Un soldado adscrito al Batallón Ayacucho de Manizales enfrenta un proceso judicial en el municipio de Chinchiná, Caldas, por presuntos delitos de maltrato físico, psicológico y económico.
El proceso judicial también lo señala por amenazas graves contra su expareja sentimental.
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El caso, que ha generado preocupación entre las autoridades y organizaciones de derechos de las mujeres que han rechazado este nuevo caso de violencia contra las mujeres en el país, revela un patrón que se habría extendido durante tres años de convivencia y persistió incluso después de la ruptura de la relación.
Según la Fiscalía General de la Nación, el militar ejerció control y agresiones constantes durante una década de relación, aunque los últimos tres años estuvieron marcados por episodios de violencia física y emocional.
Las pruebas recolectadas incluyen testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad que registraron agresiones, y audios en los que el uniformado amenaza con matar a su expareja si llegaba a verla con otra persona, destacó el diario La Patria de Manizales.
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Los hechos violentos, de acuerdo con la investigación, solían intensificarse cuando el soldado consumía alcohol.
La denuncia de un presunto plan para asesinar a la mujer por parte del militar
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la acusación de que el militar habría encargado a un tercero el asesinato de la mujer.
El supuesto sicario, conocedor de la víctima desde tiempo atrás, se habría arrepentido y acudió a advertirle que su expareja le había dado la orden de matarla.
Este último episodio, de acuerdo con los expedientes del caso se presentó el 2 de mayo de 2026, y motivó nuevas acciones judiciales y medidas de protección para salvaguardar la integridad de la denunciante.
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A pesar de la gravedad de los hechos, el procesado busca acogerse a un principio de oportunidad, figura que le permitiría evitar una condena penal a cambio de asumir compromisos como someterse a terapias para tratar su problema con el alcohol.
La defensa solicitó la libertad del acusado en espera del acuerdo, pero la solicitud fue rechazada por la juez, quien valoró el riesgo que representa para la víctima.
A su vez, el ente investigador ha destacado que, a lo largo del proceso, se han adoptado medidas especiales de protección, ordenadas por la Comisaría de Familia en 2025, aunque el militar incumplió las restricciones de alejamiento, lo que llevó a su captura y reclusión preventiva. Desde septiembre de ese año, las valoraciones psicológicas y de riesgo evidenciaron la urgencia de intervenir para evitar consecuencias fatales.
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El fiscal del caso hizo hincapié que “durante mucho tiempo se trabajó para que se garantizarán los derechos de la víctima y se actuara con prontitud antes de que algo más grave ocurriera”.
No obstante, la afectada ha expresado su disposición a aceptar el principio de oportunidad, bajo la condición de que el procesado reciba tratamiento adecuado y se comprometa a no reincidir en conductas violentas.
El proceso judicial continuará el próximo 30 de julio, fecha en la que se evaluará en audiencia si se concede el principio de oportunidad o si el caso avanza hacia una sentencia definitiva.
La Fiscalía aclaró que la aceptación de esta figura no implica una declaración de culpabilidad, sino que será un juez quien determine la responsabilidad penal del militar.
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Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho de maltrato o amenaza y de garantizar que quienes ejercen violencia no queden impunes ni puedan eludir su responsabilidad penal.
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