
La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó este miércoles 22 de julio de 2026, por tercera vez, la extradición a Francia del ciudadano Karim El Mehdi Ben Addi, al que la Sala de Casación Penal señaló como integrante de “una organización ilegal asociada a actos de sicariato” en ese país.
En el comunicado 76-2026, fechado en Bogotá el 22 de julio de 2026, el alto tribunal informó que admitió “el tercer concepto favorable” para la entrega del requerido y dejó la decisión final en manos del Gobierno Nacional.
Ben Addi fue capturado en Cali en noviembre de 2022. La Sala ya había emitido dos conceptos favorables anteriores, “el primero en noviembre de 2003 y el segundo en agosto de 2025”, según el documento.
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La solicitud de extradición detalla que el extranjero es requerido por conductas como “complicidad tentativa de homicidio voluntario en banda organizada, con reincidencia legal” y “participación en una acción de malhechores para preparar un crimen, con reincidencia legal”.
El pedido también incluye señalamientos por “complicidad de destrucción en banda organizada de bienes ajenos haciendo uso de un medio peligroso para las personas, con reincidencia legal” y por “complicidad de encubrimiento en banda organizada de bienes procedentes del crimen”.
En la más reciente solicitud, la justicia francesa lo vinculó a “un intento de homicidio” y “al incineramiento de tres vehículos”. La Corte agregó que se advierte que “incluso desde su sitio de reclusión en Bogotá al extranjero estaría vinculado a delitos perpetrados en Francia”.
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La Sala de Casación Penal concluyó que “se cumplen las exigencias convencionales, constitucionales y legales para su entrega a las autoridades francesas”.

Desde enero de 2026, cuatro ciudadanos colombianos permanecen detenidos en Francia por el mismo caso, señalados de planear otro ataque por encargo, mientras organismos judiciales de Francia y Colombia intercambian información sobre las conexiones internacionales de la red.
Según Caracol Radio, los investigadores sostienen que el oficial habría entregado direcciones y fotografías de posibles víctimas y que recibió unos 20.000 euros en menos de un año a cambio de esos datos. Durante su detención, después de una reunión con una intermediaria, le encontraron 2.000 euros en efectivo, un elemento que reforzó las sospechas sobre su presunta participación.
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El policía, cuya identidad no fue divulgada oficialmente, admitió ante los investigadores haber incumplido su deber, aunque negó conocer el destino final de la información o quiénes la solicitaban. En el interrogatorio declaró: “No sabía para qué se iba a utilizar la información ni quién estaba detrás”.
La pieza que permitió vincular judicialmente al agente con los ciudadanos colombianos apareció en el teléfono móvil de uno de los arrestados. Allí los investigadores encontraron la fotografía de una posible víctima que provenía de archivos policiales consultados esa misma noche por el funcionario bajo sospecha.
Ese hallazgo se convirtió en un punto central del expediente. De acuerdo con la investigación, la red utilizaba información precisa para ubicar objetivos en territorio francés y preparar ataques por encargo en el entorno de Lyon.
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La causa se remonta a un homicidio cometido en noviembre de 2025 en las cercanías de esa ciudad del este de Francia. A partir de ese caso, las autoridades empezaron a reconstruir una estructura de contratación de “mercenarios” para ajustes de cuentas ligados al tráfico de drogas.

Según la investigación publicada por Le Monde, esa estructura estaría bajo la influencia de Karim Ben Addi, un capo francés recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. El medio francés, con base en expedientes judiciales y fuentes policiales, señaló que el detenido seguiría coordinando homicidios, tráfico de drogas y cobros violentos entre Colombia y el sur de Francia.
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La red reclutaba exmilitares colombianos para operar en el sur de Francia
La publicación describió un sistema de reclutamiento de exintegrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, captados con promesas de trabajos de seguridad privada en Europa. Viajaban en avión desde Bogotá y eran alojados en granjas o apartamentos temporales en Francia, donde esperaban instrucciones logísticas para integrarse a comandos armados.
Uno de los episodios que permitió documentar esa modalidad ocurrió el 15 de noviembre de 2024. Ese día, un ciudadano colombiano de 32 años acudió al comisariado de Bron, en las afueras de Lyon, para denunciar que había sido reclutado con la promesa de trabajar como escolta por 2.000 euros, pero descubrió que en realidad debía ejecutar un asesinato por encargo.
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Su testimonio permitió a la policía localizar una célula escondida en una granja de La Chapelle-Villars. Según el diario francés, ese grupo estaba integrado por exmilitares colombianos y formaba parte de una cadena de mando que, de acuerdo con informes de inteligencia, seguía bajo control de Ben Addi desde la prisión colombiana.

La policía francesa también atribuye a esa red una capacidad de fuego poco habitual en disputas locales. En uno de los procedimientos fueron incautados más de 600 cartuchos, fusiles AR-15, M16 y Kaláshnikov, además de pistolas y dispositivos electrónicos conectados a cámaras de vigilancia instaladas para seguir en tiempo real los movimientos de posibles víctimas.
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La estructura disponía además de apoyo logístico en Valence, Pusignan y Trévoux, donde alquilaba viviendas y vehículos para ocultar y desplazar a los sicarios. Las comunicaciones, según la investigación, se realizaban mediante aplicaciones cifradas, lo que dificultó la intervención de las autoridades europeas.
Otro ataque atribuido a esa red ocurrió en octubre de 2024 en Givors, al sur de Lyon. Allí, hombres armados que se hicieron pasar por policías dispararon al menos 27 proyectiles calibre .223 contra la vivienda de un objetivo conocido como “el Mexicano”, que logró escapar por una ventana.
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