
La destinación de $4 billones del gobierno de Gustavo Petro para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño generó un amplio debate público, lo que llevó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a explicar el destino de estos recursos y los motivos de la declaratoria de desastre nacional.
El anuncio, realizado durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, desató interrogantes sobre la asignación y uso del presupuesto.
Diversos sectores políticos y sociales pidieron claridad ante la magnitud de la suma, mientras que el Gobierno defendió la medida como una respuesta preventiva a los riesgos climáticos.
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Javier Pava, director de Ungrd, sostuvo en entrevista con Blu Radio que el objetivo principal de los fondos es la protección de las comunidades más vulnerables que podrían resultar afectadas por la sequía, la reducción de lluvias y posibles interrupciones en el suministro de agua y energía.
“Esa plata va para atender a la población más pobre, porque la Ley 1523 y constitucionalmente debemos proteger a los más desfavorecidos”, afirmó Pava en diálogo con la emisora.
El funcionario enfatizó que la declaratoria de desastre responde a un escenario de riesgo inminente y no a una emergencia ya ocurrida.
“No podemos esperar hasta que ya estén los impactos para plantear una estrategia de desastres y unas acciones de recuperación que siempre terminan siendo insuficientes y tardías”, explicó el director de la Ungrd.
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Por primera vez en Colombia, la declaratoria se adopta antes de que se materialicen los impactos del fenómeno, basándose en los pronósticos internacionales sobre la evolución de El Niño. De acuerdo con Pava, la legislación permite actuar de manera preventiva y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.
Entre las prioridades señaladas para la inversión, el director resaltó el fortalecimiento de alternativas que permitan reducir el impacto de posibles interrupciones en el suministro de servicios básicos, con especial atención en las comunidades expuestas a la sequía. “La intención es reducir al máximo el impacto social del fenómeno de El Niño”, subrayó Pava a Blu Radio.
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Durante la conversación con la emisora, el funcionario reiteró que los recursos no están destinados a cubrir deudas del sector eléctrico ni a subsidiar tarifas.
“Yo puedo responder frente a las decisiones que se hicieron de recomendar una declaratoria por riesgo inminente y de las medidas que se van a adoptar. Las decisiones sobre tarifas corresponden a otras autoridades”, puntualizó.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la propuesta de impulsar la compra masiva de paneles solares como parte de la estrategia de mitigación. Pava explicó que la administración actual busca dejar organizados los procesos y que el próximo gobierno tendrá la facultad de contratar con los proveedores seleccionados. “Nosotros queremos dejar todo esto organizado. El próximo gobierno tendrá la facultad ya de contratar con quienes correspondan”, expresó el director, citado por Blu Radio.
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La Ungrd planea abrir una convocatoria pública para conformar un banco de proveedores con disponibilidad de equipos, bajo parámetros de transparencia y veeduría ciudadana. Pava descartó cualquier interés particular en la adquisición de estos sistemas y sostuvo que el único propósito es garantizar el acceso a energía para las comunidades que lo requieran.

Según el director, desde hace meses el Gobierno ha coordinado mesas de trabajo con sectores como agricultura, salud, energía y agua, en preparación para posibles incendios forestales, desabastecimiento hídrico y afectaciones en la producción de alimentos. Como parte de estos preparativos, la entidad fortaleció su capacidad operativa mediante la adquisición de helicópteros especializados para el control de incendios y la reorganización del parque de carrotanques para el suministro de agua en varias regiones.
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El funcionario concluyó que la gestión del riesgo exige anticipación, dada la recurrencia e intensidad de los fenómenos climáticos que enfrenta el país. En palabras de Pava, el uso extraordinario de estos fondos busca proteger el acceso al agua, la seguridad alimentaria y el suministro de energía en los sectores más expuestos a las consecuencias de El Niño.
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