La Corte Suprema de Justicia eligió este jueves 23 de julio de 2026 a Paula Andrea Ramírez Barbosa y a Emérita del Socorro Mora Insuasty como nuevas magistradas de la Sala Especial de Primera Instancia, en una decisión que marca el primer relevo de ese órgano desde su creación en 2018 y que dejará integrada la sala, por primera vez, exclusivamente por mujeres.
La determinación redefine la composición de la dependencia encargada del juzgamiento en primera instancia de los aforados, creada tras la implementación del sistema de doble instancia. Ramírez Barbosa ocupará la vacante que dejó el exmagistrado Ariel Augusto Torres Rojas, mientras que Mora Insuasty asumirá el cargo que actualmente ocupa Jorge Emilio Caldas Vera, una vez concluya su periodo en octubre del 2026.
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Con estas designaciones, la Sala Especial de Primera Instancia quedará conformada por Paula Andrea Ramírez Barbosa, Emérita del Socorro Mora Insuasty y Blanca Nélida Barreto.
La Corte Suprema destacó que la nueva integración representa un avance hacia una administración de justicia más representativa e incluyente, al señalar que la conformación de la sala con tres magistradas refleja su compromiso con los principios de equidad.
Trayectoria de las nuevas magistradas
Paula Andrea Ramírez Barbosa es abogada de la Universidad de Ibagué, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal y en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, donde además obtuvo el doctorado en esa misma disciplina.
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Actualmente se desempeña como procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales de la Procuraduría General de la Nación. A lo largo de su carrera también fue procuradora delegada para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, además de ejercer como asesora del procurador general y del fiscal general de la Nación.
Por su parte, Emérita del Socorro Mora Insuasty cuenta con una amplia trayectoria en la Rama Judicial, especialmente en la jurisdicción penal. Fue magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y en 2022 recibió una comisión de estudios luego de haber sido reconocida como la mejor formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en 2020.
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Además, ha integrado en diferentes oportunidades las listas de candidatos del Consejo Superior de la Judicatura para proveer cargos en la Corte Suprema de Justicia, tanto para la Sala de Casación Penal como para la Sala Especial de Primera Instancia.
La elección de Ramírez Barbosa y Mora Insuasty constituye el primer relevo en la Sala Especial de Primera Instancia desde que comenzó a funcionar en 2018.
La renovación coincide con la salida de uno de sus integrantes y el próximo vencimiento del periodo de otro magistrado, lo que marca una nueva etapa para este órgano judicial encargado de conocer en primera instancia los procesos contra altos funcionarios con fuero constitucional.
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La Sala Especial de Primera Instancia cumple ocho años con 522 procesos contra aforados
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia completó ocho años con 522 procesos contra aforados constitucionales, un balance que muestra a los gobernadores como el grupo con más investigaciones y a los congresistas como el más castigado en sentencias, dentro del esquema creado en 2018 para garantizar la doble instancia y la impugnación de la primera condena.
Entre 2018 y lo corrido de 2026, ese despacho emitió 161 sentencias: 80 condenatorias, 50 absolutorias y 31 mixtas. Además, decretó 143 preclusiones y mantiene 185 procesos activos, según el balance divulgado por la corporación.
La Sala comenzó a funcionar oficialmente el 19 de julio de 2018, después de su creación mediante el Acto Legislativo 01 de 2018. Su puesta en marcha arrancó con la posesión de tres magistrados y abrió un modelo para juzgar en primera instancia a altos funcionarios del Estado con fuero constitucional.
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Bajo ese esquema, la Sala Especial de Instrucción investiga y acusa a los congresistas. En el caso de los demás funcionarios aforados, las investigaciones las adelanta la Fiscalía General de la Nación y, una vez terminadas esas etapas, los expedientes pasan a la Sala de Primera Instancia para la sentencia.
El mayor número de procesos conocidos por la Sala corresponde a gobernadores, con 73 casos. Después aparecen los servidores judiciales, con 33 expedientes, y los congresistas, con 19.
Ese reparto confirma la concentración de investigaciones en esos grupos de funcionarios. Al comenzar sus labores, la Sala recibió además 137 procesos trasladados desde la Sala de Casación Penal: 66 expedientes regidos por la Ley 600 de 2000, 46 por la Ley 906 de 2004 y 25 actuaciones relacionadas con preclusiones.
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