Megaprima de congresistas: Pablo Bustos ve “indignante” suspensión de eliminación del pago

La suspensión provisional del decreto que eliminaba la prima de servicios especiales para congresistas reabrió el debate por los ingresos de los parlamentarios y por los tiempos de la justicia frente a este tipo de beneficios. El abogado y veedor Pablo Bustos calificó la decisión como un hecho “indignante” para la democracia.

La medida fue adoptada por el Consejo de Estado, que dejó suspendido de manera temporal el decreto del gobierno de Gustavo Petro con el que se buscaba eliminar una prima de 18 millones de pesos. Con la decisión, los congresistas mantienen un salario neto superior a los 32 millones de pesos, mientras se resuelve de fondo la discusión jurídica.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Bustos ha liderado durante más de una década una batalla legal contra estos beneficios. Por eso cuestionó la rapidez con la que, según él, actuó el alto tribunal para mantener vigente el pago que el Gobierno buscaba retirar.

“Lo que sí resulta paradójico es que, mientras que nuestra demanda de hace 13 años no ha sido fallada, ahora sí, en un procedimiento exprés, se mantienen esos beneficios”, denunció Bustos.

Bustos cuestiona rapidez del Consejo de Estado

El veedor aseguró que la decisión deja en evidencia un trato desigual frente a procesos que llevan años sin resolverse. Su crítica apunta a que la demanda que presentó hace 13 años contra este tipo de beneficios sigue sin fallo, mientras que la suspensión del decreto avanzó con celeridad.

“Es un momento indignante para la democracia”, afirmó Bustos en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

El abogado calificó la situación como un régimen de privilegios inmerecidos. También recordó que la prima fue creada en 2013 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y sostuvo que, a su juicio, tuvo una intención política.

“Ese beneficio que se otorgó, en últimas era para comprar el Congreso de turno y, hacia futuro, congraciarse con la clase política”, afirmó.

Para Bustos, el problema no se limita al monto recibido por los congresistas. También involucra el impacto que esas asignaciones pueden tener sobre otros sectores del Estado, especialmente por el llamado efecto cascada que relaciona los ingresos de los parlamentarios con los de altos funcionarios de la rama judicial y organismos de control.

Advierte posible conflicto de intereses

Uno de los puntos más duros de su crítica fue dirigido a la rama judicial. Bustos sostuvo que existe un conflicto de intereses porque las decisiones sobre los ingresos de congresistas pueden terminar afectando también los beneficios de las altas esferas judiciales.

“De última, la rama, como un todo, actúa como juez y parte porque está hablando de sus propios beneficios e ingresos económicos a las más altas esferas”, señaló el veedor.

El abogado añadió que esos ingresos ya son “desmesuradamente privilegiados” y cuestionó que se invoque la igualdad salarial para proteger pagos que, según su postura, favorecen a los sectores más poderosos del Estado.

Bustos también estimó que, durante los últimos 13 años, esta prima ha representado un costo superior a un billón de pesos para el erario público. A su juicio, ese gasto contradice las normas de austeridad y profundiza la distancia entre la ciudadanía y quienes ocupan cargos de representación.

“Ya con ello, indudablemente, lo que se institucionaliza es que este no se convirtió en un espacio de servicio público, sino un espacio al servicio personal a expensas de lo público”, concluyó.

Aunque la decisión del Consejo de Estado es una medida cautelar y todavía falta una sentencia definitiva, Bustos se mostró pesimista frente a los tiempos judiciales. Si su proceso original lleva 13 años sin decisión, advirtió que este nuevo debate podría prolongar la vigencia del beneficio por mucho más tiempo.