La Contraloría General de la República alerta rezagos en tierras a 10 años del Acuerdo de Paz

A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría lanzó una alerta por los retrasos en la entrega y formalización de tierras, así como por el uso de recursos destinados a la implementación. El balance fue expuesto durante un Congreso Internacional que revisó los avances, deudas y riesgos que enfrenta el proceso en Colombia.

La discusión comenzó con una cifra que dimensiona el impacto de la violencia en el país: si se hiciera un minuto de silencio por cada víctima, Colombia tendría que permanecer callada durante más de 19 años. El registro oficial ya llega a 10.370.000 víctimas, un dato que marcó el tono del encuentro.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el balance muestra avances en algunos frentes. En los municipios PDET, la pobreza multidimensional bajó del 39,8 % en 2018 al 24,4 % en 2024, una reducción asociada a 21.861 iniciativas locales impulsadas por más de 200.000 ciudadanos.

También se destacaron progresos normativos y sociales, como el Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto especial de protección, y el Acto Legislativo 01 de 2025, que declaró la alimentación como un derecho humano.

Avances en conectividad y justicia transicional

Uno de los puntos positivos del balance está en conectividad rural. Según las cifras presentadas, el 100 % de las cabeceras PDET cuenta con redes de alta velocidad. Además, el acceso a internet en hogares rurales pasó del 41 % al 56 % en un año, mientras que se instalaron centros digitales en 14.000 escuelas rurales.

En justicia transicional, el Congreso resaltó que la JEP dictó sus primeras sanciones y emitió el primer fallo por secuestro contra el antiguo secretariado de las Farc. También se reconoció a más de 4.000 desaparecidos, un avance considerado clave dentro del componente de verdad, justicia y reparación.

El balance incluyó otros desarrollos institucionales, como el Estatuto de la Oposición, las 16 circunscripciones de paz y la permanencia de más del 85 % de los 12.000 firmantes desmovilizados dentro del proceso.

Sin embargo, el informe también dejó claro que los avances no alcanzan para cubrir las deudas estructurales con las comunidades rurales. La Contraloría puso el foco en la Reforma Rural Integral, uno de los pilares centrales del Acuerdo y uno de los componentes con mayores retrasos.

Fondo de Tierras, el principal rezago

De los 7 millones de hectáreas que deben formalizarse, se han logrado 3,25 millones, equivalentes al 46 %. Pero el dato más crítico está en el Fondo de Tierras: de las 3 millones de hectáreas prometidas para entregar, solo se han adjudicado 107.099 hectáreas.

Según la alerta del ente de control, al ritmo actual el Estado tardaría 47 años en cumplir esa meta. La situación se agrava porque, entre 2023 y 2025, se entregaron 282.900 hectáreas pese a contar con recursos superiores a 8,2 billones de pesos, pero el 56,5 % no ha sido registrado en oficinas de instrumentos públicos.

Esa falta de registro deja a los campesinos en inseguridad jurídica. Además, el apoyo productivo sigue siendo mínimo: solo el 2 % de los beneficiarios recibe asistencia técnica, menos del 1 % cuenta con proyectos productivos PIDAR y apenas el 6,11 % accede a créditos y seguros agropecuarios.

La Contraloría también cuestionó el gasto del OCAD Paz, una bolsa de 14,05 billones de pesos distribuida en 1.464 proyectos. Según el balance, el 91 % de los recursos se concentró en cuatro sectores tradicionales: transporte, vivienda, agricultura y minas y energía.

El sector transporte recibió 6,45 billones de pesos en 593 proyectos, más del 40 % del total. Para el ente de control, se estaría usando el nombre de la “paz” para financiar obras públicas comunes, mientras quedan rezagadas prioridades como salud rural, educación y reactivación productiva.