Judicializan a presunto responsable de coordinar viaje de lancha que desapareció con 42 migrantes entre San Andrés y Nicaragua

La Fiscalía le imputó el delito de tráfico agravado de migrantes a Borghi Kure Gaviria, señalado de administrar la embarcación en la que viajaban 42 personas que desaparecieron el 21 de octubre de 2023.

Un juez ordenó enviarlo a prisión mientras avanza la investigación sobre uno de los casos más graves de migración irregular ocurridos en el Caribe colombiano.

La investigación de la embarcación tuvo un nuevo avance judicial luego de que la Fiscalía General de la Nación informara que fue judicializado el señalado como presunto administrador de esa lancha en la que viajaban decenas de personas y cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de tráfico de migrantes agravado, al considerar que habría desempeñado un papel determinante en la organización del viaje ilegal que terminó con la desaparición de las personas que iban a bordo del transporte marítimo.

De acuerdo con los elementos recopilados por el ente investigador, ese día tres lanchas zarparon desde un muelle particular de San Andrés con migrantes que pretendían llegar de manera irregular a Centroamérica. Mientras dos de las embarcaciones lograron arribar a su destino, la tercera desapareció en altamar y desde entonces no se volvió a conocer información sobre sus ocupantes.

Las hipótesis preliminares indican que la embarcación habría desaparecido como consecuencia de las difíciles condiciones climáticas que se registraban en la zona durante la travesía. Sin embargo, las investigaciones continúan para establecer con precisión qué ocurrió.

A bordo de la lancha viajaban 42 personas, entre tripulantes y pasajeros de nacionalidades colombiana, venezolana y china. Entre ellos había una mujer en estado de gestación, 12 menores de edad y un bebé de apenas tres meses, lo que convirtió el caso en uno de los episodios más dramáticos relacionados con las redes de tráfico de migrantes en el Caribe.

Las investigaciones también permitieron establecer que la embarcación utilizada para el recorrido no estaba habilitada para realizar ese tipo de trayectos. Según la Fiscalía, se trataba de una lancha destinada exclusivamente a actividades de pesca artesanal, con capacidad autorizada para transportar únicamente 15 personas.

Además, el bote no contaba con autorización de la Capitanía de Puerto para navegar en mar abierto ni para movilizar pasajeros, circunstancias que habrían incrementado significativamente el riesgo para quienes emprendieron el viaje.

Los investigadores sostienen que Borghi Kure Gaviria haría parte de una estructura dedicada a facilitar el tránsito irregular de extranjeros hacia Centroamérica utilizando la isla de San Andrés como punto de salida.

De acuerdo con el expediente, presuntamente coordinaba el ingreso irregular de extranjeros al archipiélago, gestionaba hospedajes temporales para los migrantes y organizaba posteriormente su traslado marítimo hacia territorio nicaragüense.

Asimismo, las autoridades le atribuyen funciones relacionadas con la planeación de los viajes, entre ellas la definición de los horarios de salida de las embarcaciones, el cobro efectuado a cada migrante y el número de personas que serían embarcadas en cada recorrido, pese a las restricciones de capacidad de las lanchas utilizadas.

La captura de Kure Gaviria se produjo el 14 de julio de 2026 en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), luego de que fuera deportado desde Panamá.

Las autoridades consideran que el procesado habría abandonado Colombia poco después de la desaparición de la embarcación y permanecía en ese país mientras avanzaban las investigaciones por estos hechos.

Tras su presentación ante un juez de control de garantías, la Fiscalía formuló oficialmente la imputación por tráfico de migrantes agravado. Aunque en el comunicado presentado por la entidad no indica que el procesado hubiera aceptado los cargos, el juez decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.