
Las denuncias sobre la presunta existencia de centros de cautiverio utilizados por las disidencias de las Farc en Jamundí, Valle del Cauca, volvieron a encender las alarmas.
Habitantes de la zona rural aseguraron que un predio ubicado en la vereda Las Pilas, del corregimiento Villa Colombia, estaría siendo utilizado por el frente Jaime Martínez para mantener retenidas ilegalmente a personas secuestradas en distintos puntos del suroccidente del país.
La información fue revelada por la revista Semana, que señaló que pobladores del sector observaron la llegada de varias personas privadas de la libertad a dos predios rurales de esa vereda.
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De confirmarse la denuncia, el sitio ampliaría la red de lugares de cautiverio que se atribuyen a esa estructura armada ilegal en las montañas de Jamundí.
El señalamiento surge meses después de que el mismo medio documentara, el 1 de noviembre de 2025, la existencia de un presunto centro de secuestro entre las veredas La Cabaña y Berlín, en el corregimiento San Antonio.
Según esa publicación, tras hacerse pública la denuncia varias de las víctimas habrían sido trasladadas a otro lugar, que ahora correspondería al nuevo punto mencionado en Villa Colombia.

Las versiones conocidas indican que Jamundí se habría convertido en uno de los principales destinos para personas secuestradas por las disidencias en diferentes municipios del suroccidente colombiano.
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La modalidad, de acuerdo con la investigación periodística, estaría enfocada en víctimas con capacidad económica, captadas mediante falsos negocios o engaños antes de ser retenidas.
Las denuncias también describen un escenario de fuerte control territorial por parte del Frente Jaime Martínez.
En esa zona rural, los habitantes aseguran que la estructura ilegal mantiene retenes, carnetiza a la población, impone normas de convivencia, cobra extorsiones y controla la movilidad de quienes viven en los corregimientos ubicados en las montañas de Jamundí.
El Frente Jaime Martínez se consolidó en los últimos años como una de las estructuras más importantes del denominado Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas Farc.
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Su presencia se extiende por municipios como Jamundí, Dagua y Buenaventura, en el Valle del Cauca, así como por Buenos Aires, Suárez, Morales, Santander de Quilichao y Timba, en el departamento del Cauca.

Las autoridades atribuyen a esta organización el control de economías ilegales relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Además, la estructura ha sido señalada de recurrir al secuestro como una de sus principales fuentes de financiación.
En las últimas semanas, la preocupación aumentó luego de conocerse el secuestro de cuatro personas en menos de una semana en el Cauca, casos que, según la publicación, reforzarían la hipótesis de una red regional en la que las víctimas serían trasladadas posteriormente hacia las montañas de Jamundí.
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A estas denuncias se suma el caso de una comerciante identificada como Sonia, propietaria de un reconocido establecimiento turístico de la región, quien fue secuestrada por hombres armados que ingresaron al negocio frente a clientes y trabajadores.
Horas después recuperó la libertad, aunque hasta el momento las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre lo ocurrido.
Los habitantes también han advertido sobre otras situaciones que reflejarían el control ejercido por los grupos armados en la zona. Entre ellas figura la imposibilidad de recuperar el cuerpo de una persona fallecida que permaneció durante varios días en una zona rural debido a las restricciones impuestas por los actores ilegales.
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La importancia del Frente Jaime Martínez dentro del conflicto armado quedó en evidencia durante 2025 con varios ataques de alto impacto atribuidos a esa organización.
Entre ellos figuran el ataque con drones contra un puesto militar en el río Naya, que dejó tres soldados muertos, y el atentado con explosivos ocurrido frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que causó al menos seis fallecidos y más de 60 heridos.
La Defensoría del Pueblo ha advertido en distintas alertas tempranas sobre el fortalecimiento de esta estructura en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
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El organismo ha documentado riesgos relacionados con desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores, amenazas y mecanismos de control social impuestos sobre las comunidades.
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