
A ocho años de su creación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia presentó el balance de su gestión, destacando los resultados obtenidos desde que inició funciones oficialmente el 19 de julio de 2018.
Las cifras muestran que los gobernadores y los congresistas concentran el mayor número de procesos y condenas conocidas por esta instancia, creada para juzgar en primera instancia a los altos funcionarios del Estado con fuero constitucional.
La Sala Especial de Primera Instancia fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2018 y comenzó a operar con la posesión de tres magistrados, dando paso a un nuevo esquema judicial que garantiza los derechos a la doble instancia y a la impugnación de la primera sentencia condenatoria para los aforados constitucionales.
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Bajo este modelo, la Sala Especial de Instrucción investiga y acusa a los congresistas, mientras que la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones contra los demás funcionarios con fuero. Una vez concluidas esas etapas, los procesos pasan a conocimiento de la Sala de Primera Instancia para la emisión de las sentencias.
Balance de ocho años de funcionamiento

Durante la rendición de cuentas, la presidenta de la Sala Especial de Primera Instancia, la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, destacó el trabajo desarrollado desde la creación de este despacho. “Los primeros ocho años de funcionamiento de esta Sala han estado marcados por la austeridad, la transparencia y el compromiso con la administración de justicia, factores que han contribuido a fortalecer la confianza de la ciudadanía”, afirmó la magistrada.
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La Sala explicó que actualmente conoce procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, además de expedientes provenientes de la Sala Especial de Instrucción, de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Al inicio de sus labores recibió 137 procesos trasladados desde la Sala de Casación Penal, distribuidos en 66 expedientes bajo la Ley 600, 46 procesos de la Ley 906 y 25 actuaciones relacionadas con preclusiones. Según el balance presentado, el mayor número de procesos corresponde a gobernadores, con 73 casos, seguido por congresistas con 19 y servidores judiciales con 33 expedientes, reflejando la concentración de investigaciones contra estos grupos de funcionarios aforados.
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Entre 2018 y lo corrido de 2026 ingresaron a la Sala un total de 522 procesos. De ellos, 161 concluyeron con sentencia, 143 terminaron mediante preclusión y 185 permanecen activos.
Las estadísticas también indican que, de las 161 sentencias proferidas, 80 fueron condenatorias, 50 absolutorias y 31 correspondieron a fallos mixtos, mientras que adicionalmente se registraron 143 decisiones de preclusión.

En cuanto a los delitos atribuidos a los gobernadores procesados, las cifras muestran que las conductas más recurrentes fueron contrato sin cumplimiento de requisitos legales, con 50 registros; peculado, con 39; falsedades documentales, con ocho, y concierto para delinquir, con siete.
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Respecto a los congresistas, la mayoría de los procesos estuvieron relacionados con concierto para delinquir, con 13 casos; interés indebido en la celebración de contratos, con nueve; peculado, con siete, y cohecho, con seis.
Por su parte, entre los servidores judiciales los delitos más frecuentes fueron prevaricato por acción, con diez casos; cohecho, con nueve; prevaricato por omisión, con ocho, y falsedades documentales, con tres.
La actividad de la Sala también se refleja en el número de diligencias realizadas durante este periodo. Entre 2018 y lo corrido de 2026 se llevaron a cabo 1.908 audiencias, incluyendo las desarrolladas durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. Solo en 2020 se realizaron 190 audiencias mediante mecanismos virtuales, lo que permitió mantener la continuidad de los procesos judiciales.
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Casos de corrupción y conformación de la Sala

La Sala Especial de Primera Instancia informó que durante estos ocho años ha emitido decisiones en procesos relacionados con diferentes casos de corrupción que han tenido impacto nacional. Entre ellos figuran actuaciones judiciales asociadas al denominado ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá, las irregularidades en contratos para dotación escolar en Chocó, casos de corrupción judicial en Boyacá y procesos relacionados con el manejo de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Asimismo, señaló que ha adoptado decisiones de fondo en asuntos relacionados con perspectiva de género y valoración probatoria sin estereotipos, dentro de los procesos sometidos a su conocimiento.
La Sala recordó que el 18 de julio de 2018 iniciaron funciones los magistrados Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Rojas, mientras que posteriormente se posesionó el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera. Tras la renuncia de Marín Vásquez fue elegida Blanca Nélida Barreto Ardila, quien se convirtió en la primera mujer en integrar esta Sala.
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