
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, se pronunció sobre las recientes revelaciones difundidas por Semana en torno a las presuntas coimas que ahora involucran a familiares de Juliana Guerrero, especialmente a su hermana, Verónica.
A través de su cuenta de X, Carrillo —que ha sido crítico con el medio periodístico que sacó a la luz es escándalo por su “evidente sesgo político”— no desestimó la investigación, sino que afirmó que contiene pruebas graves y llamó a que la justicia investigue si existen delitos atribuibles en los hechos expuestos.
Carrillo expresó que los documentos y testimonios que se publicaron contra las hermanas Guerrero “son muy delicados”. La justicia debe investigar qué delitos pueden configurarse”, afirmó el exfuncionario.
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Pero hubo otro punto que llamó la atención del exfuncionario y fue la inclusión del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) en el escándalo, que posee un recurso multimillonario adscrito al Ministerio del Interior.

Carrillo advirtió que sobre ese fondo habría un control por parte de aliados cercanos al ministro saliente Armando Benedetti, lo que, según su percepción, incrementaría las preocupaciones sobre el alcance de los hechos de corrupción que envuelve a las hermanas Guerrero.
La mención al Fonsecon se suma a las demandas de sectores políticos y sociales para que se esclarezca la gestión de los fondos estatales y se evite el uso indebido de recursos destinados a la seguridad ciudadana.
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Chats, pagos y gestiones: evidencias revelan red de cobros y tráfico de influencias atribuida a Juliana Guerrero y su hermana
La presunta red de cobros millonarios y tráfico de influencias en la administración pública, con participación directa de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025 ya tiene testimonios, chats, audios, tiquetes aéreos y consignaciones bancarias como pruebas que apuntan a un esquema sistemático para acceder a contratos estatales en los ministerios de Vivienda y del Interior.
Según la investigación, el entramado contemplaba una tarifa de 1.000.000 de pesos por reuniones, un anticipo de 200.000.000 y el cobro del 10% del valor de cada proyecto adjudicado.
Lo que informó Semana es que Juliana Guerrero asumía las negociaciones ante las entidades gubernamentales, mientras que Verónica Guerrero mantenía el contacto con empresarios, que canalizaban los recursos a través de David Trespalacios, joven de Atlántico cercano al círculo familiar.
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Tres empresarios declararon bajo reserva que se ofrecieron proyectos de cámaras de seguridad, acueductos y mejoramiento de viviendas, así como encuentros con funcionarios y alcaldes.

Uno de los testimonios detalló: “Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”. En el caso del municipio de Aguachica, si la obra alcanzaba los 6.000 millones, las hermanas recibirían 60 millones, según las conversaciones revisadas.
Parte de la evidencia ubicó a Verónica Guerrero gestionando el proyecto del acueducto en Cesar mediante enlaces con el entonces viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Libreros, y viajes financiados por empresarios.
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Los chats mostraron mensajes sobre la liberación de recursos presupuestales, reuniones oficiales y la persistencia de las gestiones, incluso cuando surgían retrasos por trámites en el Ministerio de Hacienda y prioridades del Ejecutivo.

Las consignaciones a las cuentas personales de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero quedaron registradas en mensajes y comprobantes de pago enviados por WhatsApp, con montos que suman decenas de millones de pesos. Una conversación muestra la instrucción de repartir 12,5 millones a cada hermana y 10 millones a Wilmer Trespalacios, pór ejemplo.
Además, la investigación reveló mensajes donde se discutía el reparto de recursos con presuntos “aliados” dentro de los ministerios. En uno de los chats, un empresario comentó que el dinero era “para los de adentro” y para las responsables del esquema, a lo que Verónica respondió: “Exacto. Entre más uno les joda a los del min, ellos también joden”.
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La presunta influencia de las hermanas Guerrero se extendía a entidades como Fiduagraria S.A., el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Ambiente, donde los chats hacen referencia a reuniones, movimientos internos y la defensa de intereses en cargos clave.
Incluso, hay mensajes que sugieren acceso a altos niveles del gobierno, como una cita en la que Verónica escribió: “Juliana tiene reunión hoy con el jefe de jefes”, frase que los denunciantes atribuyen al presidente Gustavo Petro.
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