
Las madres de los 38 soldados muertos en la masacre de Gutiérrez, en Cundinamarca, entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un testimonio que, según ellas, puede aportar al esclarecimiento de lo ocurrido durante la incursión guerrillera del 8 de julio de 1999.
El nuevo material fue presentado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Se trata de un video con la declaración de una exintegrante de las extintas Farc-EP que habría participado en el ataque contra la base militar, un hecho atribuido al Bloque Oriental, entonces comandado por Henry Castellanos Garzón, alias Romaña.
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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, las familias conservaron el testimonio durante más de 25 años. En el relato, la excombatiente sostiene que la instrucción recibida no era capturar a los militares ni limitarse al combate, sino acabar con sus vidas.
“La orden de Romaña era matarlos porque no se podían llevar prisioneros”, aseguró la exintegrante de las Farc-EP en el testimonio entregado a la JEP. Según su versión, la decisión habría estado relacionada con razones de seguridad para el grupo armado y con las dificultades de desplazamiento hacia zona de páramo.

Familias piden que la JEP incorpore el testimonio
El material entregado por las madres busca reforzar la solicitud de verdad sobre uno de los episodios más graves del conflicto armado en Cundinamarca. La masacre dejó 38 militares muertos, la mayoría jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio.
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El ataque fue ejecutado por cerca de 500 integrantes de las Farc-EP contra una base defendida por menos de 60 soldados. Para las familias, esas condiciones muestran la desproporción de la incursión y la necesidad de que la JEP profundice en las responsabilidades de quienes ordenaron y participaron en la acción.
En el testimonio, la exguerrillera también respondió a una pregunta sobre la forma en que fueron encontrados varios de los cuerpos. Su declaración apunta a que, después de quedar rodeados, algunos soldados habrían sido ejecutados por orden de la guerrilla.
Aunque el Consejo de Estado condenó en 2014 al Estado colombiano por fallas en la planeación militar que dejaron en riesgo a los uniformados, las familias sostienen que la verdad judicial sigue incompleta. Por eso esperan que la Jurisdicción Especial para la Paz valore el nuevo material dentro de las actuaciones relacionadas con el caso.
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La petición de las madres no se limita a una revisión histórica. También busca que se reconozca el dolor de los familiares y que las antiguas estructuras de mando de las Farc respondan por lo ocurrido ante el sistema de justicia transicional.
Madres adelantan acreditación como víctimas
Leonor Trujillo, madre del soldado Jorge Enrique Trujillo, pidió que la JEP asuma el caso con mayor profundidad. Según dijo, existen documentos y testigos que permitirían comprobar lo ocurrido durante la incursión armada.
“Eso fue un crimen muy atroz”, afirmó Trujillo, al referirse a los expedientes que ha conocido sobre la masacre. La madre del soldado aseguró que las familias esperan una respuesta efectiva de la justicia transicional y que el caso no quede reducido a una cifra dentro del conflicto.
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Las madres y los sobrevivientes también adelantan su proceso de acreditación como víctimas ante la JEP. Ese paso les permitiría participar en las actuaciones judiciales, presentar observaciones, aportar pruebas y exigir verdad sobre las decisiones que llevaron al ataque.
Para las familias, el testimonio de la excombatiente es importante porque apunta directamente a las órdenes impartidas durante la operación guerrillera. Su expectativa es que la Sala de Reconocimiento analice la declaración y determine si puede contribuir a establecer responsabilidades dentro del antiguo Bloque Oriental.
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