La Unidad Nacional de Protección respondió a las protestas del sindicato: “No se ha efectuado ningún nombramiento”

La Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió a las manifestaciones de su sindicato, que reclama mejores condiciones laborales, afirmando que el proceso de formalización de los cargos continúa avanzando conforme a lo previsto.

El gremio de las Uniones Temporales de la UNP también participa en la protesta y exige procesos más transparentes para la contratación de 6.000 escoltas y la asignación de vacantes.

La entidad aseguró que existen los recursos necesarios para implementar los cambios requeridos y que el flujo presupuestal está garantizado para cumplir con los compromisos adquiridos en materia laboral.

La institución también informó que trabaja en la provisión de los 6.870 empleos recientemente creados. Este proceso busca otorgar estabilidad y garantías laborales a los trabajadores, respondiendo así a las demandas planteadas por el sindicato y fortaleciendo la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección.

“En cumplimiento del Decreto 019 de 2026, mediante el cual fueron creados 6.870 nuevos empleos en la entidad, la UNP avanza en el proceso de provisión de dichos cargos conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015″, indicó la entidad a través de un comunicado.

La UNP aclaró que la creación de empleos a través del decreto corresponde a una fase diferente del proceso de provisión de cargos. Actualmente, la entidad está desarrollando la etapa de encargos, un mecanismo previsto en la normativa vigente que busca asegurar el ascenso y la movilidad interna del personal de carrera, tanto en funciones misionales como administrativas.

Este procedimiento debe completarse, según la UNP, antes de que puedan realizarse los nombramientos definitivos, los cuales estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para cada puesto.

Por lo tanto, la UNP informó que hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún nombramiento en provisionalidad. La entidad indicó que solo después de finalizar las etapas de encargo y verificar el cumplimiento de los requisitos legales se podrán realizar los respectivos nombramientos, cumpliendo así con el marco normativo aplicable.

“La administración reitera que el proceso de formalización laboral está en marcha y avanza conforme al cronograma institucional, sujeto al cumplimiento de las etapas legales y a la disponibilidad y flujo de los recursos presupuestales necesarios para su implementación”, señaló la entidad.

La UNP explicó que la suspensión del Proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, orientado a la contratación de personal de protección, obedeció a una orden judicial. La entidad resaltó que se encuentran en marcha las gestiones jurídicas necesarias para poder reanudar dicho proceso en el menor tiempo posible.

En relación con la licitación para las zonas 1 y 2, la UNP señaló que su apertura se debió a la disponibilidad parcial de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda. La entidad aclaró que las demoras en el flujo de fondos provienen de la no aprobación de la reforma tributaria y de restricciones fiscales, aunque esto no representa una ausencia de recursos.

La UNP precisó que el proceso para las zonas 1 y 2 busca mantener la operación del servicio hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que terminan los contratos de las demás zonas. De no avanzar con el proceso actual, la administración entrante no contaría con tiempo suficiente para ejecutar una nueva contratación y se vería obligada a una contratación directa por urgencia.

“La programación presupuestal del Gobierno nacional se ha visto afectada por la no aprobación de la reforma tributaria y por las restricciones fiscales derivadas del contexto económico, situación que ha generado demoras en el flujo de los recursos, mas no su inexistencia”, indicó la UNP.

La entidad destacó que la convocatoria vigente garantiza la selección objetiva, la transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes, tal como establece la Ley 80 de 1993, marco legal para la contratación pública en Colombia.

Finalmente, la UNP reiteró que la prestación del servicio de protección no sufrirá interrupciones y que los contratos del personal actual seguirán vigentes. Además, hizo un llamado a la tranquilidad de los beneficiarios, asegurando la continuidad de las medidas de protección.