Por qué cerraron la discoteca La Chula en Cartagena: la alcaldía de Cartagena anunció la suspensión de reconocidos establecimientos en el Centro Histórico

La Alcaldía de Cartagena ordenó la suspensión temporal de actividades en el gastrobar La Chula y en otro local del Centro Histórico, tras hallar presuntos incumplimientos en un operativo interinstitucional.

El cierre es una medida preventiva para salvaguardar la seguridad de quienes frecuentan estos espacios, según comunicó el Distrito.

La acción forma parte de la estrategia de inspección, vigilancia y control que involucra a entidades como el Cuerpo Oficial de Bomberos, Control Urbano, Espacio Público, el EPA Cartagena, el DADIS, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y otras dependencias municipales.

Las autoridades de Cartagena buscan con estos operativos “fortalecer el orden, la seguridad y la sana convivencia en la ciudad, además de verificar que los establecimientos comerciales cumplan con las normas para su funcionamiento”, según informó la administración.

El alcalde Dumek Turbay fue enfático: “En Cartagena la diversión tiene que ir siempre de la mano con la legalidad y la seguridad. No vamos a permitir que un establecimiento abra sus puertas si representa un riesgo para las personas o incumple las normas. Nuestra obligación es proteger la vida de cartageneros y visitantes”.

Además, Turbay destacó la importancia de proteger a los menores: “Con los menores de edad no habrá contemplaciones. La ley es clara y la vamos a hacer cumplir. Ningún establecimiento puede permitir su ingreso ni poner en riesgo su bienestar”.

Responsabilidad de los propietarios y continuidad de los controles

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Daniel Vargas, explicó: “Estamos enviando un mensaje muy claro: la primera responsabilidad de garantizar la convivencia, el orden y la seguridad recae sobre el propietario o administrador del establecimiento. Quienes cumplan la norma podrán trabajar con tranquilidad, pero quienes insistan en incumplirla se enfrentarán a las medidas que contempla la ley”.

Así, la administración local refuerza el mensaje de corresponsabilidad: los empresarios deben cumplir la reglamentación para evitar sanciones y contribuir a un ambiente seguro.

Los operativos de inspección, vigilancia y control continuarán en distintos sectores de Cartagena. La finalidad es asegurar el cumplimiento de la normativa, proteger a residentes y visitantes y fortalecer la seguridad y la convivencia en la ciudad.

La política de suspender establecimientos que incumplan la ley refleja el compromiso de la Alcaldía con la seguridad ciudadana y la exigencia de legalidad en el sector nocturno. La continuidad de estos controles será clave para mantener la confianza de la población y garantizar espacios seguros para todos.

Reconocido restaurante en Cartagena fue intervenido por ofrecer en su menú carne de especies protegidas: ponche, conejo, armadillo y ñeque

La Guardia Ambiental junto con EPA Cartagena y la Policía Ambiental y de Carabineros decomisaron carne de animales silvestres en un restaurante del barrio Escallón Villa. La intervención se produjo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la venta ilegal de estos productos en el establecimiento.

Durante la inspección, las autoridades encontraron carne de especies protegidas, entre ellas ponche, conejo, armadillo y ñeque, ya preparada para su venta y consumo humano. Los agentes también detectaron la promoción de estos productos en la cartelera exterior del local, lo que sirvió como evidencia adicional de la infracción.

La carne decomisada fue trasladada al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cartagena, donde quedó bajo custodia del organismo ambiental. Allí comenzará el proceso sancionatorio que establece la legislación colombiana para estos casos.

La venta y consumo de carne de fauna silvestre vulnera las normas ambientales del país. Las autoridades subrayan que tanto la caza como la tenencia y comercialización de especies protegidas se consideran delitos y pueden acarrear sanciones legales.

El procedimiento se inició en respuesta a una denuncia ciudadana, mostrando la relevancia de la participación social en la defensa del entorno natural. Según las entidades involucradas, la colaboración de la comunidad resulta esencial para detectar y frenar este tipo de actividades ilícitas.