La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por concusión y prevaricato por acción, en un proceso en el que permanece con medida de aseguramiento preventiva tras ser capturado el 7 de mayo de 2026. Mientras, avanza una investigación que lo señala de presuntamente exigir dinero a una empresaria a cambio de facilitar trámites y de presionar decisiones administrativas sobre una licencia de construcción.
La inculpación se conoció el viernes 17 de julio de 2026 e incluye también a Juan Camilo Sánchez Torres, señalado por el delito de concusión. De acuerdo con el comunicado del ente acusador, el contratista habría recibido cerca de $48.000.000 durante 11 meses de servicios.
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Las investigaciones determinaron que el 8 de junio de 2025 Gamboa presuntamente exigió a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Sánchez Torres para asesorarla en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos. La Fiscalía sostuvo que, después de eso, el alcalde habría pedido elevar los honorarios inicialmente previstos para ese servicio.
Cabe recordar que el caso gira en torno a una supuesta exigencia posterior de $112.000.000. Conforme a la investigación, el 4 de marzo de 2026 el alcalde le habría solicitado esa suma a la empresaria mediante mensajes de voz, equivalente al 20% del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción.
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La acusación incluye una presunta presión sobre la licencia de construcción
La Fiscalía afirmó que, aunque luego retiró esa exigencia, dos días después Gamboa expidió una resolución sin considerar un posible conflicto de intereses. Para el organismo, esa decisión habría sido una retaliación y una manera de presión ante la negativa inicial de la empresaria de acceder a las pretensiones económicas que le atribuía la investigación.
Como consecuencia de esa actuación, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción, según el expediente citado por la entidad. El ente acusador también indicó que el Inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a $232.000.000.
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Gamboa fue capturado el jueves 7 de mayo de 2026 en la plaza principal del municipio boyacense cuando se disponía a ingresar al edificio de la alcaldía. Miembros del CTI de la Fiscalía lo trasladaron a Bogotá para las audiencias del caso.
Es preciso anotar que el alcalde llegó al cargo por la coalición Amor por Villa de Leyva, integrada por el Partido Liberal, Partido Alianza Social Independiente (ASI) y el Partido Conservador, en las elecciones territoriales de 2023. En esos comicios obtuvo 5.003 votos, más del 50% del total de sufragios.
El alcalde ya había sido imputado en enero por otro caso de presunta corrupción
Al proceso legal contra Gamboa se suma una imputación formulada el 20 de enero de 2026 por otros hechos de presunta corrupción. En esa actuación, la Fiscalía General de la Nación le atribuyó al mandatario local, como presunto coautor, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.
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Según la entidad, Gamboa habría incurrido en esas conductas tras suscribir un contrato de prestación de servicios con Javier Alexánder Múnevar González para desempeñarse como supervisor de maquinaria amarilla del ente territorial. El material probatorio muestra que la firma cuestionada se realizó el 6 de febrero de 2024 pese a los vínculos familiares entre el contratista y la secretaria de Desarrollo Social, Ángela Johana Múnevar González, porque son hermanos.
La investigación también sostiene que en ese proceso de contratación no se respetaron los principios de planeación y selección objetiva. El organismo investigador agregó que los estudios previos habrían sido elaborados a partir de la propuesta presentada por el contratista, que la administración habría conocido dos días antes.
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Frente a los cargos que le fueron atribuidos en enero, Víctor Gamboa negó su responsabilidad en los delitos por los que fue acusado.
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