de los bienes de la mafia y los bienes de los grupos armados que contienen estas dos estructuras y entidades para fortalecer el fondo de tierras para la reforma agraria”, afirmó.

La petición la hizo el director de la ANT, a través de un video divulgado en sus perfiles de redes sociales, en los que que Harman responde directamente a cuestionamientos de Dangond sobre la política de recuperación de tierras.

En la grabación, Harman preguntó: “¿Cuál es el problema, señor Dangond? ¿Cuál es su problema con que le recuperemos bienes a la mafia?”.

Harman insistió en la importancia de que Dangond aclare su vínculo con los predios Simba y Potosí: “¿Cuál fue su relación con Simba y Potosí, la finca emblemática de Palmitos? Es bueno que le diga al país cuál fue la relación suya laboral con Simba y Potosí en Palmitos, Sucre, un predio que fue epicentro de las peores masacres en Montes de María y que recuperó la Agencia Nacional de Tierras”.

El funcionario advirtió sobre intentos de deslegitimar las acciones de la ANT y de la SAE en la recuperación de tierras. “Lo que uno comienza realmente a encontrar es que lo que les incomoda la política agraria del gobierno de Petro es que le recuperemos las tierras criminales y se la entreguemos a campesinos”, expresó.

Añadió: “Digan la verdad, ¿quieren devolverle la tierra a la mafia? ¿Cuál fue la relación con Simba y Potosí? Tarea y pregunta que el país tiene que conocer”.

Durante su intervención, Harman enfatizó que el decreto no afecta a propietarios privados y reiteró: “A los propietarios de las fincas hay que decirles ese decreto no tiene implementación alguna en ningún predio distinto a los del fondo y a los de la SAE”.

Además, denunció posibles maniobras para revertir la entrega de tierras a víctimas y campesinos: “Sí quiero denunciar el tufito encubridor que pretende deshacer los negocios jurídicos para devolverle la tierra a los traquetos de Colombia. Ojo país, ojo campesinos, a organizarse y a estar listos y preparados si esta es la verdadera intención de los ataques que vienen recibiendo los convenios de la SAE y del fondo”.

El director de la ANT defendió la legitimidad de los convenios con la SAE y el Fondo de Reparación, calificándolos como “de las actuaciones administrativas de las que me siento más orgulloso”. Según Harman, “estuvimos recuperando tierras a lo largo y ancho del país y seguimos recuperando tierras a lo largo y ancho del país”.

La declaración concluyó con un nuevo llamado a la transparencia por parte del nuevo ministro: “Ya es hora de que el gobierno entrante hable con claridad por qué se empecinó en atacar estos dos convenios. Vuelvo y pregunto: ¿le quieren devolver la tierra a la mafia? Y muy bueno que el señor Indalecio, después de contestar cuál es su relación con Simba y Potosí, comience verdaderamente a contarle al país cuál es su interés con estos convenios y además, cuál es su relación con el señor Jugue Rodríguez, alias Barbie, en el departamento del Cesar”.

Ya demandaron el decreto

Pero, por fuera de vínculos políticos con estos predios, sí existe preocupación por los métodos de declaración de estos terrenos de utilidad pública.

Paloma Valencia, exsenadora del Centro Democrático y férrea crítica de la medida, comentó que "excede de forma peligrosa las facultades de la ley porque le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar ‘posesión inmediata’ de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa".

Por ende, un ciudadano presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra el decreto. Solicitó que mientras se resuelve el caso, se suspendan de manera cautelar los efectos del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por los ministerios de Justicia, Hacienda y Agricultura.

El decreto, firmado poco antes del fin del mandato del presidente Gustavo Petro, no solo habilita el saneamiento de predios adquiridos por la ANT bajo promesa de compraventa y establece el procedimiento para declararlos de utilidad pública, sino que según el documento presentado, la norma permitiría inscribir estos bienes sin control judicial y vulneraría la legislación vigente, incluyendo 18 artículos de la Constitución Política.

Ávila argumentó que la consulta pública sobre la normativa duró solo seis días y que la medida afecta la seguridad jurídica de tierras destinadas tanto a campesinos como a víctimas y procesos de extinción de dominio. Hasta ahora, no se conoce si el expediente ya fue asignado a un despacho para su revisión