Director de la UNP le salió al paso a la polémica por la aprobación ‘exprés’ del esquema de seguridad de Beto Coral, deportado desde EE. UU.

La controversia por lo que sería la asignación ‘exprés’ de un esquema de seguridad a activista político e influenciador Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, y que fue deportado en la noche del jueves 16 de julio desde los Estados Unidos, llevó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, a pronunciarse sobre este suceso; que puso en la mira la labor de la entidad.

Según confirmó Rodríguez a Caracol Radio, la unidad sí inició el análisis de la situación de Coral tras su regreso al país, aunque evitó confirmar o negar la entrega del esquema. Lo anterior, al indicar que revelar esos detalles pondría en riesgo a este personaje: que había sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del país norteamericano, el 16 de junio en Arizona.

Tras conocerse la decisión de la UNP, que fue confirmada por fuentes consultadas por Infobae Colombia, la ola de críticas contra la entidad provinieron desde diferentes sectores políticos y sindicales. Rolando González, concejal de Bogotá, denunció el caso como un “escándalo” y replicó los documentos oficiales que muestran que el esquema asignado a Coral comprende un vehículo blindado, dos escoltas y un chaleco balístico.

En ese sentido, el cabildante distrital cuestionó la rapidez del proceso para un ciudadano que, según sus declaraciones, llevaba más de 10 años fuera de Colombia. “Mientras tanto, Miguel Uribe Turbay, entonces candidato de la oposición, solicitó en 20 ocasiones el fortalecimiento de su seguridad y fue ignorado por la UNP", afirmó González, en mención a lo sucedido con el asesinado exsenador del Centro Democrático.

Sindicato de la UNP expresó su indignación frente a la decisión ‘exprés’ de asignar esquema a Coral

Analtraseg, sindicato de trabajadores de la UNP, también expresó su preocupación y denunció que la solicitud fue avalada sin cumplir los lineamientos internos y que el trámite se habría realizado por “carácter urgente” mediante una directriz de la alta dirección. “La única manera de haberle asignado protección es a través de un trámite de emergencia ejercido por la dirección de la UNP”, remarcó su vocero.

Y agregó que el caso de Coral, “no tiene estudio de seguridad o un análisis del riesgo realizado, porque sería imposible en tiempo récord habérselo hecho". Según pudo conocer esta redacción, el mencionado esquema solo fue tramitado en dos días, un plazo significativamente menor al estándar de la entidad, que suele extenderse entre tres meses y un año para brindar seguridad a los que piden que se proteja su vida.

Es válido destacar que el regreso de Beto Coral a Colombia, tras su deportación desde Estados Unidos, se produjo en medio de una fuerte discusión. Coral, conocido por su defensa al Gobierno de Gustavo Petro y sus duros señalamientos a figuras como Donald Trump y Abelardo de la Espriella, había solicitado asilo político en EE. UU. en 2015, en un proceso que, tras su detención, abandonó de forma voluntaria tras 11 años.

“Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos”, dijo en principio el activista. “No puedo referirme a los detalles de mi detención, puesto que en estos momentos lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país”, agregó este personaje, que, sin embargo, había denunciado malos tratos por parte de autoridades norteamericanas en su detención.

En medio de esta polémica, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, intervenir y revisar el uso de recursos públicos en la asignación de esquemas de protección. De esta manera, el sindicato cuestionó el criterio aplicado, y sugirió que la decisión pudo responder a factores políticos más que a una evaluación objetiva del riesgo del peligro que podría correr Coral.

Desde los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos sostuvo en su momento que el activista permaneció en ese país tras el vencimiento de su visado y lo catalogó como “extranjero ilegal”; motivo por el cual tomó la decisión de detenerlo, el primer paso hacia su deportación, que terminó configurándose tras la decisión de renunciar a la posibilidad de defender en juicio su estancia.