Amaranta Hank, senadora electa, afirmó que la posesión de Abelardo de la Espriella en Cauca traería altos costos para el Estado: “¿Ese es el gobierno austero?”

La senadora del Pacto Histórico y exactriz de cine para adultos Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, generó debate en redes sociales al analizar los costos y el trasfondo político detrás de la realización de la próxima posesión presidencial fuera de Bogotá por parte del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

En una serie de publicaciones en la plataforma X, la congresista expuso que el traslado del acto al departamento del Cauca representaría erogaciones adicionales para el Estado, contradiciendo, según dijo, los discursos oficiales sobre austeridad.

Omaña planteó que el argumento según el cual el Congreso ya dispone de los tiquetes de sus integrantes no se sostiene en la práctica. “Dicen que hacer la posesión en el Cauca no cuesta más porque el Congreso ya tiene los tiquetes de los congresistas. Pero eso no es tan simple”, escribió.

Para la militante del Pacto Histórico, la sola disponibilidad de pasajes no garantiza un ahorro, ya que “cuando se usan es que generan costos”. Además, advirtió que no todos los legisladores parten desde la capital, lo que implica escalas y anticipación en el viaje, así como noches de hotel.

“Muchos tendrían que viajar desde otras ciudades, hacer escalas y llegar un día antes, lo que también implica gastos de hotel”, puntualizó.

La exactriz de cine para adultos también subrayó la implicancia logística del dispositivo de seguridad. Según Omaña, la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe desplazar dos escoltas por cada congresista.

“Eso significa tiquetes para unos 570 escoltas, más sus viáticos y muy posiblemente hoteles”, detalló en su análisis. Estos costos, sumados a los traslados y alojamiento del personal encargado de organizar la ceremonia, elevan la cifra total. “Solo en lo anterior se sobrepasan los 1.700 millones”, afirmó.

De acuerdo con Omaña, el acto no solo involucra a congresistas, sino a equipos técnicos del Congreso. “También debe desplazarse el personal del Congreso que organiza toda la ceremonia. Ellos necesitan llegar con anticipación, por lo que hay que asumir nuevos costos en tiquetes y alojamiento”, insistió Omaña.

La cifra de 1.700 millones de pesos calculada por Omaña solo en estos rubros cuestiona la narrativa gubernamental de que el traslado al Cauca no tendría impacto en las finanzas públicas.

Para la exactriz y periodista, “trasladar la posesión fuera de Bogotá sí implica gastos adicionales que no existirían si se realizara en la sede del Congreso”. En ese sentido, Omaña planteó la pregunta: “¿Ese es el Gobierno austero entrante?”

En otro mensaje, Omaña abordó el aspecto simbólico y político de la decisión. “¿Ahora si le interesan los territorios a la derecha? ¿Cuándo habían mirado al Cauca?”, escribió, sugiriendo que el interés reciente en la región podría responder a motivaciones distintas a la inclusión territorial.

Carolina Corcho rechazó posesión presidencial ante guarnición militar y pidió respeto a la tradición republicana: “Un desafuero inadmisible”

La exministra de Salud y actual senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, expresó en una reciente entrevista a Blu Radio preocupación ante la posibilidad de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, realice su acto de posesión en una guarnición militar en Cauca.

Corcho afirmó que esta alternativa rompe con dos siglos de tradición republicana y representa una medida sin precedentes en contextos democráticos.

La legisladora recordó que, en la historia de Colombia, solo se ha presenciado la jura presidencial ante fuerzas armadas durante periodos excepcionales, como cierres del Congreso o golpes de Estado. “Pretender que un presidente electo se posesione ante una guarnición militar rompe con 200 años de tradición republicana”, declaró la senadora.

Corcho calificó la propuesta de De la Espriella como “un desafuero inadmisible contra el Congreso y la soberanía del pueblo colombiano”. La congresista subrayó la importancia de mantener la supremacía civil en el país y enfatizó que “la supremacía civil y la democracia se respetan”.

El debate sobre el lugar de la ceremonia presidencial se ha intensificado, mientras sectores políticos exigen que se preserve el carácter civil y republicano del acto.