La UNP afirmó que el paro de sindicatos fue una jugada para fines políticos: “Retrasó la protección de líderes sociales”

Tras una protesta que paralizó las operaciones durante tres días de la Unidad Nacional de Protección por una protesta laboral que interrumpió la atención de solicitudes urgentes y la implementación de medidas de protección, la entidad emitió un comunicado en el que afirmó que la movilización, que comenzó como una manifestación sindical, derivó en el bloqueo de las instalaciones, afectando directamente la gestión de esquemas de seguridad para parlamentarios electos, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.

Aunque el movimiento sindical, encabezado por dirigentes internos, presentó como objetivo central la defensa de derechos laborales, la UNP aseguró que la acción tuvo un fin político que terminó con la suspensión de procesos clave para la protección de personas en riesgo.

La entidad informó que, durante la protesta, se registró la presentación de 65 acciones de tutela que terminaron con la suspensión provisional del proceso público de contratación de empresas de seguridad encargadas del servicio de escoltas en las zonas uno y dos, áreas con alta demanda de protección.

La UNP reveló que el bloqueo impidió concluir en tiempo una selección abierta y técnica de las empresas que prestan el servicio de seguridad, lo que puso en riesgo la transparencia y la objetividad del proceso de contratación estatal. Ante la suspensión, la UNP advirtió que el próximo gobierno enfrentará la necesidad de recurrir a mecanismos excepcionales, como la contratación directa bajo figuras de urgencia manifiesta, para garantizar la continuidad de los servicios.

Según la UNP, algunas personas que lideraron la protesta obtuvieron beneficios personales en medio del proceso de encargos y ascensos internos, mientras se retrasaba la atención de tutelas y solicitudes de protección.

La entidad subrayó que el movimiento sindical no respaldó las etapas institucionales de formalización laboral ni aportó a la construcción de un proceso estable de contratación. A pesar de ello, algunos de sus promotores resultaron beneficiados por encargos y ascensos, los cuales, según la UNP, se adelantan conforme a la normatividad vigente.

En el comunicado se afirma que los efectos de la protesta no se limitaron al periodo de la manifestación. La UNP indicó que la interrupción de sus funciones generó una crisis contractual para las zonas en las que opera el servicio tercerizado de escoltas. El bloqueo impidió el cumplimiento de fallos de tutela y la implementación de nuevos esquemas de protección para distintas poblaciones en riesgo.

En el comunicado, la entidad detalló que la protesta afectó la protección de líderes sociales y la implementación de esquemas a favor de parlamentarios electos, además de poner en riesgo la continuidad del servicio de escoltas y la vida de miles de personas.

La organización precisó que la situación obliga a la administración entrante a gestionar la contratación de servicios de escoltas mediante procedimientos extraordinarios y expedidos, lo que favorece la selección de empresas cercanas a los sindicatos responsables del bloqueo. La UNP señaló que la protesta no puede considerarse una victoria social, debido al impacto negativo sobre la protección de sectores vulnerables y la continuidad de los servicios de seguridad.

La entidad afirmó que no accedió a negociar bajo presión y que rechazó las peticiones de quienes promovieron el bloqueo y el sabotaje institucional. De acuerdo con el comunicado, la UNP mantuvo una posición de respeto por la legalidad, la autonomía administrativa y los procedimientos establecidos, así como la continuidad del servicio de protección para salvaguardar la vida e integridad de las personas protegidas.

Por último, la UNP reiteró la importancia de distinguir entre quienes defendieron la institucionalidad y quienes decidieron paralizarla, aun cuando la seguridad y la vida de miles de personas estaban en juego. Según la entidad, el proceso de formalización laboral continuará bajo los parámetros legales y contractuales establecidos, y la administración saliente dejará pendiente la resolución de una crisis contractual que deberá ser asumida por el próximo gobierno.