La Justicia de Perú condenó a cuatro integrantes de una red que acopiaba armas y municiones sustraídas del Ejército Peruano para venderlas en Ecuador, en una causa por lavado de activos que, según el Ministerio Público, tenía como destino final el abastecimiento de las disidencias de las Farc.
Las penas van de seis años, 10 meses y nueve días de prisión efectiva a nueve años, según informó el Ministerio Público peruano.
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El caso se inscribe en una secuencia más amplia de investigaciones sobre tráfico de armas en la frontera norte peruana. En noviembre pasado, la Fiscalía abrió otra pesquisa tras la incautación de 3.000 balas en Aguas Verdes, en la frontera con Ecuador, cuando eran enviadas como encomienda en la bodega de un autobús con destino a ese país.
De acuerdo con el Ministerio Público, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal provincial Pablo Espinoza, obtuvo la condena de María Ruiz a nueve años de cárcel. Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero recibieron seis años, 10 meses y nueve días de prisión cada uno.
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Así mismo, la acusación fiscal sostuvo que los activos ilícitos provenían de actividades vinculadas al tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, además de la asociación para delinquir. El organismo agregó que los sentenciados integraron una red clandestina dedicada al acopio de material bélico retirado ilegalmente de instalaciones militares peruanas para su comercialización en Ecuador.
Ese material, siempre según la versión de la Fiscalía de Perú, tenía como destino posterior abastecer a las Farc. Del mismo modo, fuentes del organismo señalaron que la red habría operado mediante corredores clandestinos entre Perú, Ecuador y la frontera norte con Colombia.
Las autoridades también indicaron que el objetivo de la banda era abastecer con armas, municiones y explosivos a estructuras criminales vinculadas a Los Lobos en Ecuador y a grupos armados irregulares en Colombia, entre ellos disidencias de las Farc.
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Policía de Ecuador detuvo a 24 personas que presuntamente pertenecían a red que traficaba armas para las disidencias de las Farc y ‘Los Lobos’
En mayo de 2026, la Policía de Ecuador detuvo a 24 personas y realizó 40 allanamientos en siete provincias en el desarrollo de una operación contra una red de tráfico de armas.
Las autoridades señalaron que la organización abastecía a disidencias de las extintas Farc en Colombia y a estructuras vinculadas a ‘Los Lobos’ en Ecuador, evidenciando vínculos entre economías criminales de ambos países.
La investigación, que duró 11 meses, ya había permitido capturar a 15 personas entre agosto de 2025 y enero de 2026, incluyendo ciudadanos ecuatorianos y peruanos.
Ese seguimiento permitió identificar rutas y reconstruir el traslado de armas, municiones y explosivos por el territorio ecuatoriano. El operativo se llevó a cabo con la participación de 400 policías y 76 fiscales, e incluyó intervenciones en Perú, país que colaboró activamente.
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El ministro del Interior, John Reimberg, describió el operativo como un golpe a mafias transnacionales y explicó que la organización utilizaba corredores fronterizos en el norte y el sur de Ecuador para mover el material ilegal.
Entre los detenidos figuran presuntos integrantes del grupo liderado por Freire Hernández Hower René, señalado como coordinador desde Loja. Parte de los arrestados ya tenía antecedentes por tráfico de armas y, en algunos casos, habían recuperado la libertad bajo medidas judiciales.
El Ministerio del Interior ecuatoriano informó que Perú colaboró en la investigación y en los operativos realizados en su territorio, mientras que Colombia no respondió a las solicitudes de cooperación.
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Según las autoridades, la red utilizaba la frontera sur con Perú para el tráfico de armas y municiones, con rutas que se conectaban con el norte del continente. La operación expuso la persistencia de redes de tráfico de armas que aprovechan la porosidad de las fronteras andinas y la articulación de organizaciones criminales en Ecuador, Perú y Colombia.
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