Ricardo Roa dijo este 17 de julio que es inocente, que comparecerá ante la justicia y que no saldrá de Colombia, en medio de dos procesos penales que presionan a Ecopetrol y mantienen abierta la incógnita sobre su regreso a la presidencia de la petrolera estatal.
El expediente más avanzado es el de la presunta violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según la Fiscalía General de la Nación, Roa habría permitido que los gastos electorales superaran los límites fijados por la autoridad electoral en $1.388 millones para la primera vuelta y $276 millones para la segunda.
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En declaraciones a Noticias RCN, el presidente de Ecopetrol sostuvo que ya había fijado su posición en la audiencia de imputación. “Yo ya me declaré inocente, me declaré inocente en la audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía en los dos casos por los cuales estoy”, dijo.
Roa también rechazó cualquier versión sobre una eventual salida del país. Explicó al medio que estaba en un aeropuerto para hacer un viaje nacional y afirmó que permanecerá en territorio colombiano mientras avanzan los dos procesos en su contra, afirmando que ha comparecido ante las autoridades cuando estas lo han requerido: ”Siempre lo he hecho y siempre lo voy a seguir haciendo".
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El directivo enfrenta dos investigaciones de origen distinto. La primera se refiere a presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, de la que fue gerente en 2022; la segunda, a un presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento de lujo en Bogotá.
El hecho más reciente en el primer frente fue la imputación de cargos por parte de la Fiscalía por la presunta violación de topes electorales. La audiencia se realizó el 9 de mayo y, dos días después, la decisión fue anunciada formalmente.
De acuerdo con la entidad, Roa Barragán fue imputado en calidad de exgerente y administrador de los recursos de la campaña “Petro Presidente 2022”. La Fiscalía señaló que los informes entregados en la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral no reflejarían la totalidad del dinero usado durante la contienda.
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La entidad sostuvo que, durante la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se detectó un presunto cruce irregular en los reportes de gastos entre la primera y la segunda vuelta.
En esa revisión aparecieron desembolsos asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato.
El Consejo Nacional Electoral adelantó primero una investigación administrativa sobre la campaña y concluyó que existían presuntas irregularidades en la financiación. Esa decisión fue remitida después a la Fiscalía para que evaluara eventuales responsabilidades penales.
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La otra investigación se concentra en un presunto tráfico de influencias derivado de la compra de un apartamento de lujo en Bogotá. Las autoridades buscan establecer si hubo actuaciones irregulares en esa operación inmobiliaria, en la que participó un empresario del sector de hidrocarburos y que abrió cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses por la posición que Roa ocupó después al frente de Ecopetrol.
Estos procesos aumentaron la presión sobre la empresa estatal. Desde finales de 2025, analistas de gobierno corporativo advirtieron que las investigaciones judiciales y administrativas podían afectar la reputación de la compañía por involucrar a su principal directivo.
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Según conoció Portafolio, la junta directiva definió que el actual presidente en licencia no remunerada presentará un informe de gestión el 29 de julio, antes del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto. La participación será puntual y buscará entregar formalmente el saldo de su gestión para evitar traumatismos en el relevo administrativo.
Roa permanece en licencia no remunerada desde el 27 de junio, después de terminar un periodo de incapacidad médica y las vacaciones que tenía pendientes. Esa situación permitió que Juan Carlos Hurtado Parra continuara como presidente encargado.
Fuentes consultadas por la publicación señalaron que Hurtado seguiría en el cargo solo durante las primeras semanas del nuevo Gobierno. Después, el Ministerio de Hacienda, como accionista mayoritario de la petrolera, convocaría una asamblea extraordinaria de accionistas para renovar parte de la junta directiva.
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Las mismas fuentes indicaron que los cambios no incluirían inicialmente al representante de los trabajadores, César Loza, porque su eventual reemplazo exige un proceso electoral de aproximadamente 40 días.
Tampoco habría modificaciones inmediatas en la representación de los fondos de pensiones ni de las regiones productoras, cargos que suelen revisarse en la Asamblea General de Accionistas de marzo.
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